Judicial
Cartel de la toga | Rebajan condena al exmagistrado Francisco Ricaurte
El expresidente de la Corte Suprema fue sentenciado por exigir dinero para modificar y archivar procesos judiciales de aforados.
En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rebajó a 16 años y seis meses de prisión la condena contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte Gómez por su responsabilidad directa en el escándalo del cartel de la toga. Esto, debido a que el delito de tráfico de influencias en particular ya prescribió.
En la lectura del fallo, el magistrado de la Sala Penal advirtió que existe suficiente evidencia documental y testimonial para inferir que, aprovechando sus contactos y poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, Ricaurte Gómez se comprometió a desviar procesos que se adelantaban contra aforados constitucionales, todo esto a cambio de una contraprestación económica.
Ricaurte, quien ya había pasado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, tenía varios contactos dentro del alto tribunal con el fin de manipular pruebas, estancar el proceso, suspender las decisiones y buscar el archivo definitivo de los casos.
Una de sus piezas fundamentales en esta “empresa criminal” fue el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien se encargaba de contactar a los magistrados que tenían los procesos penales y ponerles de presente la situación, igualmente les presentaba la oferta económica. El otrora exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General estuvo en diferentes encuentros para repartir el dinero y hacerles seguimiento a los avances.
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En el caso del senador Álvaro Ashton Giraldo, quien era indagado por sus presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la “organización” le exigió 1.200 millones de pesos para evitar la apertura de un proceso formal y una orden de captura.
Ashton le entregó a Moreno 400 millones de pesos como adelanto para evitar que el proceso siguiera su curso. Con este dinero se adelantó la manipulación de evidencia con el fin de archivar el proceso por parapolítica. Sin embargo, después de que estallara el escándalo del Cartel de la Toga, el proceso se reactivó y Ashton fue capturado.
“(Ricaurte) actuó de manera acomodada exigiendo un acuerdo previo”, precisó el magistrado de la Sala Penal al señalar que el exmagistrado tuvo conocimiento claro y una actividad permanente en el movimiento de los sobornos para torcer la administración de justicia.
El otro caso en el que el exmagistrado Ricaurte tuvo una participación activa fue en el que se adelantaba contra el senador Musa Besaile Fayad, quien era investigado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En este proceso, por intermedio de Luis Gustavo Moreno, exigió dos mil millones de pesos para evitar la apertura de una instrucción y suspender la orden de captura.
En este caso, Moreno sostuvo varias reuniones con Besaile y sus abogados con el fin de cuadrar a entrega del dinero. En medio de la duda del congresista se conoció la detención del excongresista Julio Manzur Abdala –investigado por parapolítica- advirtiéndole que, de no cancelar la suma exigida, correría la misma suerte.
En el caso del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía se determinó que no se allegaron pruebas que permitieran evidenciar que Ricaurte participó activamente en la desviación de este proceso penal.
En el fallo de segunda instancia, el exmagistrado Ricaurte Gómez fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (entrega y recibimiento de sobornos) y utilización indebida de información oficial privilegiada.
El exmagistrado, quien actualmente se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, deberá pagar una multa de 229 salarios mínimos legales vigentes y tendrá una inhabilidad de 197 meses y seis días para ejercer funciones públicas.
En marzo de 2021, el juzgado 10 de conocimiento de Bogotá condenó a Ricaurte a 19 años y un mes de prisión. Con la decisión del Tribunal conocida este martes recibió una rebaja de tres años. Su defensa anunció que presentará el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
