Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, será investigado por llamar “paracos” y amenazar a un grupo de funcionarios

El 15 de diciembre de 2021, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo habría irrumpido de manera violenta a las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), la cual había sido intervenida por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El mandatario departamental, según reza la queja presentada, habría ejercido violencia física y verbal en contra de los miembros del esquema de protección de la agente especial designada para la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia.

Con esta acción habría amenaza la integridad física de los funcionarios al tildarlos de “paracos” o integrantes de grupos armados ilegales, acusándolos -además- de participar en el crimen de la líder social de la comunidad LGBTI, Cristina Cantillo, registrada el 7 de diciembre de 2020 en la ciudad de Santa Marta.

Caicedo, no contento con esto, le adjudicó cualquier responsabilidad de lo que pudiese ocurrir en su contra de su integridad personal a los miembros del cuerpo de seguridad que había insultado.

Por estos hechos, la Procuraduría General le abrió investigación disciplinaria al mandatario por supuesto abuso de autoridad. En el documento se ordena notificar personalmente al gobernador del Magdalena.

Disturbios en la Essmar

Tras el anuncio de la intervención al Essmar se presentó una serie de protestas y manifestaciones por parte de los trabajadores y funcionarios en la sede ubicada en la capital del Magdalena.

En la manifestación, calificaban de “injusta” la intervención ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En la protesta se aseguraba que la decisión tenía tintes políticos.

Frente estos hechos, la Policía Nacional hizo presencia y se ocasionaron enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública. Además, la revuelta obligó a la presencia del escuadrón antidisturbios para garantizar la seguridad de la superintendente.

Igualmente, la gerente de la Essmar, Patricia Caicedo, dijo sobre dicha intervención que “no es más que una maniobra politiquera para repartirse los recursos de los samarios entre los mismos congresistas que han saqueado al departamento y la ciudad. Sigue Duque atropellando los derechos de los ciudadanos que eligieron el Cambio”.

“Duque vino en campaña a prometer la solución del agua, pero en Gobierno solo ha sabido bloquearnos los proyectos, ahora le arrebatan a los samarios su empresa pública para entregársela a quienes detrás de MetroAgua se robaban la plata de la ciudad. No tienen vergüenza”, afirmó Caicedo.

Por su parte, el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez, escribió en sus redes sociales: “Nadie dijo que sacar a las élites del poder iba ser fácil, nuevamente Iván Duque atenta contra los gobiernos que no se arrodillan al sistema: interviene la empresa de servicios públicos; van 4 intervenciones en Santa Marta y el Magdalena. El fin: devolvérselo a las mafias y clanes regionales”.

La SuperServicios indicó en su momento que la toma de posesión de la Essmar se da al determinar que no tiene la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para garantizar la debida calidad, cobertura y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado a los habitantes de la capital del Magdalena.

La diligencia fue liderada por la superintendente, Natasha Avendaño García, con el acompañamiento de la Dirección de Intervenidas de la entidad y el apoyo de la Dirección General de la Policía Nacional.

“Con fundamento legal tomamos la decisión de intervenir a la Essmar porque presenta una crítica situación que genera graves perjuicios a sus usuarios y pone en riesgo su sostenibilidad. Los resultados de la vigilancia especial que realizamos a la empresa desde el momento del inicio de la operación, en 2019, evidencian deficiencias en la cobertura, continuidad y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para sus más de 117 mil suscriptores. A esto se suman las deudas pendientes con la Dian, la Gobernación del Magdalena y otros acreedores que podrían generar embargos judiciales que agravarían las condiciones financieras de la empresa y la reducida capacidad de pago de sus compromisos mercantiles”, dijo Avendaño.

Según la Superintendencia, las deficiencias de Essmar persisten desde el 2019 y se agudizan cada vez más por la grave situación financiera que presenta el prestador.