Viaje al pasado a través de la medicina forense

La historia de la muerte del comandante Carlos Pizarro Leongómez, uno de los fundadores del M-19 y candidato presidencial, está llena de interrogantes que no han tenido respuesta desde el día de su asesinato, el 26 de abril de 1990. Por ello, las autoridades se decidieron por la exhumación de sus restos.

La decisión se toma luego de que un fiscal de la Unidad de Análisis y Contexto ordenó el procedimiento para aclarar algunas dudas sobre la causa de la muerte del militante.

Según los reportes preliminares, el informe balístico de trayectoria (que establece la relación del origen del fuego –tirador– y el punto de llegada del proyectil), hecho hace dos meses por el CTI, no concuerda con la historia conocida acerca de la muerte. Por ello se exhumaron los cuerpos de Pizarro y del sicario que le disparó en pleno vuelo entre Bogotá y Barranquilla, en abril de 1990.

Las exhumaciones habitualmente van seguidas de una autopsia o una reautopsia. Estos procedimientos pueden brindar información incluso si se sospecha de una muerte por envenenamiento aun en cadáveres tan antiguos como el de Simón Bolívar, que fue exhumado el 17 de julio del 2010, tras 184 años de su muerte. El fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez dudaba de la versión histórica que reza que el libertador murió de tuberculosis, por lo cual quería descartar que no hubiese sido envenenado.

En las muertes violentas, como la de Pizarro, las exhumaciones suelen tener el propósito de aclarar discrepancias en la dirección o la distancia de los disparos, por una o varias de las siguientes causas:

1. No haber establecido el ángulo de arribada del proyectil sobre la piel.
2. Confusión en orificios de entrada o salida.
3. Omitir el examen de las prendas de vestir de la víctima.
4. Ubicar las posiciones de la víctima y el victimario tomando como referencia exclusiva la trayectoria que el proyectil tuvo dentro del cuerpo.
5. Discrepancias en diagnósticos grupales, datos de suprema importancia ya que es posible que en el lugar del hecho el rastro de sangre se contamine o altere por causas diversas. Resulta entonces que el laboratorio policial halla un grupo sanguíneo y la morgue judicial otro. La repetición de la prueba en tejidos cadavéricos aclara la duda.

En este caso, también se aclararía la hipótesis de la familia del fallecido comandante guerrillero. Según María José Pizarro, “hubo responsabilidad por parte del Estado por acción y por omisión en el momento del asesinato. Él estaba custodiado por el DAS y era uno de los hombres más protegidos del país, hay muchos interrogantes”.

En el expediente están consignadas las versiones de testigos que dicen que el sicario Gerardo Gutiérrez, alias ‘Jerry’, cometió el crimen, arrojó su subametralladora Mini Ingram que descargó en la espalda de Pizarro, se tendió en el piso del avión y gritó que no lo mataran. Sin embargo, uno de los detectives del DAS que formaban parte del esquema de seguridad de Pizarro le pegó un tiro en la cabeza. Su versión y la de sus compañeros dicen que el sicario nunca se rindió.

Además de la virtual ejecución del asesino, se pretende verificar si alguna de las heridas en el cuerpo del candidato pudieron ser causadas por la misma arma que acabó con la vida de Gutiérrez. Los investigadores sostienen que entre los crímenes de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo Ossa (candidato de la UP asesinado en marzo de 1990) y del mismo Pizarro hubo vasos comunicantes y que uno de ellos fue la infiltración de sus esquemas de seguridad a través de agentes del DAS.

La hija de Pizarro dice que espera que con estas diligencias se pueda llegar a la verdad sobre los autores intelectuales del homicidio.

Ahora tiene la palabra la ciencia forense frente ante un crimen del cual el único condenado es el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño.