'Carrusel': ¿por qué no pasa (casi) nada?

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre si el alcalde Samuel Moreno era protagonista del saqueo a Bogotá o por el contrario todo lo habían hecho a sus espaldas, tres nuevos testimonios, conocidos la semana pasada, parecen despejar cualquier interrogante.

El primero es del exsecretario de Salud Héctor Zambrano. Y es tal vez el más importante de todos los testimonios que se han dado porque era uno de los hombres de confianza de Samuel Moreno, al punto de que varias veces lo dejó como alcalde encargado.

Zambrano, en un interrogatorio ante la Fiscalía, dijo que las mordidas se daban por orden de Samuel y de su hermano, el entonces senador Iván Moreno. Y contó en detalle cómo lo hicieron en el caso del contrato de las ambulancias, que él mismo entregó por 67.000 millones de pesos. Según él, fue Iván quien le dijo que se reuniera con los que ganaron la licitación “porque allí se iban a dar unos beneficios económicos” y le pidió que “coordinara con Emilio Tapia” la entrega del dinero.

“Empecé a recibir desde el 21 de septiembre de 2009 recursos por dicha comisión para ser distribuidos entre quienes tanto el alcalde como su hermano Iván Moreno me habían mencionado”, confesó Zambrano en el interrogatorio que reveló el diario El Tiempo. “Yo recibí un total de 5.180 millones de pesos, durante todo un año, en diferentes entregas”, añadió (ver detalles en recuadro).

Los otros dos testimonios son de los polémicos contratistas Miguel y Manuel Nule, que están ya condenados a 15 años de prisión por el cartel de la contratación. Lo valioso de estos testimonios es que es la primera vez que los Nule hablan como testigos en un juicio (en este caso contra el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi y la exdirectora del IDU Liliana Pardo). 

Los dos contaron un detalle hasta ahora desconocido en el controvertido tramo del TransMilenio de la avenida 26. Según ellos, cuando comenzaron a presionarlos para que cedieran el contrato se enteraron por su abogado que tenían que cederlo porque la Alcaldía iba a “repotenciarlo”, es decir, iba a inyectarle más dinero y quien lo recibiera debía entonces pagar “30.000 millones de pesos” a los hermanos Moreno. 

“La persona que estaba interesada en el negocio era Samuel Moreno”, dijo Miguel Nule ante el juez. Y su hermano Manuel complementó: “En Miami, Emilio Tapia y Julio Gómez nos comentaron que los Moreno no querían entregarnos la repotenciación porque no estábamos pagando las exigencias de dinero”.

El contrato, cabe anotar, fue cedido a Conalvías y la Alcaldía le hizo una adición de 190.000 millones de pesos. A eso se refirió Miguel Nule cuando dijo: “Una cosa fueron los hechos de las coimas y las comisiones que salieron del dinero de los contratistas y otra los 100 millones de dólares que se perdieron en el contrato de la 26 como producto única y exclusivamente de las modificaciones ilegales a un contrato”.

Esos tres testimonios se suman entonces a otros elementos de prueba que la Fiscalía ha recogido en los últimos dos años (ver recuadros) y por los cuales asegura que el saqueo de Bogotá estuvo orquestado por los hermanos Moreno Rojas.

La pregunta ahora es ¿por qué entonces no ha pasado nada con Samuel e Iván Moreno? La respuesta en parte tiene que ver con que el alcalde y el senador se han convertido en expertos en todo tipo de maniobras para tomarle el pelo a la Justicia.

El exalcalde, que completó dos años detenido, tiene dos procesos. En el primero su defensa ha usado todos los recursos que el Código de Procedimiento Penal le permite para bloquear el avance del caso. Casi diez veces se ha frenado el proceso por periodos hasta de un mes para atender las nulidades y apelaciones que interpone Moreno. “Eso parece una procesión de Mompox: dos pasos para adelante y uno para atrás”, explica un conocedor del caso.

La estrategia es evidente: lo que buscan es hacer vencer los términos para pedir la libertad del preso. En efecto, el año pasado pidieron tres veces la libertad de Samuel. Para evitar que saliera de su sitio de reclusión, la Fiscalía le tuvo que hacer una segunda imputación de delitos que, como en el primer caso, están relacionados con los dos contratos de malla vial y el tramo de TransMilenio de la 26, que fueron la chispa que hizo estallar el escándalo del carrusel de la contratación. Ahora, se prepara una tercera imputación, por el caso de las ambulancias, en donde la Fiscalía tiene pruebas más contundentes contra el exalcalde.

En cuanto a Iván Moreno, por haber sido senador en el momento en que ocurrieron los hechos, su caso lo lleva la Corte Suprema. Y en la misma tónica de su hermano Samuel se ha dedicado a hacerle esguinces a la Justicia. Su juicio ha sido de los más extensos y demorados en la Corte, empezó el 30 de mayo de 2012 y lleva 34 audiencias.

El jueves pasado, por ejemplo, Iván no asistió a la audiencia que estaba programada en la Corte Suprema. Su abogado lo excusó diciendo que estaba enfermo y también alegó problemas de transporte desde La Picota.

No es la primera vez que Iván Moreno muestra desgano a la hora de cumplir a los llamados de los seis magistrados que lo están juzgando. Por eso, pidieron un peritaje de Medicina Legal y al director de La Picota que explique si hay o no problemas de transporte. 

Fuentes del Inpec le contaron a SEMANA que Iván Moreno en varias ocasiones no ha estado listo cuando llegan los guardianes para llevarlo a la Corte. Por lo general, a la hora prevista para la salida, siempre está en toalla camino a la ducha. ¿Por qué se le permiten estas atribuciones a un recluso que según indicios habría orquestado el robo de casi 1 billón de pesos de los bogotanos?

Iván se ha convertido en una especie de mandamás en el pabellón de parapolíticos de La Picota. “Es como un niño malcriado y caprichoso que, por alguna extraña razón, está convencido de que aquí se debe hacer lo que a él se le da la gana”, le dijo a Semana.com hace unos meses uno de sus compañeros de presidio. 

Iván ha logrado que sus familiares, abogados, hasta sus empleadas domésticas (que van a prepararle comida) y las niñeras de su hijos puedan llegar en vehículo particular hasta la puerta del pabellón donde él está. Un privilegio que solo deben gozar personas con incapacidad. Así mismo, según contaron varias fuentes, Moreno dispone a su gusto de algunas celdas. 

A una de ellas le puso un ventanal y ordenó cerrar el pasillo exterior para hacer un salón de juegos para sus hijos, pero ante la protesta de otros reclusos, no usó esa celda y se la adjudicó a un exalcalde.

Y como si eso fuera poco, como lo reveló la versión en internet de esta revista, a finales de mayo Iván Moreno salió de su pabellón como Pedro por su casa para ingresar al pabellón de funcionarios públicos, donde se hallaba detenido el exsecretario Héctor Zambrano. 

Iván, que estudió Medicina, explicó en una carta que se trasladó para atender a la hija de una dragoneante que estaba enferma. Sin embargo, los conocedores de los intríngulis del cartel de la contratación de Bogotá están convencidos de que estaba buscando a Zambrano para evitar que este negociara con la Fiscalía. De hecho, el exsecretario dijo en su interrogatorio que Iván había ido a “amenazarlo” y “presionarlo” para que no colaborara con la Justicia. 

La mayor preocupación tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema es que los hermanos Moreno Rojas logren que un juez les dé la libertad por vencimiento de términos y ellos se puedan escabullir definitivamente. En el caso de Iván, tendría la ventaja de que es ciudadano de Estados Unidos y tiene propiedades en ese país que le permitirían permanecer en él.

Por ahora sigue la operación tortuga aplicada por los nietos del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. La Corte citó el próximo 2 de diciembre a nueva audiencia en el caso del exsenador. Pero todavía falta mucho. Además, en la medida en que la Fiscalía avanza, la Corte va recibiendo nuevos elementos probatorios. 

De hecho, en septiembre pasado, la Sala Penal le agravó la calificación del delito: antes era tráfico de influencias, y ahora lo cambió a autor y determinador del interés ilícito en la celebración de contratos. También se le sigue otro juicio por cohecho y concusión.

En cuanto a Samuel Moreno, el primer caso va en audiencia preparatoria, que es la fase anterior al juicio. Y esa audiencia, que en teoría debe durar máximo 90 días, comenzó hace un año y medio. En este momento está parada porque la defensa interpuso una nueva apelación y el tribunal la está resolviendo. El segundo caso también va en audiencia preparatoria y, aunque puede ir más rápido que el anterior, también se ha dilatado porque la defensa de Moreno ha pedido varias veces que se anule.

En el caso del exalcalde la Fiscalía está buscando un acuerdo con él. Por eso, tal vez no le ha hecho la imputación del nuevo caso de las ambulancias. La idea es que Samuel acepte los cargos y así se evitaría un nuevo viacrucis con el juicio. 

La propuesta es bastante polémica. Por un lado, quienes la defienden, sostienen que de esa manera se hace más eficiente la Justicia, se evita recargar al sistema con un juicio que puede tomar tres o cuatro años y también se evita el riesgo de que el recluso logre la libertad por vencimiento de términos y evada la Justicia. 

Pero por otro lado, hay quienes consideran que los acuerdos se deben hacer con los lugartenientes de la organización criminal y no con los peces gordos, sobre todo cuando ya se tienen pruebas para, en teoría, condenarlos. Sobre todo porque si la condena termina siendo baja, comparada con el daño que se causó, no se logra un efecto ejemplarizante.

Este caso, además de descubrir todos los engranajes del escándalo de corrupción más aberrante en la historia del país, también debe darle lecciones a la administración de Justicia sobre qué errores se deben corregir para evitar que los poderosos se la pongan de ruana.