Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, habría dado instrucción de desviar dineros de la UNGRD: Corte Suprema

El desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), al parecer, fue consumado. Así lo demuestra la ponencia del magistrado Francisco Farfán, integrante de la Corte Suprema, por la que se abrió investigación formal contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Sneyder Pinilla. El documento salpica a exfuncionarios del Gobierno Petro, como Carlos Ramón Gonzáles, exdirector del Dapre; Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones de la Presidencia; y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El documento detalla que desde el mes de septiembre de 2023, presuntamente se reunieron todos esos funcionarios con los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, para apropiarse de los recursos de la entidad. Entre otras cosas, para sobornar congresistas a cambio de que ayudaran en la aprobación de las reformas legislativas presentadas por el Gobierno Petro, para modificar el Sistema Pensional y el Sistema de Salud.

Entre esos dineros, habrían salido los 3.000 millones de pesos para el expresidente del Senado, Iván Name; y 1.000 millones de pesos para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. Sobre ese presunto soborno, la ponencia del magistrado Farfán da un detalle contundente: “La entrega del dinero a los referidos miembros del Congreso de la República, la habría efectuado Sneyder Pinilla por orden de Olmedo López, y siguiendo este último, instrucciones de altos funcionarios del Gobierno nacional, entre estos, de Carlos Ramón González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”.

Los argumentos del togado se basaron en las explosivas confesiones que hizo Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectores de la UNGRD, y las cuales dejaron serías advertencias de la Corte como que los hechos de corrupción sí se habrían presentado. Las pruebas dentro de este expediente vinculan al exdirector del Dapre y el DNI, Carlos Ramón González, y la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz.

“En el recurso de la investigación previa, la Corte recaudó importantes medios de convicción, a partir de los cuales se puede inferir en un primer nivel de análisis, que los hechos puestos en conocimiento de esta Sala Especial de Instrucción, efectivamente tuvieron ocurrencia, lo que permite ordenar la apertura de la instrucción formal, como quiera que al mismo tiempo resulta posible la comisión de varias infracciones penales por parte de los investigados, las cuales atentan o lesionan la administración pública”, dice la ponencia del magistrado Farfán.

La ponencia también detalla que a Name se le habría entregado el dinero en dos entregas de 1.500 millones de pesos cada una, a través de la entonces Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Mientras que Andrés Calle, supuestamente recibió 1.000 millones de pesos en su apartamento en Montería, hasta donde se desplazó Sneyder Pinilla.

Uno de los hallazgos más relevantes que se evidencia en la ponencia tiene relación con “el dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado además para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”.

Las pruebas que hoy tiene la Corte Suprema suma un estudio de georeferenciación de ubicación del teléfono de Sneyder Pinilla, para confirmar sus movimientos cuando, según él, le hizo entrega del dinero al representante Calle. Así mismo, hay mensaje de WhatsApp de las conversaciones entre Pinilla, Olmedo López, Sandra Ortiz y Andrés Calle.

En la declaración que dio Olmedo a la Corte, dice la ponencia, “según él, cumpliendo la instrucción que le impartió Carlos Ramón González Merchán, exdirector de la UNGRD, le ordenó a su subalterno, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, que consiguiera 4.000 millones de pesos, para entregarlos a Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas”.

Según el exdirector del Dapre, la orden de desviar el dinero de la UNGRD fue impartida en septiembre de 2023 tras una reunión con el entonces director del Dapre, Carlos Ramón Gonzáles, para entregar el dinero a los dos congresistas, que habría terminado en apoyos a las campañas de sus familiares que participaban en la jornada electoral.

En las declaraciones que Carlos Ramón y Sandra Ortiz le entregaron a la Corte, reconocieron “el vínculo de amistad cercana y la afinidad política entre los dos testigos y el senador Iván Leonidas Name Vásquez, además de la militancia de los tres en el partido Alianza Verde, al igual que la cercanía existente entre la exconsejera Ortíz Nova, y la hija de quien fuere presidente del Congreso, María Clara Name Ramírez, actual concejal de Bogotá”.

La Sala de Instrucción consideró que los dos congresistas habrían coincidido con los delitos de cohecho Impropio, en calidad de autores, y Peculado por Apropiación en Favor de Terceros agravado, en calidad de intervinientes.