“No puede ser que los corruptos sigan en Lamborghini y nosotros en bicicleta. ”: Carlos Felipe Córdoba

SEMANA: La reforma que propone hace pensar que en el país se pierden los recursos públicos de forma alarmante, pero la entidad que usted dirige poco puede hacer para recuperarlos. ¿Es lo que siente?

FELIPE CÓRDOBA: En parte, sí; por eso estamos presentando esta reforma que nos permitiría hacer en el país un control fiscal realmente efectivo. Las abuelitas suelen decir “Después del ojo afuera no hay santa Lucía que valga”. Algo así sucede con el trabajo que hace la Contraloría. Nosotros llegamos a investigar después de los saqueos porque hacemos un control posterior y no preventivo. Nos proponemos en esa reforma tener la capacidad de actuar a tiempo y no cuando la plata ya se ha ido.

SEMANA: ¿Cómo así a tiempo?

F.C.: Hoy la Contraloría debe esperar a que los funcionarios la embarren para comenzar las investigaciones, cuando debería entrar antes de la embarrada para evitar que la plata se pierda. En otras palabras, nosotros solo llegamos a recoger las cenizas que dejan los bandidos. Y eso es muy grave. Los porcentajes del dinero que recuperamos en esos casos son mínimos: solo el 0,4 por ciento.

“Con funciones jurisdiccionales, la contraloría actuaría con más rapidez”, contralor general, Carlos Felipe Córdoba

SEMANA: ¿Qué explica esa cifra tan pequeña?

F.C.: La explica el hecho de que con el paso del tiempo la gente se va del país, se insolventa, las garantías desaparecen, al final nadie responde y el dinero simplemente se esfuma. Acá podríamos mencionar casos tan dolorosos y frustrantes como los de las regalías del Meta y Casanare con Fiduagraria y Fidupetrol, que sumaban casi 84.000 millones de pesos y de los que no hemos recuperado ni siquiera lo de la papelería invertida en el proceso de investigación.

SEMANA: Hablemos de los casos que han sorprendido al país. Por ejemplo, ¿qué pasó en Reficar? Allí se habló de sobrecostos por una cifra enorme: 17 billones de pesos. ¿Cuánto han recuperado?

F.C.: Ese caso está en proceso. Estamos precisando conductas, dilucidando responsabilidades y escuchando a los implicados dentro del respeto al derecho de defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

SEMANA: ¿Y en el caso Saludcoop?

F.C.: Ese es otro ejemplo de enormes cuantías defraudadas con mínimas reparaciones al patrimonio público. En ese caso hubo imputaciones por 1,4 billones de pesos, y recuperaciones ínfimas que se suman a las otras frustraciones de llegar cuando la plata ya se ha ido y solo quedan las cenizas o las boronas. Yo podría hablarle también de los 175.000 millones perdidos durante el IDU de Samuel Moreno o los 60.000 millones del Hospital de Yopal o los 40.000 millones del Inurbe…, pero no quiero seguir agregándole más desasosiego a los lectores de la revista.

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SEMANA: ¿Por qué nadie alerta sobre esos desfalcos?

F.C.: Sí alertan. Hay que entender hoy que estamos hablando de mallas muy complejas de contratación que logran hacer de las suyas con esquemas sofisticados. En Colombia algunos contratistas concentran porcentajes muy grandes de programas importantísimos. Por ejemplo, una sola compañía tiene el 50 por ciento del programa para construir 30.000 aulas en los colegios. Solo ha ejecutado el 4 por ciento y hay recursos por casi 3 billones de pesos. Eso es lo que nosotros investigamos.

SEMANA: ¿Cómo lo hacen?

F.C.: Hoy tenemos un observatorio de gasto público en el que se ven las cuentas del Estado como si fueran una cuenta de ahorros que podemos seguir y controlar minuto a minuto. Eso gracias a tecnología avanzada que utiliza big data e inteligencia artificial. Esos mecanismos permiten revisar también en tiempo real la ejecución de grandes programas del Estado y alertar oportunamente. Además, por medio de nuestra herramienta Océano hemos identificado muertos que contratan o contratistas multipropósito que en una ciudad se encargan de las gallinas ponedoras, mientras en otra hacen las grandes carreteras. Esto forma parte de la reforma que planteo.

SEMANA: ¿Qué otros cambios pide?

F.C.: Propongo asignar funciones jurisdiccionales a la Contraloría para que pueda determinar la responsabilidad fiscal con rapidez y recuperar el dinero por medio de un cobro coactivo. Esto porque hoy los procesos pueden durar hasta 12 años y causa que ningún contralor pueda terminar lo que empezó. Por ejemplo, yo recibí parte del caso de Saludcoop que comenzó Sandra Morelli y de Reficar que lideró Edgardo Maya. Eso no debería ser así.

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SEMANA: Usted llegó a la Contraloría hace cerca de seis meses. ¿Ha encontrado algo que lo sorprenda?

F.C.: Sí, y no tiene que ver con lo que cualquiera imaginaría. En estos meses hemos apostado por generar dinámicas ágiles y efectivas de comunicación con los ciudadanos. Quisiéramos que la información que nos entregan tenga consecuencias de inmediato y no en forma tardía. Y ahí cumplen un papel muy importante las redes sociales. Con el celular, hoy mucha gente tiene en el bolsillo una cámara y un medio de difusión social para divulgar las denuncias. Así hemos logrado movernos de inmediato.

SEMANA: Hoy hacen grandes investigaciones con base en inteligencia artificial, algoritmos, etcétera. ¿Colombia está al día en ese frente?

F.C.: Cada vez más. Hemos logrado aplicar mecanismos de vigilancia apoyados en la tecnología, mediante cruces de datos, para concluir quiénes están detrás de los contratos o qué intereses impresentables se mueven tras los presupuestos.

SEMANA: ¿Cómo hacen eso?

F.C.: Tenemos, por ejemplo, una central de información contractual, Océano. Allí se depuraron 8 millones de registros para analizar finalmente 4,5 millones de estos por valor de 441,9 billones de pesos. Con esa herramienta hemos descubierto dinámicas que nos ayudan a visualizar situaciones tan curiosas como algunas mallas de contratistas que concentran adjudicaciones por 60 billones de pesos. Esos contratistas, plenamente identificados, se repiten y actúan camuflados detrás de consorcios, uniones temporales o a veces como personas naturales. Vimos también que el 40,5 por ciento de los contratos revisados fueron adjudicados directamente y en apenas un 26,4 por ciento de los casos se utilizó la licitación pública. Así como las cámaras ayudan a judicializar atracadores, la inteligencia artificial nos permitirá descubrir y combatir corruptos, no importa su nivel de sofisticación. El futuro ya llegó.

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SEMANA: Este proyecto generará muchas críticas. ¿Cómo evitar que usted o cualquier contralor termine como otro ordenador de gasto o frenando enormes proyectos?

F.C.: La verdad yo no busco ningún poder con esta reforma. Pero sí necesitamos que la Contraloría pueda hacer su función constitucional, que es simplemente cuidar los recursos de los colombianos. No puede ser que los corruptos sigan en Lamborghini y nosotros en bicicleta.