Retrato de vista superior de caballero de mediana edad en ventilador mecánico durmiendo en la sala de recuperación después de la cirugía. El hombre está acostado con goteo intravenoso en su brazo y oxímetro de pulso en el dedo
Retrato de vista superior de caballero de mediana edad en ventilador mecánico durmiendo en la sala de recuperación después de la cirugía. El hombre está acostado con goteo intravenoso en su brazo y oxímetro de pulso en el dedo | Foto: Getty Images/iStockphoto

Denuncia

“Cartel de los embargos”: denuncian posible caso de corrupción en el sector salud

La red de veedurías señala que habría jueces involucrados en un llamado “cartel de los embargos” que afectaría los recursos de las EPS.

26 de agosto de 2021

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, denunció que a hay un presunto “cartel de los embargos” en diversos juzgados del país, el cual tendría como propósito presentar demandas millonarias que terminan con frecuencia en manos de los mismos jueces o despachos judiciales de manera ilegal, al punto de autorizarse el embargo de cuentas inembargables, incluidos recursos intocables destinados a prestar los servicios de salud, como son las EPS, en el caso de cuentas maestras recaudadoras, que operarían en Barranquilla, Bucaramanga e incluso Bogotá.

Bustos anunció acciones penales, disciplinarias, de responsabilidad fiscal y éticas de jueces, abogados y funcionarios que serían los encargados de realizar los repartos. Además, solicitará la vigilancia especial por parte de la Procuraduría General para que se investiguen las presuntas irregularidades.

La Red de Veedores indica que está terminando de recopilar el material probatorio que demostraría que en ese entramado participan desde gerentes de EPS, así como abogados y jueces que han embargado cuentas millonarias cobrando hasta dos veces lo mismo sin aportar las pruebas suficientes de los supuesto incumplimientos en los pagos.

Otros de los puntos que se podrían observar en las presuntas irregularidades están en hospitales, clínicas y otras IPS que estarían cobrando por un servicio hasta el triple del valor real para engrosar una cifra de deudas que aumentan el valor de lo requerido por el paciente. Cuando se representan dichas demoras, los prestadores del servicio empiezan un cobro jurídico a las EPS del país y es allí donde, según los veedores, empieza el entramado que beneficia a una serie de profesionales que ellos califican como “corruptos”.

El veedor relata que entre las denuncias que han llegado a sus manos y a otros veedores en diferentes regiones del país se encuentran con que varios de los procesos de embargo llegan a los mismos jueces: “Extrañamente, algunos de estos despachos fueron investigados en el pasado por prácticas irregulares en el manejo de sus actuaciones judiciales, tal sería el caso, conforme a denuncias recibidas, de los juzgados 35 Civil del Circuito de Bogotá, Dr. Luis Guillermo Bolaños, cuyo juez fue acusado por la Fiscalía por el amaño de una tutela, cargo del que resultó finalmente absuelto . Las irregularidades también salpicarían al juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla, entre otros”.

Según Bustos, en dichos despachos se estaría autorizando ilegalmente el embargo de cuentas maestras recaudadoras, aunque está “expresamente prohibido su embargo por la ley y así reiterado por los órganos de control como la Procuraduría, Contraloría y Supersalud, por corresponder a recursos parafiscales que solo se pueden destinar a la atención en salud de los afiliados a las EPS”.

Sin embargo, al parecer la información que está siendo analizada por veedores, y que se comprometen a entregar a las autoridades competentes, indica que “hay procesos cuyas cuantías superan en algunos casos los $50.000 millones, respecto de procesos acumulados de diferentes ejecutantes, en ocasiones hasta 12”.

El veedor advirtió que dichas actuaciones judiciales presentarían fallas adicionales como el no respeto o violación de los términos para impugnar las decisiones de embargo y el monto ilimitado o excesivo de los embargos, “esto es sin guardar relación con la suma ejecutada y lo límites legales de esta, en clara violación del derecho de defensa y debido proceso incurriéndose en una posible vía de hecho”, puntualizó.