Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, esquivó la detención domiciliaria en el proceso por la construcción de la Megabiblioteca

En libertad. Así se defenderá el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, dentro del proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades que se presentaron en la contratación y puesta en marcha de la Megabiblioteca ubicada en el colegio San Pedro Alejandrino, en Santa Marta.

Así lo decidió este miércoles la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que rechazó la solicitud de la medida de aseguramiento presentada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, quien reclamó que la mejor forma de proteger el patrimonio y evitar que el Gobernador siguiera delinquiendo era la detención domiciliaria.

Sin embargo, para el magistrado Daboberto Hernández Peña -quien funge como juez de control de garantías- determinó que no existían evidencias para cobijar a Caicedo con la medida solicitada. Tras conocer esta decisión, el fiscal del caso presentó inmediatamente recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

En la imputación de cargos, celebrada en el mes de marzo, la Fiscalía General advirtió que siendo Alcalde de Santa Marta, en el año 2014, Caicedo Omar incurrió en múltiples irregularidades en la firma de este contrato que tenía un valor inicial de 10.444 millones de pesos.

Pese a que el objetivo de este contrato era brindar apoyo a los estudiantes en sus actividades académicas y lúdicas, esto nunca se cumplió, puesto que se presentó mucho tiempo después de lo planificado y con varias restricciones.

Sin embargo, el Gobernador manifestó que esto era falso y para probarlo estuvo presente en la misma Megabiblioteca durante la imputación de cargos, indicando que los niños y jóvenes la estaban utilizando constantemente para su educación y recreación.

Por esto, se declaró inocente de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. No sin antes asegurar que todo era un “montaje” en su contra.

Los millonarios sobrecostos

En la imputación de cargos, la Fiscalía General reseñó que se presentaron sobrecostos, falta de planeación y radicación de documentación falsa. El fiscal, igualmente, le reclamó a Caicedo que presentara documentación que no correspondía a la realidad del proyecto, puesto que ahí se decía que la obra se iba a realizar en el colegio normal distrital San Pedro Alejandrino, de Santa Marta. Sin embargo, la obra se ejecutó en otro lugar y tuvo un nombre totalmente diferente al que estaba en el contrato inicial, lo cual no es un detalle menor.

El fiscal, igualmente, le reclamó a Caicedo que presentara documentación que no correspondía a la realidad del proyecto puesto que ahí se decía que la obra se iba a realizar en el colegio normal distrital San Pedro Alejandrino, de Santa Marta. Sin embargo, la obra se ejecutó en otro lugar y tuvo un nombre totalmente diferente al que estaba en el contrato inicial, lo cual no es un detalle menor.

“Usted, presuntamente, faltó a los principios de la contratación estatal y la función pública al tramitar sin verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, la documentación pública con las irregularidades que se le pusieron de presente frente a la falta de planeación y de la economía”, precisó el fiscal del caso.

En ese sentido, reprochó que pese a su capacidad académica y conocimiento de la administración pública le dio el aval a la presentación de documentos ante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) para el desarrollo de la megaobra. “Todo ese proceso precontractual fue responsabilidad suya, pues participó desde el origen, concebido de manera irregular”.

“Se concertó en sacar ese proyecto, pasando por encima del estatuto de contratación estatal y demás normas”, alegó el delegado del ente investigador, quien advirtió que el encargado de la obra, designado por Caicedo, no contaba con la experticia para el desarrollo de la misma. “Se le dio el aval a un proyecto mal planificado”.

Igualmente, el objetivo de la construcción nunca estuvo bien definido, lo que demuestra que la deserción escolar, para el momento del anuncio de la obra, se estaba reduciendo considerablemente y estaban por debajo de la media nacional, puesto que las mismas cifras de la Secretaria de Educación de Santa Marta.

“La megabiblioteca de Santa Marta estaba sobredimensionada. Es decir, hacer que algo tena importancia superior”, detalló el fiscal. Una de las irregularidades más notables en este caso es que todo se hizo sin el acompañamiento de los ministerios de Cultura o Educación, lo cual era una necesidad teniendo en cuenta el origen y objetivo del proyecto.