Cárcel para El Zarco y Dungo, presuntos asesinos de líderes en Putumayo y Antioquia

Los presuntos asesinos de dos líderes sociales de los departamentos de Putumayo y Antioquia fueron enviados a la cárcel en las últimas horas.

Luis Hernando Guerrero, conocido como alias El Zarco, fue acusado por el homicidio del líder comunitario Gustavo Guerrero Ramírez, cometido el 9 de marzo de 2022 en zona rural del municipio de Villa Garzón, Putumayo.

Según la Fiscalía General de la Nación, Guerrero, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Colombia, fue atacado por hombres armados en la fecha mencionada.

Por estos hechos, a El Zarco le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De otro lado, Edison Domicó Bailarín, conocido como alias Dungo, fue acusado por el asesinato del líder indígena y profesor Fernando Domicó, el 13 de mayo de 2022, en Dabeiba, Antioquia.

“Se conoció que el docente terminó de jugar un partido de fútbol con algunos estudiantes y se movilizaba con su hijo por un puente que comunica al resguardo Choromandó, cuando fue interceptado por dos personas que lo atacaron con arma blanca y le quitaron la vida”, expuso la Fiscalía.

Alias Dungo tendrá que responder por el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó durante la audiencia.

Los jueces de ambos casos decidieron cobijar con medida de aseguramiento carcelario a los implicados, para que respondan ante la justicia privados de la libertad.

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) señala que en 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales en Colombia. En lo que va de este año, la cifra asciende a 28.

Fiscal reclama que se dejó de hablar de asesinatos

El fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, reiteró que ningún proceso de paz está completo sin la participación activa de las víctimas del conflicto armado, señalando que la historia del país ha demostrado que su exclusión o no reparación han llevado a que los intentos de paz que se han ejecutado en los últimos años fracasen estrepitosamente.

Para el jefe del ente investigador, quien ha presentado varias observaciones al ambicioso proyecto de la ‘paz total’ –que busca eliminar de un tajo con todos los protagonistas del conflicto en el país—, el hecho de que en el borrador de la ley de sometimiento, que cobija a paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes, no esté mencionado el papel de las víctimas deja un muy mal sabor de boca y lleva a pensar en que no está completo.

“Las víctimas son importantes”, sostuvo Barbosa, quien aseguró que, de manera sorpresiva, en los últimos meses dejó de estar en la agenda y el debate nacional el tema de asesinatos selectivos y masacres. “Ya no se volvió a hablar de las víctimas, no se volvió a hablar de defensores de Derechos Humanos en Colombia, nadie volvió a hablar de reincorporados, del tema de desaparición”.

Sin embargo, las cifras demuestran claramente que estos temas se siguen presentando en la mayoría de las regiones del país. “Se fue el anterior Gobierno y el tema se desapareció y hoy tenemos más muertos que antes, hay más asesinatos que antes”.

Diferentes decisiones han llevado a que la lucha contra los grupos armados ilegales y las bandas criminales esté suspendida, porque se dejaron de ejecutar miles de órdenes de captura, disminuyendo además los operativos en contra de estas estructuras que siguen cometiendo crímenes contra la población civil.

“Los líderes sociales están pulverizados, no hay política de prohibición”, dijo.

Barbosa cuestionó el hecho de que hasta hace poco se nombrara un consejero de Derechos Humanos en la Presidencia pese a todo lo que ha ocurrido. El hecho de que el proyecto que busca la paz total no tenga en cuenta a las víctimas lleva a pensar que la nueva búsqueda de paz quede incompleta y se presente el mismo fenómeno que se ha visto: “Existe la posibilidad que quede incompleto el círculo de la paz y comencemos dinámicas de violencia”.

En el debate de la ‘paz total’ —advirtió Barbosa—, la labor de la Fiscalía General es buscar que las víctimas tengan un reconocimiento y sean parte activa de los procesos de acceso a la verdad, reparación y no repetición.

Barbosa aclaró que, pese a sus observaciones, no tiene ningún “choque” con el presidente Gustavo Petro, puesto que el jefe de Estado ha estado atento a sus observaciones e inquietudes frente a los decretos, resoluciones y borradores que se han presentado frente a este tema.