Carrusel de contratos: absuelven a exconcejal Omar Mejía Báez

Más de diez años después de que explotará el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá el caso se sigue moviendo en los tribunales, esta vez por la absolución del exconcejal Omar Mejía Báez.

Báez fue imputado por la Fiscalía por el delito de cohecho propio y en el marco del mayor escándalo de corrupción de Bogotá, el carrusel de contratos que tiene a más de 25 personas condenadas por el multimillonario desfalco a la capital en contratos y adiciones, para la construcción de la malla vial y otros temas de interés ciudadano.

La Fiscalía vinculó al exconcejal en el capítulo de las ambulancias, el millonario contrato firmado por el entonces secretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano, para la compra de equipos y vehículos destinados a la atención de emergencias en la ciudad y que terminó en otro millonario desfalco a los contribuyentes.

La imputación se hizo en 2015 y, casi seis años después, la defensa del exconcejal, en cabeza del abogado Juan Sebastián Fajardo, logró demostrar que el único testigo en contra de su cliente, justamente el exsecretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano, llevó a un engaño a la Fiscalía y la justicia, con el pretexto o la idea de brindar colaboración efectiva, claro a cambio de beneficios judiciales.

Este jueves y luego de hacer un riguroso análisis, de escuchar los testigos de la defensa y la Fiscalía, de revisar el material probatorio y profundizar en este escándalo de corrupción, un juez de conocimiento tomó la determinación de absolver al exconcejal Omar Mejía Báez en una importante decisión que pone sobre en debate la colaboración que entregaron los testigos presentados por la Fiscalía.

Hace tres meses, en otra decisión, la misma Fiscalía archivó la investigación que cursó contra Javier Hernández López, el exvicepresidente ejecutivo de la ANI y exviceministro de Transporte, procesado en este mismo escándalo, por las presuntas irregularidades en una licitación convocada por Transmilenio, en 2009, para la concesión de las 13 zonas donde operaría el Sistema Integrado de Transporte (Sitp), en Bogotá.

“Mediante inspección en la Personería de Bogotá y en la Procuraduría General de la Nación, obtener información sobre las investigaciones que adelantaron estas dos entidades sobre las posibles irregularidades ocurridas con la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – S.I.T.P., a través de la licitación 004 de 2009 que realizó la empresa Transmilenio S.A.” señala el documento que sirvió para archivar la investigación contra el ex viceministro y el resto de ex funcionarios investigados.

La Fiscalía investigó por más cuatro años, recuperó testimonios, realizó inspecciones a otras entidades como la Procuraduría, Contraloría y Personería Distrital, todo con el objetivo de obtener información relevante para definir si era necesario continuar con la investigación y llegar a una eventual imputación de cargos. El resultado fue todo lo contrario, en criterio de la Fiscalía no se hallaron indicios de la comisión de delitos.