Cárcel para el terror de la estafa en Tolima y Meta: se habría apoderado de $ 1.300 millones

La Fiscalía General anunció que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía del Tolima capturaron en el municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, a un abogado penalista señalado por el delito de estafa agravada, en concurso homogéneo con 21 hechos delictivos.

“La investigación en contra de Diego Felipe Cubillos Arango, de 39 años, que adelanta un despacho de la Unidad de Estafas, es por presuntamente estar involucrado en una estafa que supera los 1.300 millones de pesos, de lo cual fueron víctimas un total de 72 personas, 64 del Tolima y el resto del Meta”, señaló la Fiscalía.

Además, el ente acusador indicó tener documentado que los hechos se presentaron entre los años 2018 a 2021, cuando el procesado obtuvo de manera ilícita dinero de propiedad de varios ciudadanos, a quienes mantuvo en engaño, haciéndoles invertir supuestamente en la compra de títulos judiciales a los que les aseguraba él accedía por un bajo costo.

“El procesado, al parecer, les indicaba que tenía amigos como secretarios y jueces a quienes había que darles un porcentaje del valor del título para que salieran rápido y así obtener ganancias que oscilaban entre el 30 y el 40 % del dinero invertido. Sin embargo, estos títulos judiciales nunca existieron, y el 28 de octubre del año 2021 las víctimas perdieron contacto con él, según lo denunciado”, agregó la Fiscalía.

Los casos que involucran a Diego Felipe Cubillos Arango

Entre las investigaciones adelantadas por los servidores del CTI adscritos al Grupo de Estafa de la Fiscalía en el Tolima, se estableció que, dentro de los 21 eventos de estafa agravada, hay 41 víctimas de estafa en masa.

El ente investigador indicó que se trata de personas que habrían depositado su confianza en el abogado, haciéndoles creer que tenía amigos en bancos e influencias en juzgados para acceder de manera fácil a los mencionados títulos, y así conseguir buenas ganancias.

“Uno de los casos tiene origen el 8 de septiembre del año 2020 en Ibagué, donde Cubillos Arango obtuvo presuntamente la suma de $ 257.150.000 de manera ilícita, engañando a una persona con la compra de los títulos judiciales que supuestamente le vendería un juez amigo. Para recaudar el dinero, la víctima inicial invitó a amigos, conocidos y familiares a que hicieran la inversión, sumando un total de 20 personas para este fin”, destacó esa entidad.

Según lo indicado por el presunto estafador al ciudadano incauto, las ganancias por la compra de estos oscilaban entre el 30 y el 40 % de lo invertido. Durante un año le dio pocas sumas de dinero de las supuestas ganancias, pero advertía que con ese dinero había que comprar más. Es decir, no devolvió las ganancias porque supuestamente fueron reinvertidas.

“Antes de perder el contacto con él, le manifestó que había un título por 800.000.000 de pesos, diciéndole que era la ‘Navidad adelantada’, y entonces acumularon todas las supuestas ganancias para comprarlo. Fue así como el 28 de octubre del año 2021 quedó de pagarle 855.000.000 de pesos en ganancias más el capital, pero desapareció”, agregó la Fiscalía.

En el otro caso, según la Fiscalía, se vieron afectadas 21 personas. Relata el ente acusador que el hecho ocurrió en julio del año 2020, también en la capital tolimense, donde el hoy procesado se quedó con la suma de 432.000.000 de pesos, adquirida mediante engaños.

Aseguran que, al igual que el hecho anterior, un ciudadano fue instrumentalizado para inducir en error a otras 20 personas y formar parte del negocio que parecía rentable y seguro.

“Para generar confianza en la víctima, le hizo firmar inicialmente cuatro letras de cambio por un valor total de 399.210.000 pesos. El 29 de octubre del año pasado perdió contacto con él, fecha en la que supuestamente le había prometido entregarle todo el dinero ganado más lo invertido”, señaló el ente investigador.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a Diego Felipe Cubillos Arango, quien supuestamente simuló tener influencias con servidores públicos para afectar el patrimonio de 72 personas, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.