Cartagena: los otros edificios de arena

El desplome del edificio Blas de Lezo II, en el que murieron 21 obreros y 26 más resultaron heridos la semana pasada, es una de las peores noticias en la historia reciente de Cartagena. Primero, por el número de víctimas. Segundo, porque dejó al descubierto una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años, dedicada a construir con falsas licencias, engañando a centenares de compradores y poniendo en riesgo la vida de obreros y propietarios.

Y en tercer lugar, porque desnudó, ante los ojos de los cartageneros, la negligencia de los funcionarios públicos que deben controlar estas obras. De hecho, en los últimos años las construcciones ilegales han proliferado por toda la ciudad bajo la mirada complaciente de los funcionarios de Planeación Distrital, la dirección de Control Urbano, las alcaldías locales y los inspectores de Policía.

A raíz de esta tragedia, las brigadas distritales ahora sí están revisando si las obras en construcción tienen licencia de las curadurías y cumplen con los demás requisitos de seguridad laboral, retiros y alturas contemplados en las normas de urbanismo. Y en dos días encontraron en 125 inspecciones, que solo 29 tienen permiso de las curadurías urbanas de Cartagena. Es decir, que las otras 96 edificaciones violan las normas en las tres localidades de la ciudad. Las cifras, a medida que sigan las revisiones, van a aumentar.

Precisamente la falta de control en la Heroica se evidencia en lo que hicieron los hermanos Emis, Eusebio, María de las Nieves y Wilfran Quiroz Ruiz, este último propietario del edificio colapsado que causó la tragedia. Entre 2014 y 2017 ellos desarrollaron 32 edificaciones en los barrios Blas de Lezo, Chipre, los Alpes, Marsella, Caracoles, Jardines, Escallón Villa, San Fernando, Alto Bosque, Santa Mónica, El Recreo y Providencia, en su mayoría de estratos 3 y 4. Pero también estaban ofreciendo para estrenar uno en Manga con vista a la bahía, una zona de estrato alto. De esos 32 proyectos, construyeron y entregaron 20 entre 2015 y 2016. Otros diez están para estrenar y otros dos en la etapa de preventa.

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En particular, el edificio caído el 27 de abril era de propiedad de Wilfran Quiroz. En una entrevista en El Universal el pasado miércoles, María de las Nieves le pidió a su hermano entregarse y asumir su responsabilidad. Pero no dijo que tanto ella como sus hermanos también habrían construido edificios con falsas licencias. Por ejemplo, para tres edificios construidos en los barrios Alto Bosque y Country, terminados y habitados, las autoridades verificaron que las licencias urbanas elevadas a escritura pública por María de las Nieves, con los radicados 0447 de octubre 10 de 2014; la 0525 de noviembre 23 de 2015 y la 0239 de 22 de diciembre de 2011, son falsas y que habrían sido clonadas de otras licencias legítimas expedidas a otros constructores.

Por ejemplo, es falsa la licencia 0408 que amparó un edificio de 480 metros cuadrados en un lote de 180 metros, en el barrio Los Caracoles, terminado en 2014, supuestamente fue expedida a solicitud de Wilfran Quiroz. Este habría tomado una licencia legítima otorgada a otro constructor, la copió y le cambió el nombre del proyecto, la ubicación, el área, el número de unidades como si se la hubieran expedido a su firma de construcción. Su hermano Eusebio Quiroz Ruiz también copió o clonó una licencia expedida para otro proyecto con el número 0413 y montó uno en otro barrio, en otro lote y con otras áreas.

En esa estrategia de utilizar licencias falsas, los hermanos Quiroz Ruiz engañaron o habrían contado con la complicidad de una o varias notarías que admitieron las falsas licencias de las curadurías para expedir las escrituras del régimen de propiedad, sin el cual, los bancos no les prestarían dineros a los interesados en comprar.

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¿Por qué el Distrito no controló estas obras si las curadurías, siempre que aprueban una licencia, envían una de las tres copias al archivo general encargado de entregarlas a los funcionarios competentes? Inicialmente, afirma el curador Urbano No. 1, Ronald Llamas, las enviaban a Planeación Distrital, pero en mayo del año pasado les informaron que debían entregarlas en correspondencia de la Alcaldía, donde seguían una ruta interna a través del Sigob desde donde se repartían a los alcaldes locales y a control urbano. Sin embargo, los alcaldes menores ya no tienen la competencia de vigilancia y control, que ahora corresponde a la dirección de Control Urbano de Planeación Distrital.

En junio de 2016 el concejal César Pión convocó un debate sobre el papel de las curadurías, ante el presunto desorden en las licencias de construcción, y asistieron la secretaria de Planeación, los curadores, la directora de Control Urbano, el procurador regional, el personero y la contralora distrital, entre otros. En la introducción, el concejal manifestó que en Cartagena se sigue construyendo sin dolientes, hay dualidad de funciones entre las secretarías y los funcionarios a cargo de controlar las construcciones, los permisos, licencias y la ocupación indebida del espacio público. En el debate, la entonces directora de Control Urbano, Lady Ann Esteer, dijo que la actual administración, al comenzar sus labores, encontró 1.800 quejas no tramitadas y se puso a la tarea de organizar los expedientes. Tras atender a más de 700 personas para conocer la problemática de la ciudad, propuso un plan de acción para controlar las anomalías en las construcciones. Pero esa funcionaria terminó renunciando y el sucesor, Olimpo Vergara, quien renunció esta semana, nunca puso en práctica ese plan de acción.

En Cartagena, afirma el concejal Pión, existen dos mafias de la construcción. Una, de estrato alto, construye con estándares de calidad, pero lo hace en terrenos de bajamar, en rellenos de puertos o caños, con el silencio cómplice de la Dimar. O viola normas de protección del patrimonio en el centro histórico con el aval del Instituto de Patrimonio y Cultura y del Ministerio de Cultura, que acomodan las normas a cada proyecto.

La otra mafia, agrega, se mueve en la periferia, en los estratos medios y bajos, donde hay mayor demanda de vivienda. Allí la gente se vuela la pared y viola las normas al construir sin licencias, sin cumplir las normas laborales ni pagar los salarios legales a obreros que trabajan sin arnés, ni línea de protección, descamisados, sin cascos y sin andamios. En el edificio caído, por ejemplo, le pagaban 25.000 pesos al vigilante, que era venezolano y vivía allá con sus dos hijos.

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Como consecuencia de la presión de los medios y la apertura de las investigaciones disciplinarias ordenadas por el alcalde contra cuatro funcionarios distritales, renunciaron la secretaria de Planeación, Luz Helena Paternina, y el director de la Oficina de Control Urbano, Olimpo Vergara.

Lo increíble es que Wilfran Quiroz pudo haber evitado la muerte de 21 obreros si hubiera atendido la advertencia que le hicieron diez minutos antes del derrumbe del edificio, cuando el maestro de obra y los albañiles le dijeron que había unas fisuras y que la obra estaba temblando. Por el contrario, dio un manotazo al aire y meneó la cabeza con desdén mientras les decía que terminaran, que ya faltaba poco. El edificio se desplomó, se llevó 21 vidas y terminó por derrumbar la confianza en el Distrito. Porque este tenía, y tiene, la obligación de garantizar la legalidad, el control y la calidad de las obras donde residen hoy miles de cartageneros, que sienten pánico de pensar que el edificio donde viven se puede caer.