Nación
Carlos Mattos ya entregó 3.700 millones de pesos para reparar a la Rama Judicial
El empresario se comprometió a pagar un millón de dólares por los daños y perjuicios generados con su plan para sobornar a funcionarios y empleados de la Rama.
En tres giros, el empresario Carlos Mattos Barrero entregó 3.700 millones de pesos a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial en el marco de su compromiso para reparar a la Rama Judicial por los daños y perjuicios causados con la puesta en marcha de su plan para sabotear el sistema de repartos de los juzgados civiles municipales de Bogotá para resultar beneficiado con unas medidas cautelares y poder comercializar vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
Mattos, por medio de su defensa, envió tres giros: $2.500 millones, 1.000 millones de pesos y $231.310.000. El pasado lunes se conoció el “contrato de transacción” firmado por el defensor de Carlos Mattos y el abogado de la Rama Judicial en la que se fija una indemnización de un millón de dólares para que se “declararan reparados los perjuicios que hubieran sufrido por los hechos base de los procesos señalados en el acápite de antecedentes del presente documento”.
Con la firma del mismo, “las partes renuncian a iniciar cualquier tipo de proceso por los perjuicios que se hubieran ocasionado con estos hechos”. En total, se fijó la reparación de un millón de dólares para la Rama Judicial. Este dinero será consignado en la cuenta del Banco Agrario de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
Las dos partes manifestaron estar plenamente satisfechas con lo acordado y “reconocen los efectos de la transacción de cosa juzgada del presente acuerdo conforme a los términos del Artículo 2483 del Código Civil”.
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Con este acuerdo, Mattos y la Rama Judicial convienen la aceptación de la responsabilidad civil, penal o administrativa de los hechos por los que enfrenta un juicio el empresario colombo-español.
Este acuerdo forma parte de los compromisos que adquirió Mattos al momento de aceptar su plena responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado. Esto por pagar millonarios sobornos para alterar todo el sistema de repartos con el único fin de que la tutela que iba a presentar fuera direccionada al despacho del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas, quien avaló las medidas cautelares, todo esto previo recibimiento de una comisión.
Con la firma del documento, las partes procesales renuncian a cualquier tipo de proceso por perjuicios y se declaran por reparados los daños ocasionados.
Esta semana, Mattos aceptaría su responsabilidad en el otro proceso penal que se le adelanta por haberle enviado 100 millones de pesos en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Carmen Ligia Hernández, después que dejara en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron.
Igualmente, el viernes 22 de abril se conocerá el monto de la condena por sobornar con 700 millones de pesos al juez civil Reynaldo Huertas. En un principio, el fiscal Álvaro Betancur pidió una pena entre los 96 y 144 meses de prisión (8 y 12 años), esto teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue acusado.
Sin embargo, debido a la aceptación de cargos, el empresario podría pagar una sentencia de 95 meses de prisión, es decir, siete años y nueve meses. Igualmente, se pide pagar una multa para reparar a la víctima reconocida (Rama Judicial), la inhabilidad para ejercer cargos públicos y tomar acciones para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
El fiscal señaló que por la naturaleza de los delitos el empresario no podrá acceder a beneficios judiciales como la detención domiciliaria o la libertad condicional. Mattos habría planeado y ejecutado esta manipulación en el reparto en los juzgados civiles de Bogotá para salir victorioso en un litigio jurídico que tenía con una empresa ecuatoriana, hecho por el cual todo esto tenía un objetivo meramente económico y lograr mantener su poder y patrimonio económico.
En la actualidad, Mattos se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Cómbita (Boyacá), a donde fue trasladado después de protagonizar un escándalo relacionado con salidas a una oficina en el norte de Bogotá aprovechando permisos injustificados.
