Los detalles desconocidos del caso contra Carlos Mattos

La escena no podría ser más estrambótica: el 12 de abril de 2016 el juez Reinaldo Huertas visitó una concesionaria de carros al occidente de Bogotá y pidió que le enseñaran automóviles de alta gama. Le gustó un Mazda sedán último modelo, de color rojo místico y cojinería en cuero que costaba casi 73 millones de pesos. El funcionario sacó fajos de billetes de una bolsa y pagó de contado el vehículo, con total desparpajo, como quien compra pan.

Aunque pagar en efectivo un automóvil flamante no es delito, que lo haga un administrador de justicia de rango bajo es de una torpeza sin nombre. Huertas de inmediato empezó a llamar la atención. Nadie entendía cómo con un salario de 9 millones de pesos, deudas y responsabilidades a cuestas, súbitamente el juez parecía un dandi enriquecido de la noche a la mañana. La respuesta estaba en su discreto despacho, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá.

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Semanas antes, a esa oficina le había correspondido una demanda de gran calado. Y el juez Huertas, quien resolvió admitirla el 18 de marzo de ese año, en tres semanas tomó una medida cautelar cuyo efecto práctico se ha estimado en 35 millones de dólares, según la Fiscalía. La demanda buscaba prohibir que la multinacional Hyundai, con sede en Corea del Sur, pudiera comercializar sus vehículos y repuestos en Colombia por medio de otros distribuidores distintos a Hyundai Colombia Automotriz. La firma nacional había operado ese negocio por 23 años y alegaba que no se le podía sacar del juego de la noche a la mañana después de haber abierto el mercado y posicionado la marca en plena época de vacas flacas.

La medida cautelar del juez Huertas bloqueó la posibilidad de que la firma ecuatoriana Neocorp distribuyera en Colombia los productos Hyundai, como se pretendía luego de que la multinacional coreana le quitó la exclusividad a Hyundai Colombia. Pero en los últimos días quedó en evidencia que se llegó a la medida cautelar gracias a un sofisticado esquema de corrupción judicial desplegado en Bogotá. Lo que parecía un plan perfecto se desmoronó y ya hay siete personas en la cárcel, entre abogados, ingenieros y servidores públicos. Todos han aceptado cargos y están contando qué hicieron y quiénes más participaron. Por eso, las autoridades capturaron al juez Huertas esta semana y en los próximos días la Fiscalía imputará al empresario Carlos Mattos, el dueño de Hyundai Colombia, la concesionaria reemplazada por los ecuatorianos.  

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Daniel Coronell encendió las alarmas sobre esa tramoya. El columnista señaló la sorprendente celeridad con que actuó el juez y reveló documentos sobre la extravagante compra del carro después de que tomó la medida cautelar. Por su parte, la Fiscalía ha adelantado una investigación que involucró a un agente infiltrado, interceptaciones, seguimientos y un cúmulo de evidencias técnicas y testimoniales.

A finales de 2015, cuando la multinacional Hyundai le informó a Mattos que le quitaba la distribución exclusiva para Colombia, el empresario decidió armar un equipo jurídico con la idea de responder desde los tribunales. Mattos contrató a un exmagistrado y experto en derecho privado para que preparara la demanda. El jurista hizo su trabajo y, en noviembre de ese año, le entregó el documento a Luis David Durán, abogado de la firma automotriz y hombre de confianza de Mattos. Sin embargo, no radicaron el documento de inmediato. Pasaron varios meses. Finalmente, la presentaron el 29 de febrero de 2016, y resultó asignada al Juzgado Sexto Civil por medio del programa computacional de reparto aleatorio. Justo donde el juez Huertas la aguardaba.

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Ahora está probado que el abogado Durán se dedicó durante varios meses a reclutar a ingenieros y funcionarios de la rama judicial con los que montó un plan de película para manipular el software de reparto. Las evidencias indican que el día y el momento exacto en que radicaron la demanda (29 de febrero a las 9:27 de la mañana) el programa computacional presentó una falla que anuló momentáneamente a 47 Juzgados del Circuito, y dejó en luz verde solo al Juzgado Sexto. Tres minutos después el sistema volvió a la normalidad. El plan incluyó borrar los rastros informáticos de la manipulación.

Pero la Fiscalía logró descubrir la sofisticada maniobra con programas de informática forense de última generación e infiltrando a un agente del CTI en las oficinas de reparto. El ente acusador también estableció, con análisis de georreferenciación e interceptaciones, que los involucrados se habían comunicado por celular y reunido en varias ocasiones con Mattos y su abogado. Algunos de esos encuentros tuvieron lugar en el apartamento del empresario. Además, hay evidencia tecnológica y testimonial de que el dueño de Hyundai Colombia tuvo contactos  con los técnicos que manipularon el reparto y también con el juez y otros funcionarios del Juzgado Sexto. Esos vínculos no solo se dieron antes de presentar la demanda, sino también al momento de radicarla y aún después de expedida la medida cautelar.

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El viernes el juez Reinaldo Huertas, tras ser capturado, quedó en el banquillo de los acusados. El fiscal del caso, apoyado en la confesión de Edwin Julián Macías, uno de los subalternos en el Juzgado Sexto, le dijo: “Usted no falló de manera desinteresada, lo hizo a cambio de un ofrecimiento que le había hecho el señor Carlos Mattos. A usted le ofrecieron 2.000 millones de pesos para que faltando a sus deberes constitucionales y legales como juez de la república fallara  favoreciendo al señor Mattos”.

Pero Mattos tiene su propia artillería jurídica. Diez meses después de que Hyundai Colombia logró las medidas cautelares a su favor, el empresario contrató al penalista Iván Cancino para buscar un acuerdo con Neocorp. La firma ecuatoriana inicialmente se negó y decidió apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá y ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ambas instancias encontraron acertada la medida cautelar del juez sexto y la respaldaron. En ese momento Neocorp tuvo que buscar un arreglo y hacer una conciliación económica para resolver el lío. Mattos aceptaba la cancelación unilateral del contrato de distribución y lo cedía a Neocorp a cambio de recibir cerca de 35 millones de dólares por los perjuicios.

La defensa de Mattos piensa proteger la legalidad de la decisión sobre la que actuó, con el argumento de que esta contó con el respaldo de los máximos tribunales de Colombia. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a SEMANA que no hay ninguna sospecha para plantear que la corrupción del caso haya ido más allá del Juzgado Sexto.

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Por otra parte, el empresario ya dio poder al bufete español Gómez de Liaño & Márquez de Prado para que asuma su defensa. Tan pronto se supo de las múltiples capturas y que la Fiscalía le imputaría los delitos de cohecho, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático, Mattos acudió a una Notaría en Madrid, y anunció que estaba dispuesto a afrontar la justicia colombiana pero como ciudadano español, ya que tiene doble nacionalidad. El empresario ha vivido muchos años en ese país y lo probará con documentos que acreditan que ha tributado al fisco como cualquier ibérico. Esa estrategia tiene por objeto tumbar los delitos tecnológicos que le achacan, pues en el Código Penal español no existen.

En los próximos días la Fiscalía solicitará la audiencia de imputación de cargos contra Mattos, quien ya tiene circular azul de ubicación de Interpol. Esto quiere decir que las autoridades ya lo tienen localizado. Si Mattos no se presenta a la audiencia, lo declararán persona ausente y con ello la circular azul podría escalar a circular roja, es decir, orden de captura internacional. El pleito aterrizará entonces en la justicia de la madre patria que deberá decidir si extradita o no al empresario.

En el fondo, todo el pleito girará alrededor de la posible extradición de Mattos a Colombia. Sus abogados tratarán de evitarla, pero existe un tratado de extradición que ha sido aplicado en casos similares como el del financista Víctor Maldonado. El penalista Iván Cancino, quien representó a Maldonado y ahora a Mattos, señala que hay una diferencia concreta entre esos casos: Maldonado no pudo demostrar arraigo en España mientras que Mattos va a jugar esa carta.