Carlos Mattos, condenado por corrupción, a explicar cómo obtuvo el medio millón de dólares para reparar a las víctimas del escándalo

El empresario Carlos Mattos, protagonista de uno de los más graves escándalos de corrupción en la Rama Judicial, podría enfrentar otro proceso judicial. Este martes, el juez once de conocimiento de Bogotá lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión por haberle enviado “como agradecimiento” $ 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil que dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron para que siguiera comercializando vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Tras la determinación judicial, en la que se incluyó una negativa para anular todo el proceso penal y aceptar una retractación, el juzgado compulsó copias ante la Fiscalía General con el fin que se “determine el inicio de la acción penal a que haya lugar por presuntas conductas que afecten el orden económico y social” por las actividades que ejecutó el reconocido empresario.

Esto con el fin de certificar el origen de los $ 500 mil dólares que anunció Mattos para reparar a la Rama Judicial por los daños causados por su estructurado plan. “Aún cuando no se probó que el acusado hubiere tenido un incremento patrimonial a consecuencia de su actuar delictivo en esta causa, pues la economía de la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A., de la cual el procesado era accionista, y debido a su proceso de liquidación, iba en merma, surge infundado el origen de los recursos dispuestos para la reparación de las víctimas”.

Tras su extraña retractación, Carlos Mattos puso de presente que él se había anticipado para reparar a las víctimas reconocidas dentro de este proceso penal. Haciendo énfasis en que se fijó la suma más alta en la historia del país para pagar por las afectaciones generadas a la integridad de la Rama Judicial. Sin embargo, también puso en conocimiento que -para el momento de los hechos, es decir en 2016- estaba en una difícil situación económica y estaba en planes de vender su empresa.

Por esto, para el despacho judicial, es necesario que explique el origen de esta suma nada despreciable. Por la gravedad de su conducta y el daño a la administración pública, el juez le negó al empresario cualquier tipo de beneficio judicial, como la detención domiciliaria, por lo que deberá seguir en la cárcel de El Bosque en Barranquilla. Igualmente, se le impuslo una multa de 131.25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, unos $ 132 millones de pesos y una inhabilidad de 108 meses para ejercer cargos públicos.

Mediante un preacuerdo firmado a inicios de este año con la Fiscalía General, Mattos aceptó su responsabilidad en una serie de cohechos por dar u ofrecer, esto es, el envío de sobornos a la jueza 16 civil municipal de Bogotá.

En la lectura del fallo, el juez tuvo en cuenta que al tratarse de delitos contra la administración pública, el empresario no puede tener beneficios judiciales. “En efecto, se evidencia que el acusado, haciendo uso de su posición económica y social, consideró que por ello le era viable entregarle dinero a un funcionario público en el marco de una actuación procesal en la que tenía interés”.

En ese momento, Mattos vio “la entrega de dádivas como una forma de agradecer la adopción de medidas que le permitieron continuar con la comercialización exclusiva de la marca coreana, desconociendo que la administración pública tiene unos principios básicos, entre otros, los de moralidad, igualdad y gratuidad, optando por desatender los mismos con ocasión a la posibilidad de tener recursos económicos”.

“Un actuar como el que se le reprocha al procesado denota una intención a un intenso daño social, puesto no solo desprestigia a la administración de justicia sino que conduce a acrecentar la idea que la misma beneficia a aquellos sujetos que tienen mejores posibilidades económicas, afectando así la expectativa de una justicia recta y eficaz”.

Para este jueves está programada la audiencia en la que se conocerá la segunda sentencia, que podría rondar los siete años de prisión, por haber sobornado a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para que alteraran el sistema de repartos y, así, la tutela fuera enviada al despacho del juez sexto civil, Reynaldo Huertas, quien ya había recibido una suma de dinero para emitir medidas cautelares que beneficiaran al empresario.