Cartel de la Toga: exgobernador Juan Carlos Abadía no aceptó cargos imputados por la Fiscalía

Después de haber sido aplazada dos veces, este jueves 16 de junio tuvo lugar la audiencia de imputación de cargos en contra de Juan Carlos Abadía, exgobernador de Valle del Cauca, por su presunta participación en la entrega de sobornos para ser favorecido en las investigaciones que adelantaba la justicia colombiana en su contra.

La diligencia judicial está asociada al escándalo del Cartel de la Toga, en el que también están involucrados el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y miembros de la Rama Judicial, quienes intercedían a favor de los investigados por la Fiscalía, según había indicado el ente acusador en una comunicación anterior.

De acuerdo con los detalles entregados por la Fiscalía en esta ocasión, las pruebas recolectadas indican que Abadía “recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y, por su conducto, al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014, para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.

Dicho proceso en cuestión responde a las acusaciones en contra de Abadía por supuestos actos de corrupción en un convenio de cooperación, con el que se buscaba suplir la dotación de varias bibliotecas escolares en Valle del Cauca.

“Se reúnen con usted, pactan honorarios, con el fin de que las investigaciones adelantadas en su contra fueran archivadas o retardadas, pero además para que no se formulara imputación o no se emitiera medida de aseguramiento”, aseguró el fiscal de conocimiento durante su intervención en la audiencia de imputación de cargos.

Además, se refirió a las irregularidades cometidas por el exgobernador, indicando que los mencionados pagos habrían alcanzado la cifra de 400 millones de pesos, los cuales presuntamente fueron entregados al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera en tres pagos, distribuidos de la siguiente manera: 175 millones inicialmente, luego 25 millones y, finalmente, 200 millones.

Dinero que, de acuerdo con la comunicación de la Fiscalía, habrían sido entregados posteriormente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien hoy está condenado por el escándalo del Cartel de la Toga.

“En cuanto a la antijuricidad y culpabilidad, usted, señor Abadía, conocía que con la entrega de dinero los integrantes de la organización criminal estaba cometiendo un ilícito”, señaló el discal de conocimiento.

“Y con ese comportamiento impulsaba que ellos intervinieran con el servidor público que tenía a cargo su investigación que se levantaba en su contra, con el fin de evitar que se le imputaran cargos, librándolo así de un escarnio público e impidiendo el desarrollo normal de su nueva condición jurídica, y aun así quiso hacerlo”, añadió.

A partir de las pruebas en mano del ente acusador, en la diligencia de esta tarde la Fiscalía imputó al exgobernador del Valle del Cauca por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

“Con su actuar lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública y es posible hacerle un juicio reproche, por cuanto conocía la ilicitud de sus actos”, indicó el fiscal de conocimiento.

Abadía, en respuesta, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Este es un nuevo proceso penal contra Abadía, quien tiene un extenso expediente. En 2017, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó a Abadía los cargos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales.

El proceso venía desde julio del 2015, la condena contra Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, su secretario de Educación, y tres particulares. El caso se remonta a la gobernación de Abadía (2008-2010), cuando firmaron un contrato por 1.072 millones de pesos para suplir de bibliotecas a diez municipios del departamento.