Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, pide al Gobierno Petro tomar medidas ante el paro armado anunciado por el ELN

En el medio de la ‘Cumbre de Gobernadores, construyendo el desarrollo desde las regiones’, que se lleva a cabo en Cartagena, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, se mostró preocupada por el reciente anuncio del grupo guerrillero ELN, respecto a un paro armado en ese departamento a partir de las 00:00 horas del sábado 10 de febrero.

La gobernadora se pronunció, a pocos días de que se conociera que el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN prolongaron por seis meses el cese al fuego.

“El Chocó nuevamente se enfrenta a una violación masiva de derechos humanos por paro armado anunciado por el ELN. Esta vez, a tan solo días del anuncio de la prórroga del cese al fuego”, dijo la gobernadora del Chocó frente al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y toda la cúpula militar y policial.

Por lo tanto, la mandataria departamental pidió al Gobierno Petro tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad y bienestar de los residentes en las áreas afectadas por esta amenaza, y que se prevenga la recurrencia de situaciones similares en el futuro.

“Nuestra prioridad debe enfocarse en garantizar la movilidad de las comunidades, el acceso a la salud y la garantía de la seguridad alimentaria. El confinamiento al que viene siendo sometida la población de más de cinco municipios del Río San Juan no puede ser admitida desde ningún punto de vista. Aboca a la intervención de todas las entidades del orden nacional y territorial, así como de los cooperantes internacionales. ¡Se trata de los derechos humanos de la gente!”, agregó la gobernadora a través de su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter.

Vale recordar que la orden del paro armado en Chocó fue emitida por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que aterroriza con sus acciones criminales a los habitantes del Pacífico. La situación no es una novedad en la región: las personas no podrán transitar desde este sábado por los afluentes más importantes de la región, porque la seguridad estará al mando de ellos.

La amenaza cobija a los ríos San Juan, Sipí y Cajón. Las más afectadas serán las comunidades indígenas que, otra vez, tendrán que encerrarse en sus territorios hasta que las autoridades les den garantías de protección. Allí hay denuncias por homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, violaciones e intimidaciones.

Fueron varios los argumentos que retomó la guerrilla para justificar la medida: la crítica situación humanitaria que hay en el departamento, la supuesta alianza entre paramilitares y la fuerza pública, el uso de las poblaciones como escudos humanos y los estragos que ha dejado la violencia en el territorio.

En un documento se lee: “Se vienen presentando combates con nuestro Ejército de Liberación Nacional en defensa de las comunidades, seguimos denunciando la colusión entre militares y paramilitares de la región. Por tal motivo, declaramos paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón”.

Incluso, la organización advirtió: “Invitamos a la población a que se abstenga de moverse para evitar incidentes”. Frente a esta amenaza, la Defensoría del Pueblo mostró preocupación y las Fuerzas Militares anunciaron una vigilancia especial en ese sector del Pacífico colombiano, afectado de manera constante por el ELN.