Carlos Mattos se despacha contra el fiscal Daniel Hernández y asegura que lo presionó para declarar en contra de periodistas

En un documento de 72 páginas, la defensa del empresario Carlos Mattos Barrero presentó el recurso de apelación en contra de la condena de nueve años y medio de prisión que le impusieron recientemente, por su responsabilidad en el pago de millonarios sobornos a funcionarios y trabajadores de la Rama Judicial para direccionar el sistema de repartos buscando que la demanda que presentó le llegara directamente al juzgado sexto civil de Bogotá, con el fin que este fallara a su favor.

En el documento, conocido por SEMANA, el representante de Mattos asegura que en medio de las negociaciones del preacuerdo, que se firmó en enero de este año, los fiscales a cargo le exigieron que anotara que le había pagado dinero al periodista Gonzalo Guillén para que desestabilizara el proceso atacando a los delegados del ente investigador.

“Por exigencia de la Fiscalía, se incorporó una cláusula en que Carlos Mattos aceptaba haber entregado dinero Gonzalo Guillén para desacreditar al grupo El Juri y a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que estaban investigándolo”, señala el documento.

“Debe valorarse que esta cláusula no tiene relación directa con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación, pero era parte de las exigencias de los fiscales para darle trámite al acuerdo”. El abogado Jesús Albeiro Yepes, quien firmó la impugnación, manifestó que los fiscales le manifestaron al empresario que esto era clave si quería recibir los beneficios judiciales del preacuerdo.

“Se exigió un cumplimiento anticipado para que los medios alentara la picota pública. Luego se retiraría el acuerdo, pues los fines políticos ya estaban cumplidos”, agrega la comunicación que deberá ser estudiada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El pasado 15 de noviembre, tras conocer el fallo, Mattos anunció que presentará el recurso de apelación en contra de esta sentencia, advirtiendo que dirá “muchas verdades relevantes y delicadas y además lo haré público”.

El pasado martes 8 de noviembre, Mattos fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por haberle enviado 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que dejó en firme las medidas cautelares.

El empresario se encuentra actualmente privado en la cárcel El Bosque de Barranquilla, establecimiento al que fue trasladado después de protagonizar un escándalo por permisos fraudulentos para salir de La Picota.

La imputación contra Daniel Hernández

Recientemente la Fiscalía General anunció la imputación de cargos contra el fiscal Hernández, a quien se le habían designado las investigaciones más relevantes, entre estas, las chuzadas al proceso de paz, la “narcofinca” que vinculó al exembajador Fernando Sanclemente, el caso Hyundai y el mismo proceso de Odebrecht. Fue justo por este último caso que será vinculado a un proceso penal.

La Fiscalía aseguró que en 11 meses de investigación, en esta nueva etapa del proceso Odebrecht, se logró establecer detalles inéditos sobre la cadena de hechos criminales que ocurrieron mientras la multinacional monopolizaba los mayores contratos de infraestructura en el país, principalmente la Ruta del Sol II.

“El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo y asistencia de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia”, dijo la Fiscalía.

En el caso de Daniel Hernández, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá y en su momento destacado para el caso Odebrecht, la Fiscalía estableció que Hernández solicitó las órdenes de captura en contra de las directivas de Odebrecht en Colombia, sin embargo, no las registró en el sistema de antecedentes y omitió solicitar una circular azul de Interpol, lo que facilitó que los empresarios salieran del país.

“El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai”.

Al fiscal Daniel Hernández le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, este último, según la investigación de la Fiscalía, tiene como origen en algunas intimidaciones a quien fue considerado el testigo estrella del caso Odebrecht, el excongresista Otto Bula. Supuestamente el fiscal Hernández le criticó su intención de colaborar con la justicia.

“De otra parte, el pasado 22 de junio, Daniel Ricardo Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht”, señaló el ente acusador.