Cartel de la Toga | Así busca tumbar su condena el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte

A 19 años y un mes de cárcel fue condenado el exmagistrado Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Con los años de cárcel que tendrá que pagar el exmagistrado, por ahora se cierra un ciclo en el proceso de defensa que desde el inicio de la investigación mantuvo Ricaurte al insistir en su inocencia. Su abogado, Juan Sebastián Fajardo, ya presentó la apelación con la que pide absolver a Ricaurte.

En la apelación, conocida en su totalidad por SEMANA, Fajardo –defensor de Francisco Ricaurte– considera que el único acto de corrupción que en este caso se encuentre debidamente acreditado, es aquel cometido por el exfiscal anticorrupción, hoy principal ventilador en el escándalo, Gustavo Moreno Rivera, con el exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz.

El documento está dirigido a Juan Carlos Arias Bernal, de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Uno de los nombres que menciona la apelación es el de Álvaro Ashton, que según el documento no recibe nada mintiendo para favorecer a Francisco Ricaurte. No recibe ningún beneficio, ninguna prebenda judicial ni, en medida alguna, aminora su propia responsabilidad penal. Lo anterior, como quiera que aceptó haber incurrido en un acto corrupto. De hecho, bien podría argumentarse que su proceso de delación hubiese sido más fructífero si, faltando a la verdad, hubiese decidido inmiscuir a Francisco Ricaurte. No lo hizo, repito, sin recibir beneficio alguno a cambio de ello”.

También se menciona al exmagistrado Malo: “Ubicados en que en octubre de 2012 Gustavo Malo Fernández fue designado en dicho cargo y que allí se edifica una de las supuestas causas de la estructuración del tráfico de influencias, sorprende que el juez no haya caído en cuenta acerca de que en ese momento Gustavo Moreno NO conocía a Francisco Ricaurte. El mismo Moreno cuenta que lo conoció cuando este último estaba en el Consejo Superior, esto es, después de la elección de Gustavo Malo. ¿Cómo iba a tener conocimiento directo de las circunstancias de ese nombramiento?”, cuestiona la apelación.

“De ese acto lejos de desprenderse una supuesta inferencia de responsabilidad en contra de Malo, se desprende todo lo contrario. Tanto Gustavo Malo no cometió ningún acto ilícito, como tampoco lo hizo su amigo, Francisco Ricaurte. A quien Moreno logró que le pesara más su billetera que su conciencia fue a Camilo Ruiz, funcionario que hacía todo lo posible para obtener información para transmitírsela a Moreno, funcionario que nada ilícito o irregular puede decir de Gustavo Malo”, se lee en la apelación.

Y agrega: “Por eso no lo trajeron a juicio pese a que, como dijo Gustavo Moreno –quien continúa estando muy bien informado– se sometió a un preacuerdo en el marco de un proceso de colaboración con la justicia. Y ni así tiene nada corrupto que decir de Malo”.

En otro aparte señala que Luis Gustavo Moreno Moreno “era quien compraba la conciencia de magistrados auxiliares”.

“Lo expuesto en este capítulo permite concluir, por un lado, que ninguno de los hechos imputados para demostrar el ‘modus operandi’ fue debidamente acreditado, que en varios de ellos se intentó agravar la calificación jurídica de forma soterrada y que, en otros, se hizo lo propio añadiendo circunstancias fácticas adicionales a las imputadas”, señala el documento.

Y agrega que, por otro lado, “se omitió la valoración de varias circunstancias muy importantes que, analizadas en detalle, hacen perfectamente viable que los hechos aquí cometidos sean de autoría de Gustavo Moreno, al tiempo que descartan la participación de mi representado”, advierte la apelación.

Al momento de condenar al exmagistrado, el juez de conocimiento escuchó por varios meses los testimonios, analizó el material probatorio presentado por la Fiscalía y la defensa de Ricaurte. El resultado de ese estudio probatorio fue la condena. El sentido del fallo fue el primer anuncio de la condena por su presunta participación en el escándalo del Cartel de la Toga, los sobornos y los millonarios recursos que recibió a cambio de favorecer, supuestamente, a funcionarios públicos como alcaldes, gobernadores y congresistas que eran investigados por hechos de corrupción.

Ricaurte fue salpicado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien era su amigo personal, abogado de varios congresistas investigados en la Corte Suprema de Justicia y el encargado de llevar los potenciales “clientes” del Cartel de la Toga.

El documento con la apelación también señala que resulta sorprendente, “como se acreditó en el juicio oral, que la Fiscalía General de la Nación haya solicitado la captura con fines de vinculación al proceso penal, en contra de Francisco Ricaurte, tan solo dos días después de que Luis Gustavo Moreno Rivera haya rendido sus primeras declaraciones dentro de su proceso de “colaboración” con la justicia”.

Y concluye señalando: “Lo que pudo y, sobre todo, lo que no pudo investigar la Fiscalía en esos escasos dos días para corroborar los dichos del testigo, viene a ser la explicación para la fragilidad probatoria a la que me referiré en este recurso, caso a caso. Progresivamente quedará claro el incumplimiento de la obligación de corroborar al testigo “delator” y, por ende, de la carga de la prueba”.