La carta que nunca llegó a Estados Unidos sobre el caso Santrich

Esta semana quedaron en el limbo la decisión de extraditar o no a Jesús Santrich y el impacto que esa medida, cualquiera que sea, producirá en el proceso de paz y en el acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos. Pero no por el choque de sesudos conceptos jurídicos o por diferencias entre jurisdicciones enfrentadas. Da pena decirlo: por un error inaudito. Al cabo de dos meses y una semana, Colombia no pudo hacer llegar una carta al Departamento de Justicia, en Washington.

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Si no se tratara de un asunto de Estado, lo que ocurrió con la carta rogatoria del caso Santrich sería un chiste inverosímil. La Fiscalía General capturó al exjefe de las Farc “con fines de extradición” desde abril de 2018, luego de que Estados Unidos lo acusó de liderar un plan para enviar droga a ese país. Pero, al mismo tiempo, al deponer las armas en el proceso de paz, a Santrich lo ampara la garantía de no extradición. Esa salvedad pierde efecto solo si él cometió delitos después de la firma. La Fiscalía dice que sí y el detenido insiste en que jamás lo hizo. Pero le corresponde determinarlo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y para ello formuló la carta rogatoria en la que solicita a Washington enviar las evidencias que citó en el pedido de extradición. A partir de entonces las cosas se tornaron macondianas.

El 26 de noviembre la JEP remitió la carta a la Cancillería y, dos días después, a la Fiscalía General para que estos entes la hicieran llegar al Departamento de Justicia de Washington. Una semana después la Fiscalía dijo que no era asunto de su competencia, lo mismo consideró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y trasladó la carta al Ministerio de Justicia para que este se ocupara de ello. A su turno, el 10 de diciembre, la cartera de Justicia entregó el sobre a la empresa estatal de correos 4-72. Pero podría haberla metido en un hoyo negro.

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El lunes caducó el plazo de 40 días hábiles que la JEP estableció para recibir respuesta de Estados Unidos. Entendió el silencio como una negativa y los magistrados quedaron abocados a decidir con los elementos disponibles. Pero cuando la Jurisdicción para la Paz anunció que seguiría con el proceso sin contar con las evidencias solicitadas, le cayó una feroz arremetida. A sotto voce algunas personalidades y las redes sociales afirmaron que la JEP mentía y que estaba ocultando las pruebas enviadas. La JEP reafirmó que no había recibido nada. Pero la virulencia ya había hecho llover lodo.

El miércoles, por pura casualidad, estaba en Bogotá el fiscal general de Estados Unidos, Matthew Whitaker, quien contó en una cena que a su país no había llegado carta alguna sobre el caso Santrich. Al mismo tiempo, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, indagó y solo entonces supo que la carta rogatoria había ido a parar a Panamá. No hay claridad sobre el inexcusable extravío, ni ha aparecido el primer valiente que se disculpe ante la JEP por sus difamaciones.

La ministra Borrero, tan avergonzada como sorprendida, dio explicaciones a la JEP y tuvo otra salida en falso cuando dijo que trataría de subsanar el asunto entregando personalmente la carta al fiscal gringo en Bogotá. La idea tampoco prosperó porque este dijo que requería seguir el trámite oficial y el documento original.

Por su parte, la JEP, ante la caricaturesca realidad de que la carta nunca llegó a su destino, dijo que estudiará el asunto y tomará una determinación en los próximos días. El episodio dejó en claro que Colombia sabe cómo proyectar su folclor a nivel internacional.