Nación
Cartel de la toga: excongresista Julio Eugenio Gallardo enfrentará juicio disciplinario por sobornar a magistrados de la Corte Suprema
El exrepresentante a la Cámara por el archipiélago de San Andrés pagó 200 millones de pesos para que se archivara un proceso que se adelantaba en su contra.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exrepresentante a la Cámara, Julio Eugenio Gallardo Archbold por el presunto pago de un soborno de 200 millones de pesos al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos Martínez, a cambio de obtener una decisión favorable en un proceso penal que cursaba en su contra.
La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría indicó que, como parte del entramado de corrupción denominado como el ‘cartel de la toga’, el excongresista presuntamente hizo llegar el dinero del soborno a través del abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, con lo que se pudo materializar el delito de cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía señaló en su momento que Gallardo Archbold se reunió entre 2014 y 2015 con Gustavo Moreno para que moviera sus influencias e intercediera ante los magistrados para favorecerlo en un proceso penal que existía por presuntos actos de corrupción.
En los encuentros se pactó el pago de varias sumas de dinero con el fin que desde el alto tribunal lo favorecieran dentro del expediente que se adelantaba en su contra, retrasando la diligencias con el fin de buscar el archivo definitivo de la actuación.
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El Ministerio Público señaló que, Gallardo Archbold, quien se desempeñó como representante a la Cámara por el archipiélago de San Andrés entre el 2014 y el 2018, “se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”.
El Ente de control adujo que el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de “ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo”.
Por este mismo escándalo de corrupción, y luego de un juicio que duró más de tres años, en el 2022, el excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold fue condenado a seis años de cárcel.
Pese a que se declaró inocente a lo largo del proceso penal, un juez penal del circuito de Bogotá determinó que Gallardo Archbold incurrió en el delito de cohecho por dar u ofrecer. En el fallo se determinó que por la gravedad de la conducta no podrá recibir beneficios judiciales.
Exrepresentante Argenis Velásquez, la última condenada por el ‘cartel de la toga’
Hace pocos días la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez fue condenada por el escándalo de los sobornos pagados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de congresistas investigados por el alto tribunal, conocido como el Cartel de la Toga.
La excongresista fue hallada responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer con circunstancias de mayor punibilidad y se libró orden de captura en su contra para que cumpla la pena en establecimiento carcelario.
La Fiscalía demostró que en 2015 la ahora sentenciada, a través del abogado Gustavo Moreno, acordó pagarle 200 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruíz, quien solo recibió 130 millones. La coima buscaba dilatar un proceso penal que por posibles hechos de corrupción en los que habría incurrido Velásquez Ramírez cuando se desempeñaba como alcaldesa municipal de Orito, Putumayo.
La exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal se convirtió en un eslabón dentro del Cartel de la Toga. La líder política del Putumayo fue mencionada por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien fue condenado por este caso y entregó un mapa de la corrupción que se gestó desde su “oficina” en la que pactaba los millonarios sobornos.
Según contó Moreno en su momento, los compromisos con Argenis Velásquez no fueron como los de Álvaro Ashton o Musa Besaile, que desde el comienzo se identificaban como graves por la complejidad de las evidencias. El de Velásquez habría comenzado con un pacto de honorarios por 380 millones de pesos, sin embargo, las pruebas lo habrían hecho cada vez más complejo, razón por la cual el entonces magistrado Francisco Ricaurte, también condenado por este caso, pidió una reestructuración.
El proceso penal adelantado contra la excongresista Argenis Velásquez, que se intentaba torcer con este soborno, estaba relacionado con el cobro indebido de una comisión a una EPS cuando se desempeñaba como alcaldesa del municipio de Orito, Putumayo.
