Revelaciones olvidadas de un cartel de la toga en Barranquilla

Tras la suspensión la semana pasada del magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla Jorge Eliécer Mola, muchos recordaron un escándalo judicial en esa ciudad que está a punto de caer en el olvido: la trama ilegal de funcionarios judiciales que, entre otros casos, habría conspirado para dejar en libertad en diciembre de 2014 al constructor y contratista momposino Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca. Lo que no imaginaron es que tres magistrados, justamente Mola, junto con sus compañeros de estrado Luis Felipe Colmenares y Julio Ojito, fueron mencionados en este episodio.

En agosto de 2015, las autoridades aprehendieron a 13 personas tras las pesquisas de lo que la Fiscalía denominó “una red de corrupción judicial que manipulaba las audiencias en el Centro de Servicios Judiciales (CSJ) en la capital del Atlántico”. Casi cuatro años después solo hay tres condenas, ninguna significativa.

SEMANA conoció el testimonio inédito de tres de los señalados, el juez Rafael Uribe Henríquez, su secretario Enisberto ‘Beto’ Maestre y el escribiente municipal César Villadiego, que dieron cuenta de sus acciones con miras a colaborar con la justicia a cambio de beneficios y, además, develaron detalles de cómo operó este supuesto cartel de la toga.

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La noche del 20 de diciembre de 2014 la Fiscalía, una vez más, fracasó en sus intentos por dejar tras las rejas al escurridizo Turco, a quien el juez noveno municipal de Barranquilla Edwin Volpe Iglesias le revocó una medida de aseguramiento. El recién liberado dijo a los micrófonos: “Soy un falso positivo de la justicia”.

Hilsaca está señalado de financiar a la banda criminal Rastrojos Costeños. Según confesaron a la justicia los líderes de esa organización delincuencial, los hermanos Manuel y Brayan Borré, Hilsaca les habría encomendado asesinar a Jhon Edinsons Ovallos, hijo de un ex paramilitar que se habría negado a retractarse de una declaración que implicaría al empresario en la masacre de cuatro mujeres dedicadas a la prostitución en la Torre del Reloj, en Cartagena.

Manipulación

Eso no se quedó así. Tras la decisión, el entonces fiscal general (e), Jorge Perdomo, manifestó en un comunicado que “pareciera indicar que pudo haber irregularidades en el centro de servicios judiciales de Barranquilla en la manipulación del reparto, para que fuera un determinado juez quien conociera de los recursos interpuestos”.

Por allí empezaron las pesquisas. Tras sentir cerca los pasos de la justicia, Enisberto ‘Beto’ Maestre, secretario de despacho, decidió colaborar y así tener opciones para salvar su pellejo: “Se presentaron las irregularidades que ya conocemos dentro del proceso el Turco, yo participo porque me busca el abogado Orlando Anaya, me llama un domingo en la noche para decirme que le iban a dar un negocio”. Anaya sería uno de los enlaces con Hilsaca en esta historia.

“Parece que le iban a dar el proceso del Turco Hilsaca, para colaborarle en la organización para que le dieran la libertad en el Centro de Servicios, entonces me dijo que le iban a dar ese caso para que arreglara, no como abogado, sino para que arreglara la audiencia, por lo que Orlando me dijo que ayudara con la fijación de la audiencia a cambio de dinero”, añadió.

En la misma tónica, el escribiente Villadiego testificó que Maestre lo involucró al preguntarle “si sabía quién podía hacer el reparto, que eso lo estaban manejando los jefes, los del Tribunal, y necesitaban ponérsela a un juez que fallara a favor”, en el caso de Hilsaca, detenido cautelarmente el 20 de noviembre de 2014.

Diez días más tarde, Maestre habría citado a una reunión en el parqueadero de un centro comercial de Barranquilla, a la que llegó junto su jefe, el juez Rafael Uribe, y con el abogado Anaya. Querían pedir la ayuda de Villadiego —según su propio testimonio— porque no se había podido manipular el reparto de la apelación y ya tenían un plan b.

“Eso se iba a retirar e iban a solicitar la revocatoria de la medida y que ahí sí necesitaban mi ayuda”, dijo. Ello implicaba un cambio de las fichas en el Centro de Servicios: “Me iban a colocar en el puesto de Lisseth, a cambiar de [juez] coordinador [de reparto] a David Hassan y poner a Uribe —entonces juez 13 municipal—porque David no quería colaborar”. Puntualizó Villadiego: “Por eso es que nombran a Uribe encargado”.

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“Para eso me necesitaban a mí porque ellos sabían que yo era el que conocía el manejo de programación de audiencias, porque había estado antes en ese puesto, que consideraban que yo era una persona en que se podía confiar porque le habían dado buenas referencias mías, todo eso me lo decía Beto”, añadió.

Los jefes

Sin embargo, eso no podrían conseguirlo solos. El juez Uribe denunció lo que llamó el “contubernio” de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla Jorge Mola, Julio Ojito Palma y Luis Felipe Colmenares para alinear el aparato judicial con el ánimo de tumbar la medida de aseguramiento contra Hilsaca.

“Tengo entendido, según información entregada por Enisberto, que los magistrados Ojito y Mola recibieron una suma de dinero para que, una vez se lograra la renuncia del doctor Hassan por parte del magistrado Colmenares, se me nombrara como juez coordinador y considero lógica esta afirmación por cuanto el presidente de la sala penal para esa época, es decir, finales de noviembre y principios del mes de diciembre de 2014, era el doctor Mola”, testificó Uribe.

Añadió: “Tengo entendido de igual forma, por información de Enisberto Maestre, que esa cifra rodeaba los cuarenta millones de pesos para cada uno de los magistrados Mola y Ojito. También tengo entendido que inicialmente el doctor Mola, como presidente de la sala, hizo acudir a David Hassan al Tribunal para pedirle el favor que le ayudara con el reparto de la apelación de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a Alfonso Hilsaca”.

El juez David Hassan Saade se negó a participar y su salida fue otra irregularidad. Uribe narró una comprometedora escena que involucra a la abogada María Patricia Fernández, quien “incluso fue juez penal del Circuito de Barranquilla”. A finales de noviembre de 2014, ella irrumpió en la oficina del juez exigiendo el despido de Maestre porque “la había hecho quedar mal frente al doctor Colmenares”.

Ella habría sido la encargada de buscar con ese magistrado la salida de Saade y, ante su demora, “ellos [Maestre y Anaya] optaron por acudir ante el mismo magistrado Colmenares y preguntarle si María Patricia le había hablado de dinero en favor que ella le pidió, es decir la renuncia de Hassan, y este como que manifestó que no, que solo era un favor en nombre del doctor Name”, un apellido poderoso en Barranquilla, pero de quien no reveló el nombre.

Más revelador aún es el testimonio al respecto de Villadiego. Tras señalar que Fernández “era socia del doctor Anaya”, cuenta cómo abogado y él recogieron al magistrado Colmenares en una camioneta gris y, una vez aparcaron en el tercer piso de un centro comercial, “procedemos a entregarle la suma de 30 millones de pesos en una caja de whisky (…). Enseguida él procedió a entregarnos copia de la renuncia del doctor David Saade”.

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La audiencia de solicitud de libertad se realizó entre el viernes 19 y sábado 20 de diciembre de 2014, lapso en el que fue visto un hombre allegado al empresario “repartiéndole plata a todo el mundo”, según Villadiego. “No me dijeron exactamente a quién. Después que ya pasó eso, en una reunión con Beto, me comentó que ahí habían dado una plata bien buena, como 2.000 y pico de millones, y que a [el juez] Volpe le habían dado 200 millones, que a Uribe le habían dado 100 millones”. Todo este escandaloso material duerme desde hace meses en las manos de la Fiscalía delegada ante el Tribunal de Bogotá.