Cartel de devolución del IVA en la Dian, inhabilitado por 12 años; la decisión fue ratificada por la Procuraduría

Con un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años a seis funcionarios y exfuncionarios de la Dian de la seccional Bogotá, por el llamado Cartel de la devolución del IVA.

Javier Navas Ballesteros, Alonso Viana Cubides, Jaime Enrique Silva Ballesteros, Edgar Pinzón Ardila, Diego Fernando Arturo Gaitán y Omar Gaitán García son los nombres que hacen parte de ese listado que ahora tendrá que apartarse de las entidades públicas.

El desmantelamiento de la red que de manera sistemática, con facturas falsificadas y creación de empresas de papel que se dedicaban a reclamar devoluciones de IVA, llevó varios años y demandó una larga investigación. A los involucrados se les catalogó como Cartel del IVA, pero reclamaban impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios.

En su momento, el entonces director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien fue el que destapó el escándalo, metía la mano en el fuego porque el desfalco era superior a 2 billones de pesos. Y, efectivamente, las investigaciones concluyeron que se trataba de más de 2,3 billones de pesos en un país en el que el nivel de pago de impuestos es bajo y en el que la pobreza absurda requiere de grandes inversiones del Estado para sus ciudadanos, pero siempre se dice que la plata es escasa.

Recibían plata como si fuera un sueldo

La decisión en primera instancia, de la inhabilidad y, por supuesto, de la destitución de los exfuncionarios de la Dian involucrados en la cartelización, había sido tomada por la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que, tras encontrar probadas las faltas disciplinarias emitió el primer fallo que ahora es ratificado.

Los exfuncionarios recibían ‘coimas’ y no solo una sino de manera periódica, como una especie de sueldo por un trabajo, pese a que se trataba de un acto de corrupción contra el Estado, cuyos recursos son aportados por los colombianos. Con la prestación económica facilitaban el reconocimiento y pago de las devoluciones del IVA a favor de algunas empresas creadas y/o asesoradas para la organización R&B Consultores, entre ellas Medal Metal, Cirurtex S.A, durante los años 2010 y 2011, dijo la Procuraduría.

Según las conclusiones del organismo del Ministerio Público, había “una empresa criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dian, que participaron en trámites de devolución de impuesto del IVA, solicitado por empresas ficticias o constituidas sin la infraestructura requerida, creadas o asesoradas por la sociedad R&B Consultores, liderada por la señora Blanca Jazmín Becerra Segura, durante los años 2008 y 2011, simulando operaciones de exportación, obteniendo así de manera irregular la devolución de impuestos a las ventas, soportados en operaciones comerciales ficticias de empresas de papel”, señala el fallo.

El funcionario público debe ser lo más pulcro del mercado laboral

En los países del mundo que han avanzado, el servidor público está entre lo más granado dentro del mercado laboral, principalmente, en lo relacionado con la ética y la transparencia.

En este caso, la Procuraduría advirtió que “los servidores públicos apoyaron de manera directa esta obra criminal brindando información; escribiendo y/o modificando el RUT de las empresas que requirieron fraudulentamente la devolución del IVA; sirviendo de puente para contactar a otros funcionarios; facilitando el trámite de las devoluciones; dando vía libre para avalar las operaciones comerciales que les servían de sustento, y evitando controles o verificaciones”.

En consecuencia, “la Sala Disciplinaria encontró probado que los disciplinados actuaron con conocimiento y voluntad, dado que tenían clara la ilicitud de su comportamiento y de los hechos y, aun así, se encaminaron de manera libre y consciente a concertar la comisión de ilícitos con los integrantes de la firma R&B Consultores, en procura de obtener el reembolso del IVA de manera irregular”.

OJO: La Procuraduría calificó definitivamente la falta de los exfuncionarios como gravísima a título de dolo.