La conmovedora carta de Andrés Camargo a los estudiantes de los Andes

Como "un inocente condenado" se define Andrés Camargo, ex director del IDU condenado a cinco años de cárcel por cuenta de las losas de Transmilenio, en una sentida carta que escribió para los estudiantes de la Universidad de los Andes.

La suerte de Camargo podría cambiar este viernes 28 de octubre. En la sala de selección de Tutela de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, se decidirá el recurso de insistencia para que sea seleccionada la Tutela presentada por el exfuncionario.

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El recurso de insistencia fue presentado por el magistrado Alejandro Linares por considerar que es una oportunidad para que la Corte estudie la prescripción que alega Camargo, quien como todo el país sabe se ha presentado diligentemente a cada instancia atendiendo siempre el llamado a la justicia.

Este caso ha sido objeto de mucho análisis e incluso en la última semana en la Universidad de Los Andes se debatió intensamente en un foro organizado por la Facultad de Derecho, en el que la conclusión unánime fue que se ha cometido una injusticia. Al ser seleccionada para estudio, el alto tribunal tendrá la oportunidad de revisar el caso.

Precisamente con ocasión del foro en la universidad, Camargo escribió una carta para los asistentes. En ella resaltó la ausencia de sentido común en su caso. También cuenta los días en prisión: 524, hasta el 26 de octubre. Él tiene la esperanza de convencer a quienes lean la misiva de la "injusticia de la condena" para limpiar su buen nombre y honra.

Esta es la carta:

"Apreciados Señores,

Para alguien que tiene la plena certeza y la convicción de haber actuado siempre pulcra y correctamente, pero está condenado en prisión, es muy esperanzador el que la facultad de derecho de una universidad tan seria y prestigiosa como la de Los Andes organice un foro para analizar el caso que lo llevó a uno a la cárcel. Este miércoles 26 de octubre se cumplen 524 días de estar privado de la libertad y confío en que las conclusiones de hoy, si bien es posible que no produzcan efectos jurídicos inmediatos que mejoren mi situación, si ratifiquen el carácter de injusticia de mi condena. El buen nombre y la honra de un ciudadano decente son su mayor activo. Aspiro a que los participantes en esta reunión y los que posteriormente lean las memorias si las hubiese, queden convencidos de los míos.

Por mi formación y experiencia profesional no estoy en capacidad de aportar luces jurídicas al asunto. Los panelistas invitados serán quienes adelanten el debate jurídico. Sin embargo, consideré muy importante escribir estas líneas para exponer mis argumentos sobre lo que considero una inmensa injusticia, basado fundamentalmente en el sentido común. Considero que en mi caso, al igual que en muchos otros en nuestro querido país (más de los que quisiéramos) la justicia está obrando en contravía precisamente de ese sentido común.

Estoy condenado a cinco años de prisión, al pago de 108.000 millones de pesos de perjuicios y a la suspensión atemporal (es decir para siempre) de la posibilidad de desempeñar cargos públicos o contratar con el estado, por el delito de celebración indebida de contratos. Yo no cometí delito alguno. Esta afirmación está basada en cuatro aspectos fundamentales:

1. Ausencia de motivación: cuál es la razón que puede llevar al director de una entidad que ejecutó una infinidad de obras (más de 1.500 contratos en 2,6 billones de pesos de ejecución), a decidir precisamente en el proyecto de la autopista norte, contratarlo sin los diseños completos. No existe una referencia en los fallos, ni se intentó siquiera probar cuál podría ser esa motivación, simplemente porque no existe. ¿Para qué? ¿Qué buscaba?

2. Presunción de culpabilidad: a pesar de todos los testimonios que señalaron que no se me comentó ni tuve conocimiento de falencia alguna en los diseños, ni participé en la decisión de un cambio de material, los falladores concluyeron que yo debía saberlo porque asistía a “múltiples reuniones”. No hay un acta, ni una manifestación concreta o declaración específica en ese sentido. Solo generalidades acerca de los temas tratados en ellas, a partir de las cuales se presume que se habló del tema. Para salir libre, hubiera debido efectuar la imposible demostración de que no sabía algo, en lugar de que se haya demostrado contundentemente que si sabía.

3. Ausencia de provecho ilícito: nunca he entendido del todo los cambios de legislación respecto a este delito. Lo que sí tengo muy claro, y así lo corroboran todos los fallos, es que no hubo provecho ilícito ni para mí, ni para nadie. La obra no costó más, nadie se apropió de un peso, la licitación fue limpia y transparente, etc. Los errores fueron técnicos. ¿Por qué entonces hay un delito? ¿Qué beneficio obtuve?

4. Desconocimiento de los principios de desconcentración de funciones y de confianza: como mi función era “coordinar, controlar y dirigir....” he debido revisar personalmente todos los trabajos de todos los más de 1.200 subalternos para evitar que hubiera un error en ellos!!! Me condenaron penalmente i. porque permití que en un comité al que no debía asistir, alguien tomó una decisión errada, ii. porque licité con unos diseños que alguien entregó y alguien más recibió a satisfacción, pero estaban incompletos iii. porque contraté con unos pliegos en los que a alguien le faltó incluir algo. O sea que tenía que hacer todo yo como Director. Valga decir que nunca delegué, simplemente eran funciones de otros.

Podría exponer algunos argumentos adicionales, amén de explicar detalladamente las “rarezas” procesales en mi contra, pero solo enunciaré algunas: expediente incompleto sin audios del juicio para la 2a instancia, prueba de perjuicios rechazada por la juez de 1a instancia por ilegal pero usada para condenar en 2a, fallo dos veces por los mismos magistrados, devolución de la prescripción, entre otras.

Y para completar el horroroso panorama (desde mi punto de vista de inocente condenado) intereses políticos que inician con un debate en el Senado y siguen durante todas las campañas de Enrique Peñalosa a algún cargo púbico de elección popular (no ha habido un año desde el 2002 en que no hubiera estado en campaña para alguno), amén de los intereses económicos de los abogados penalistas contratados con comisión de éxito (así buscan que haya un culpable para ganarse la plata y no que haya justicia).

Quisiera concluir citando un aparte de la providencia de la Fiscalía General de la Nación con la que precluyó la investigación para la Troncal de la calle 80 en la que se me imputaba exactamente el mismo delito: “no todo problema o controversia de carácter contractual, cae en la esfera del derecho penal. Esa es la peligrosa tendencia que infortunadamente ha hecho carrera en nuestro medio consistente en darle siempre alcance penal a toda controversia que se presente sobre la celebración de un contrato.”

Pido a Dios que las conclusiones de este foro produzcan los cambios necesarios para que no se repita esta injusticia y se desincentive así a las mejores personas a ocupar cargos públicos, pero sobretodo, que generen un cambio de conciencia y actitud en algunos de los que ejercen el poder judicial, para que se despojen de los intereses que desvían su criterio; solo así podremos los colombianos volver a creer en la justicia. Creo que fue Quevedo el que dijo: “cuando no existe justicia, es peligroso tener la razón”. Esa no puede seguir siendo la realidad de nuestro país.

Andrés Camargo Ardila"