Carlos Mattos pagaría dos años y seis meses de prisión por el caso Hyundai

En un documento de nueve páginas, el empresario Carlos José Mattos Barrero se comprometió a pagar una indemnización de dos millones de dólares a la Fiscalía General y a la Rama Judicial por los daños y perjuicios causados por su actuar tras sobornar a funcionarios y empleados judiciales para que direccionaran a una demanda con la que buscaba se le permitiera seguir vendiendo vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.

El 27 de mayo de 2017, el juzgado 16 civil del circuito de Bogotá, presidido por Ligia del Carmen Hernández Pérez aceptó para su estudio el recurso de reposición presentado por la empresa Global Car World S.A.S. en contra de las medidas cautelares que había emitido el juzgado sexto civil de circuito de Bogotá con las cuales resultó beneficiada la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A. para seguir vendiendo exclusivamente los vehículos en el territorio nacional.

Ese mismo mes, Dagoberto Rodríguez Niño, quien era oficial mayor del juzgado civil del circuito de Bogotá le confirmó a uno de los abogados de Mattos que él conocía personalmente a la jueza Ligia del Carmen. Tras una reunión que sostuvo Rodríguez en el norte de Bogotá, el empresario avaló el envío de “un presente” de 50 millones de pesos por haber “decretado las medidas cautelares que lo favorecieron en el proceso que antes se referenció”.

En el fallo emitido el 8 de julio de 2016, la jueza rechazó todos los recursos impuestos, “no reponer la decisión recurrida” y sostener la caución prendada de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Después de eso nuevamente Rodríguez le envió a la jueza otros 50 millones de pesos en efectivo.

Es decir, entre mayo y julio de 2016, la jueza recibió 100 millones de pesos por beneficiar de manera directa a Carlos Mattos con la continuación de las medidas cautelares en el enfrentamiento económico que tenía con la empresa mencionada para comercializar los vehículos coreanos.

En el preacuerdo, Mattos aceptó su participación en el delito de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos). En la negociación se fijó una condena de 32 meses de prisión (dos años y medio de prisión), el pago 30 millones de pesos por concepto de multa y la inhabilidad por 53 meses. Igualmente, una reparación integral para las víctimas, la presentación de excusas públicas por las acciones adelantadas que afectaron gravemente a la administración de justicia.

El juzgado 11 de conocimiento suspendió la aprobación del preacuerdo debido a una petición del representante de la Rama Judicial que advirtió que él no había sido tenido en cuenta en el desarrollo de la negociación.