Cárcel para alias El Gordo, jefe financiero de Los Pachenca; se dedicaba a la venta e invasión de lotes para luego cobrar extorsiones

Tras analizar la evidencia probatoria presentada por el fiscal especializado del caso, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Esneider de Jesús Fontalvo Pimienta, alias El Gordo, quien estaría implicado en extorsiones realizadas en el departamento de Magdalena.

De acuerdo con las pesquisas, el procesado tendría el rol de jefe financiero de la organización delincuencial Los Pachenca, también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La Fiscalía determinó que alias El Gordo, al parecer, se dedicaba a la venta e invasión de lotes para, posteriormente, realizar el cobro de extorsiones.

Alias El Gordo habría exigido a las víctimas montos de más de 50 millones de pesos y varias hectáreas en sectores de Gaira, en Santa Marta. Las víctimas eran contactadas a sus celulares por el procesado, quien en nombre del citado grupo al margen de la ley amenazaba sus víctimas con asesinarlas. La misma suerte podrían correr sus familiares.

El investigado fue capturado gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía General y el Gaula de la Policía Nacional. Además, el ente acusador le imputó los delitos concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada consumada.

Disputa entre Los Pachenca y el Clan del Golfo

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 025-2023, debido al preocupante aumento de homicidios selectivos y colectivos, amenazas y extorsiones que están afectando a las comunidades de Riohacha y Dibulla, en el departamento de La Guajira.

Estas acciones violentas, de acuerdo con la entidad, están relacionadas principalmente con la disputa por el control territorial entre dos grupos armados: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo). El Clan del Golfo busca ingresar al territorio que ha sido dominado por las ACSN durante años, con el objetivo de controlar actividades ilícitas como el narcotráfico, rutas ilegales y otras formas de financiamiento ilícito.

Los enfrentamientos armados se concentran en la capital del departamento, el municipio de Dibulla y la Troncal Caribe, que conecta estas dos localidades.

Según los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo, desde el 14 de febrero de este año se han registrado 17 asesinatos en Riohacha y Dibulla, la mayoría de ellos cometidos por sicarios. Las víctimas son en su mayoría jóvenes, que en algunos casos “fueron señalados de ser informantes del bando opositor. A este número se suman tres masacres, en las que fueron encontrados diez cuerpos”.

“En la Alerta Temprana de Inminencia también revelamos que existen extorsiones a docentes, a quienes les exigen el pago de un porcentaje para permitirles continuar con sus labores. También se evidencian cobros de dinero por la venta de inmuebles, extorsiones a finqueros, ganaderos, comerciantes, hoteleros o empresarios del sector turístico”, explicó el defensor del Pueblo.

En algunos corregimientos de Dibulla, según la Defensoría, los grupos armados ilegales han citado a líderes sociales y defensores de derechos humanos para imponerles “normas de conducta” y exigirles el “pago de impuestos” a cambio de supuesta protección.

La Defensoría del Pueblo también ha constatado que los grupos armados ilegales generan terror no solo por la forma en que cometen los homicidios, a menudo con brutalidad, sino también mediante amenazas, como la distribución de panfletos en los que advierten sobre las consecuencias de apoyar al grupo contrario.

“Es oportuno que el presidente Gustavo Petro esté en La Guajira atendiendo las necesidades de la comunidad. También es oportuno el llamado que hacemos desde la Defensoría del Pueblo: en las agendas del Gobierno Nacional y de las autoridades locales deben ser atendidos los riesgos contra la población civil que hemos evidenciado en la Alerta Temprana de Inminencia y atendidas las 21 recomendaciones formuladas”, señaló el defensor Camargo Assis.

Ante la alarmante situación, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades a tomar acciones preventivas para mitigar los riesgos, garantizar y proteger los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La Alerta Temprana tiene un carácter eminentemente preventivo y busca prevenir mayores violaciones a los derechos de la población afectada.