Escolta de Carlos Pizarro ¿sin salida?

En enero de de 2017 fue capturado el exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz, vinculado por la Fiscalía a la investigación del asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro. Mientras se adelanta su investigación, el ente acusador le impuso una medida de aseguramiento intramural en la cárcel La Picota, que cumple desde su captura.

Luego de ser acusado por el homicidio de Pizarro, la defensa de Gómez Muñoz apeló la decisión y desde ese momento el caso ha tenido todos los recursos posibles por parte de la defensa del exagente del DAS. Así, el señalado ha solicitado un cambio en la medida de aseguramiento intramural por una de casa por cárcel e incluso la libertad completa, peticiones que fueron rechazadas  por el Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó su permanencia en la cárcel.

Esto lo llevó a presentar una demanda de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar el amparo a su derecho al debido proceso, la libertad, la defensa y la igualdad. Sin embargo, el alto tribunal consideró que no existe ninguna vulneración de garantías fundamentales en la decisión que ya había tomado el Tribunal Superior de Bogotá. 

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En contexto

Ad portas del vencimiento de la medida de aseguramiento, que en casos de homicidio es de un año, prorrogable máximo un año más, el 15 de enero de este año el acusado estaba a un día de recobrar su libertad hasta que el despacho judicial jugó una nueva carta: invocó el Artículo 23 de la Ley 1908 de 2018 que incluye el Artículo 307 A del Código de Procedimiento Penal. Con esto, el juez puede prolongar la medida de aseguramiento por dos años, pues la norma permite hacerlo en casos de Grupos Delictivos o Armados Organizados.

Esto se puede entender en la medida en que el homicidio de Pizarro no es un hecho aislado, sino que, presuntamente, hacía parte de un plan organizado para acabar con su candidatura presidencial, de lo cual hace parte la eliminación del autor material de los hechos para así procurar que el caso quedara en la impunidad.

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La decisión fue apelada por la defensa del acusado y por la representante del Ministerio Público, arguyendo que el artículo en el que se soporta el juez, no tiene cabida en este caso pues los delitos que se le imputan "no llevan necesariamente a afirmar que el señor Gómez Muñoz hiciera parte de un Grupo Armado Organizado (GAO)”.

La apelación será remitida a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá que decidirá acerca de la voluntad de prórroga de la medida de aseguramiento del exagente del DAS.

El crimen en pleno vuelo

A sus 38 años y luego de firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, el exjefe guerrillero se había convertido en uno de los candidatos presidenciales más carismáticos para las elecciones que sucederían al liberal Virgilio Barco en 1990. Justo un mes antes de los comicios electorales, una escena digna de Tarantino, acabó con la vida del cuarto candidato presidencial, víctima de un periodo de violencia dirigido por la mafia y el paramilitarismo.

El 26 de abril de 1990 Pizarro embarcó un avión a las 9:30 a.m. rumbo a Barranquilla. Contados minutos después y a una altura de 17.000 pies, Gerardo Gutiérrez Uribe, un joven sicario de 22 años se levantó de su asiento al frente del avión y se dirigió al baño trasero, unos puestos después del candidato presidencial. En el baño (tal como estaba planeado) encontró un arma de fuego oculta entre la cisterna. Al salir del lavabo avanzó un metro, apuntó el arma a la nuca de Pizarro y le propinó múltiples disparos. Cuando la conmoción se tomó la cabina, de inmediato, el sicario arrojó el arma y se tendió en el suelo. Los escoltas del DAS (tal como estaba planeado) acribillaron allí mismo al sicario.

En sus planes, Gutiérrez esperaba ser detenido y purgar una larga condena. No esperaba morir con su víctima en el avión. Le habían dicho –cuando le propusieron cometer el crimen– que si se rendía de inmediato nada le pasaría. Pero los agentes del DAS tenían otro plan: silenciar para siempre a ese eslabón de tal forma que la investigación no fuera más allá del autor material. Contra el éxito de ese plan lucha la Fiscalía, 30 años después del magnicidio de Pizarro.

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Según los testimonios recaudados por la Fiscalía, alias Yerri, el joven verdugo de Pizarro, se habría tirado al suelo desarmado y estaba boca abajo, en una posición indefensa, cuando recibió cuatro disparos por parte de Jaime Ernesto Gómez Múñoz, el exagente del DAS que fungía como escolta del candidato Pizarro.

A simple vista el guardaespaldas sería el bueno de la historia, pero la investigación de la Fiscalía sufrió un punto de giro cuando surgió la teoría de que todo pudo haber estado planeado desde antes, incluso con colaboración de agentes del Estado. Para el ente acusador resulta curioso que Gómez Muñoz haya reaccionado de una manera tan determinante en pleno avión a 17.000 pies de altura y con más pasajeros a bordo, más aún cuando el escolta nunca había tenido que entrar en acción en sus años de carrera. Otro dato inquietante es el hecho de que este escolta fue puesto en el esquema de seguridad de Pizarro tan solo una semana antes de aquel vuelo.

Argumentando la teoría del papel de agentes del Estado en el crimen de Pizarro, la Fiscalía logró prorrogar la detención de Gómez Muñoz. Ahora, cuando el máximo tribunal acaba de confirmar la medida de aseguramiento, el desafio del ente acusador es vencerlo en juicio.