Sufría de alzhéimer y se robaba el dinero de la salud mental en Sucre

Este lunes la Contraloría General de la República anunció que el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, fue declarado responsable fiscal por haber formado y autorizado mediante dos resoluciones el pago de supuestos tratamientos por enfermedades mentales a una IPS que resultó ser una “clínica de garaje”.

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Guerra Tulena, considerado un hombre equilibrado en el manejo político, pero al mismo tiempo de temperamento franco y directo, es un veterano de mil batallas. Cirujano, fue concejal y alcalde de Sincelejo, estuvo más de dos décadas en el Congreso y, entre 1995 y 1996, coronó la presidencia del Senado.

Tras una pausa en su vida política, volvió en 2007 para lanzarse infructuosamente a la Gobernación de Sucre. Lo intentó de nuevo en 2011, esta vez con éxito, pero a los pocos meses de su posesión empezaron a correr rumores sobre su salud mental: que sufría de alzhéimer; entonces dejó de aparecer en público y de dar entrevistas a los medios de comunicación.

Las dudas acerca de quién estaba gobernando en Sucre eran el pan de cada día. Quizá uno de los episodios más controvertidos ocurrió cuando el gobernador divulgó en septiembre de 2013 un comunicado en el que Guerra afirmaba que el contrato de concesión del chance entregado a la empresa de Elilce López, la Gata, había sido otorgada a sus espaldas.

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Un video de Noticias Uno de la época dio testimonio del estado de salud del mandatario. Le costaba hallar las palabras y no lograba explicar lo ocurrido con dicho contrato.

Detrás del trono

Pero si el gobernador Julio Guerra estaba perdiendo sus facultades mentales, todos en Sucre se preguntaban: ¿quién manda, quién toma las decisiones? Siempre hubo especulaciones de que el gobernador gobernaba, pero en realidad quien mandaba era su esposa, María Victoria Soto, quien acompañaba al mandatario a todo lugar.

El círculo también lo componía la secretaria privada, Gina Harb Feris, prima del exrepresentante a la Cámara Jorge Luis Feris Chadid, preso por parapolítica y quien compartió cárcel con el exgobernador Salvador Arana. Jorge Luis es hermano de Salomón, alias 08, uno de los comandantes más importantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Posteriores pesquisas de la Fiscalía también dieron un papel protagónico a Ronaldo Herazo Vertel, el hombre de la "mochila azul”, quien fue señalado por lo menos por tres testigos de cobrar comisiones en nombre del gobernador en el cartel de enfermos mentales que acaba de fallar la Contraloría.

Herazo, quien responde ante la justicia por cinco delitos, es el hijo de una empleada doméstica en la casa Guerra, donde recibió apoyo y educación como si fuera un hijo más del exgobernador y terminó convirtiéndose en la mano derecha del mandatario y de su esposa, primero en sus negocios personales y luego en la Gobernación.

El ente investigador documentó cinco de los cobros ilegales que hizo Herazo Vertel desde el 11 de noviembre de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2014. Habría recogido en total 200 millones de pesos, dinero que supuestamente era solicitado por Guerra Tulena para recuperar lo invertido en la campaña.

Cartel de los locos

El fallo de la Contraloría cobijó también a los exsecretarios de salud Nayibe del Carmen Padilla y Efraín de Jesús Suárez ,y al dueño y representante legal de de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, Ernesto Vladimir González.

También fueron responsabilizados los funcionarios de la Secretaría de Salud departamental Samir Gregorio Serpa, Oswaldo Marcial Contreras, Samuel Enrique Palencia, Jorge Alberto Ramírez, Nadin Ali Fara y Ana Silveria Vergara. Todos los involucrados, incluyendo al exgobernador, deberán responder solidariamente con su patrimonio por 2.723 millones de pesos.

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“El organismo de control consideró que Guerra Tulena incurrió en conducta gravemente culposa, con la que faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud, pues no desarrolló una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión.”, señaló un comunicado de la Contraloría.

El exgobernador ordenó con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías (SGP) pagos de servicios no prestados por la IPS Nuevos Amaneceres. Entre ellos, estaba la supuesta internación y atención de pacientes ficticios que debían corresponder a población pobre sin ningún tipo de aseguramiento, con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

Modus operandi

Dos testimonios recogidos por la Contraloría sirvieron de base para probar el montaje. La gerente del Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal (Sucre), Eugenia Díaz Hernández, certificó que esa institución no prestó la atención inicial de urgencia, ni remitió para valoración o internación psiquiátrica a las personas que relacionó ante la Secretaria de Salud la IPS Nuevos Amaneceres.

Tampoco expidió las hojas de remisión, ni las supuestas ordenes de hospitalización que se adjuntaron a las facturas presentadas. Algunos sí fueron atendidos en el hospital, pero por causas diferentes a la enfermedades mentales.

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Por su parte, el psiquiatra Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan, quien aparece firmando la supuesta atención de los enfermos mentales, manifestó que nunca trabajó para Nuevos Amaneceres, que jamás vio pacientes ni ejerció como psiquiatra en esa IPS, y que la firma y sello que aparece en las historias clínicas no son verdaderos.

Finalmente, González Ospino reconoció ante la Contraloría que pagó dinero para que le habilitaran a clínica Nuevos Amaneceres —denominada por el organismo de control fiscal como una clínica de garaje, creada solo para desfalcar los recursos del SGP— para prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación.

Indicó que Samuel Palencia, auditor de la Secretaría de Salud departamental, sabía que el doctor Zambrano no trabajaba en la IPS y sin embargo le ayudaba para lograr que lo auditaran sin cumplir con los requisitos exigidos. El dueño de la clínica dijo que los funcionarios de la Secretaría de Salud no realizaban las verificaciones de los pacientes y él presentaba las facturas sin las revisiones de cédulas o sin determinar si estaban asegurados o no en el sistema de salud.

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Si bien el exgobernador Guerra Tulena pudo estar mentalmente impedido, los hechos y condenas demuestran la voracidad de su casa política. Lo cierto es que el cerco de estos y otros actos de corrupción continúa cerrándose en Sucre, mientras las diferentes autoridades establecen las responsabilidades por lo sucedido.