Cartel de la Toga: exgobernador Juan Carlos Abadía habría dado millonaria suma para torcer investigaciones

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo por el delito de cohecho por dar u ofrecer. La decisión se da por el denominado escándalo del Cartel de la Toga.

La Fiscalía advierte que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía. Por esta actuación se habría pactado el pago de 1.000 millones de pesos.

“Hay elementos que acreditan que Abadía Campo, al parecer, entregó inicialmente $400′000.000, a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera”, señala la Fiscalía.

En el caso, aparece el exfiscal delegado ante ese mismo tribunal, Alfredo Bettín Sierra, quien aceptó haber cometido el delito de prevaricato por omisión. Bettín resultó salpicado hace ya varios años por el ventilador de Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción. Estas declaraciones revivieron en julio de 2019 cuando la Fiscalía anunció que llevaría a Bettín a audiencia de imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Aunque el exfiscal negó los cargos terminó dando su brazo a torcer. Los investigadores lograron cerrar un preacuerdo y en consecuencia pidieron pista ante la Corte Suprema de Justicia para legalizarlo. Por un lado, reconoce que actuó de manera dolosa para engavetar investigaciones y que lo hizo por influencia de Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, dos exmagistrados a quienes se les acaba de derrumbar otra ficha en el dominó. Además, porque admite que su omisión benefició al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, un político que tiene varios pendientes con la justicia.

En su momento, Abadía había dicho a El Espectador que la acusación de la Fiscalía “sea cae de su peso” ya que fue el mismo Bettín el que le imputó cargos. Alfredo Bettín entró a la Fiscalía en el 2009 durante la administración interna de Guillermo Mendoza Diago. Llegó a ocupar una fiscalía delegada ante CSJ, puesto que abandonó una vez vinieron los señalamientos de Moreno en su contra.

Otro revés para el exgobernador

En 2017, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó a Abadía los cargos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales. El proceso venía desde julio del 2015 la condena contra Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, su secretario de Educación, y tres particulares. El caso se remonta a la gobernación de Abadía (2008-2010) cuando firmaron un contrato por 1.072 millones de pesos para suplir de bibliotecas a diez municipios del departamento.

Pero la Fiscalía descubrió que el contratista era la Fundación Calimío que no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas sólo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos.