“La corrupción urbanística es tan lucrativa como el narcotráfico”: Galán

El senador Carlos Fernando Galán lleva dos años investigando el fenómeno del volteo de tierras en Cundinamarca, en el cual autoridades locales son investigadas por cambiar los planes de ordenamiento territorial de los municipios para incorporar tierras rurales a las urbanas, o para cambiar usos del suelo, a cambio de dinero. En la lupa de Galán se encuentra el gobernador de Cundinamarca -Jorge Rey- y varios de los funcionarios que han hecho parte de su círculo político. Así mismo, también habla del exalcalde de Mosquera, Álvaro Rozo y su hija Yenny, candidata del Centro Democrático a Senado.

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En el debate, Carlos Fernando Galán aseguró que los dueños del predio donde se construyó Zona Franca de Occidente, no pagaron lo que debían por concepto de plusvalía. Eso fue lo que desató la ira de Álvaro Uribe, pues se mencionó que sus hijos Tomás y Jerónimo tuvieron participación en ese  negocio.

SEMANA: Usted citó el debate de control político sobre uso del suelo y volteo de tierras en Cundinamarca. ¿Cuál es el hallazgo general?

Carlos Fernando Galán: Hace un poco más de dos años emprendí una investigación para explorar los actos de corrupción que se presentan en la modificación de los POT para el volteo de tierras, los cobros de plusvalías y el otorgamiento de licencias ilegales en 15 municipios de la Sabana. En la medida que analizábamos las normas de planificación local recibimos denuncias de personas que han sido testigos, víctimas o incluso partícipes de esta práctica delictiva. La corrupción urbanística es negocio tan o más lucrativo que el narcotráfico. Es una grieta invisible por la que se están filtrando billones de pesos que terminan en manos de funcionarios públicos corruptos que se han enriquecido exorbitantemente en la cara de todos sin ni siquiera ser investigados. La red constituida por algunos alcaldes, concejales, funcionarios de las entidades encargadas de los temas ambientales, algunos constructores, propietarios de la tierra e incluso funcionarios de entes de control, conforma una especie de andamiaje para la apropiación indebida de la riqueza que genera la tierra.

SEMANA: En el debate usted cuestiona el papel del gobernador Jorge Rey en este fenómeno. En pocas palabras ¿qué significa el volteo y sobre qué temas está la lupa sobre el grupo político de Rey?

C.F.G: El volteo de tierras es la forma coloquial de llamar al cobro de coimas por el cambio de categoría o uso del suelo por uno más rentable, por ejemplo de rural a urbano. Estos cambios se adoptan mediante decisiones administrativas de los funcionarios públicos municipales que automáticamente multiplican exponencialmente el valor del suelo sin aportar un solo peso para la construcción de vías, parques, colegios, plantas de tratamiento etc.

Las denuncias que comprometen a Jorge Rey no están relacionadas con el volteo porque a pesar de que él como Alcalde de Funza contrató un estudio en cuyo objeto era hacer un estudio para la modificación del POT, lo cierto es que ese estudio nunca se hizo, razón por la cual no se pudo modificar el POT.

La denuncia de Rey se refiere a la expedición de licencias para Parques Industriales en predios agrícolas, que si bien habían sido categorizados con uso industrial en los Acuerdos 3 de 2006 y 10 de 2007, una vez fueron anuladas las normas por el Tribunal, volvieron a ser agrícolas razón por la cual no se podían licenciar usos industriales. La liquidación para el cobro de la plusvalía fue otra de la denuncias formuladas contra el hoy gobernador, ya que se evidenció que durante su mandato se celebraron dos contratos con el mismo objeto, sin cumplir los requisitos legales y con unos resultados tan cuestionables que en menos de un años variaron la proyección del recaudo de 520.000 a 36.000 millones de pesos.

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SEMANA: Usted ha hecho esta denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría desde el año pasado. ¿Cuál ha sido el acompañamiento?

C.F.G: Hemos trabajado de la mano del Director anticorrupción de la Fiscalía y con delegados especializados de la Procuraduría a quienes les hemos entregado todas la denuncias que hemos recibido. Es una buena noticia que varios de los procesos ya se encuentran adelantados, incluso con exalcaldes detenidos. No obstante, es evidente que falta de capacidad técnica para atender los delitos relacionados con el urbanismo. El país no está preparado institucionalmente para atender esta problemática, la ocupación del territorio no puede ser un tema exclusivo de abogados y arquitectos que definen desde una oficina el destino de un municipio. Los procesos participativos deben ser fortalecidos para que sea el bienestar general el determinante de las modificaciones de los usos del suelo.

SEMANA: Usted habla de pruebas a sobornos de autoridades en municipios de Cundinamarca. ¿Quiénes son los sobornadores y los sobornados?

C.F.G: Un dueño de un predio de Facatativá contactó a mi equipo y lo llevamos a la Fiscalía a declarar sobre el caso específico de un notario que, supuestamente en nombre del entonces alcalde Oscar Sánchez, le pidió 320 millones de pesos para cambiarle el uso a su predio de rural a urbano. Según el denunciante, a pesar de haber pagado la suma requerida no fue incluido dentro de los predios incorporados al perímetro urbano. 

Otro de estos casos es el del municipio de Chía. Un constructor nos denunció que a cambio de 5 millones de pesos por casa licenciada, funcionarios de la alcaldía municipal otorgaron licencias de construcción para conjuntos de casas en la Zona Rural de Granjas en donde de acuerdo con las normas vigentes en ese momento, solo se permitían 4 casas por hectárea. Un ejemplo: en un predio comprado en 600 millones de pesos de 1.2 hectáreas en donde solo se podían construir 5 casas, fueron licenciadas 111. Es decir, 105 casas más de las permitidas para la zona. Actualmente cada una de esas casas se vende en promedio en 350 millones de pesos.

SEMANA: Cuál es la denuncia puntual sobre el predio que compraron los hijos del Presidente Uribe y que desató la ira del Senador en pleno debate?

C.F.G: Una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia hizo el ejercicio académico de rastrear el proceso administrativo para la creación de la Zona Franca de Occidente y los efectos económicos de esta declaratoria en el valor del suelo. La denuncia concreta es que un predio de 52 hectáreas comprado en 8.000 millones de pesos, fue objeto de modificaciones administrativas que aumentaron su valor, por cambio de uso y por aumentar las índices de ocupación. La denuncia no se refiere a si se debía cobrar o no la plusvalía porque en efecto se cobró con una liquidación que resultó de un estudio contratado por el entonces alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, que avaluó en 35.700 peso el m2 en una zona donde los lotes industriales estaban  avaluados en promedio en 350.000 pesos el mt2. La subvaloración del metro cuadrado generó que el municipio solo recibiera 56 millones de pesos de los 40.000 que ha debido recibir si el avalúo se hubiera hecho con valores reales, según el estudio que he mencionado.

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SEMANA.COM: Ya que menciona al exalcalde Álvaro Rozo, ¿qué es lo que está construyendo en Apulo?

C.F.G: En un lote agrícola, comprado en 500 millones de pesos, donde está prohibido urbanizar, se está levantando un condominio de casas lujosas licenciado como urbanismo en la modalidad de Centro Vacacional, concepto inexistente en la norma colombiana. El proyecto con licencia para 186 predios, ofrece para la venta casas que superan los mil millones de pesos de acuerdo al tamaño.  El propietario de este predio es el exalcalde de Mosquera Álvaro Rozo y su hija Yenny Rozo, lo viene comercializando desde que era Diputada de Cundinamarca, catalogándolo como una apuesta de desarrollo y progreso para el departamento.

SEMANA: ¿El ‘volteo’ es un fenómeno exclusivo de Cundinamarca?

C.F.G: No. Es un modus operandi que se extendió por todo el país y las consecuencias las vemos cada vez que ocurre algo como lo sucedido en Mocoa o en las inundaciones de 2011 en Chía o Girardot. El desorden territorial genera tragedias ambientales, desigualdad social, desabastecimiento de alimentos y de agua potable, ocupaciones en zonas de riesgo, evasión de pagos de plusvalías, entre otras problemáticas que evidentemente afectan la calidad de vida y la sostenibilidad.

SEMANA: ¿Cuál es la solución al tráfico de influencias y corrupción alrededor de los POTs?

C.F.G: Apostarle a mecanismos de integración regional ayudará a reducir los riesgos de corrupción en los POT. Es fundamental fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en todas las etapas de modificación de los POT y garantizar la autonomía e idoneidad de los funcionarios de los órganos de control y de la Fiscalía encargados de investigar estos casos. En este último punto es importante decir que se está avanzando. Pero el reto es inmenso, no me cabe duda que este es el fenómeno más grande de corrupción en Colombia, mucho mayor que el cartel de contratación o Reficar. Por eso el primer paso es el destape, generar conciencia ciudadana y avanzar en la sanción de los casos.