El cartel de los muecos y el efecto dominó que puede tener en Córdoba

Córdoba es un departamento que en materia de noticias, siempre sorprende. Cuando muchos creen que la situación político-administrativa tocó fondo, aparecen hechos que fácilmente superan los anteriores. La región lleva años cargando con el peso de los señalamientos de sus líderes políticos que, sin ninguna piedad, han hecho de las suyas con los dineros públicos y han sido los jefes de orquestas de carteles como el del VIH, las enfermedades mentales, los bastones, los colegios, las regalías y hasta las terapias para enfermedades mentales, por nombrar algunos.

Esa fama se debe recientemente a los conocidos Ñoños (Musa Besaile y Bernardo Elías), ambos barones electorales que terminaron tras las rejas. Al lado de ellos, los dos últimos gobernadores, Alejandro Lyons y Edwin Besaile (hermano de Musa) también hicieron su parte. En el caso de Lyons, su testimonio y colaboración para desenmascarar el llamado cartel de la toga le han permitido vivir como testigo protegido en los Estados Unidos, sin responder aún por el desangre que vivió el departamento durante su mandato.

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Esta semana, Lyons –en la distancia–  volvió a ser noticia. El procurador Fernando Carrillo llegó a ese departamento para adelantar una audiencia anticorrupción. El jefe del Ministerio Público desenfundó una serie de decisiones contra exgobernadores, exalcaldes y concejales, entre otros. “El procurador no deja títere con cabeza”, tituló el meridiano de Córdoba al día siguiente.

Para sorpresa de muchos, se destapó otro cartel: el de los muecos. Se trata de una modalidad de defraudación al sistema de salud que sumado a los otros alcanza una defraudación de recursos en ese sector por más de 153.000 millones de pesos. Carrillo relató cómo la salud se ha convertido “en un vil negocio rentable por cuenta de la corrupción”. 

En esta oportunidad, la trama involucra pagos irregulares en los servicios odontológicos por más de 3.000 millones de pesos. En este cartel de los muecos, presuntamente, se autorizaban procedimientos no incluidos en el antiguo Plan Obligatorio de Salud (POS) y que tampoco estaban contratados. Mediante resoluciones se habrían cancelado los tratamientos que estaban en el papel dirigidos a la población más pobre y vulnerable. El monto pudo ser mayor, pero sobre cuatro resoluciones más el organismo de control debió declarar la caducidad, pues ya habían transcurrido cinco años.

El procurador Fernando Carrillo realizó una audiencia pública en Córdoba. Allí hizo pública la apertura de investigaciones a varios exfuncionarios. Foto: José Perdomo.

Por estos hechos, la Procuraduría abrió pliego de cargos al exgobernador Lyons y a los exsecretarios de Salud Alexis José Gaines, Alfredo José Aruachan y Edwin Preciado Lourdy. En el caso de Lyons, la Procuraduría busca establecer si omitió el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales adelantados entre junio y septiembre de 2015 por los secretarios de Salud de ese lapso, quienes a su vez reconocieron y pagaron los servicios investigados.

Cinco resoluciones por más de 1.500 millones de pesos fueron pagadas a la IPS FM Maxilofacial de Córdoba SAS, otra a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos por la atención de 37 pacientes por 430 millones, una más para Odontoclínica IPS SAS por 308 millones, y una final para la Clínica Oralcosta por 535 millones.

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Sin embargo, los casos no terminan ahí. La Procuraduría también les siguió el rastro a los contratos que la Gobernación de Córdoba firmó para poder ejecutar dineros de regalías por cuenta de proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CT&I). Dos de ellos fueron firmados por 43.400 millones de pesos con la Corporación Unificada Nacional de Educación (CUN).

El caso da cuenta de la voracidad con que presuntamente actuaba el exmandatario, según los testimonios de exfuncionarios y contratistas, que lo señalaron de pedir una tajada del 30 por ciento a través del entonces director departamental de regalías, Jaime Zapa, asesinado en marzo de 2014. En ese sentido testificó ante la Fiscalía Anticorrupción el entonces asesor de proyectos especiales de la Gobernación de Córdoba, Maximiliano García Bazanta.

Jesús Henao, según declaró Lyons ante Procuraduría y Fiscalía, fue el contratista con el que como gobernador se reunió para acordar una coima a cambio de contratos de ciencia y tecnología. Asistió a dicho encuentro a instancias de Zapa, para que viera con sus propios ojos que sí había un socio dispuesto a ofrecer el 30 por ciento. Víctor Carrillo, por su parte, ha sido un empresario vinculado a la televisión y se estudia si es socio de negocios de Jaime Alberto Rincón, antiguo dueño de la firma Cablecentro y dueño de la CUN.

Maximiliano García Bazanta y Jesús Henao, entretanto, son señalados por la justicia por la desaparición y asesinato de Zapa, en un proceso judicial que no ha tenido mayores avances en el Tribunal Superior de Montería. De acuerdo con la investigación disciplinaria, los convenios no habrían sido adjudicados de forma transparente y objetiva, dado que fueron autorizados por la Ocad (organismo que aprueba los proyectos de C&T con cargo a regalías) y Colciencias sin cumplir en principio los requisitos y exigencias legales.

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Para Carrillo, en Córdoba “se ha evidenciado un perfecto entramado de actores del sector público y privado que han diseñado e implementado esquemas para defraudar las arcas públicas del departamento”, lo que ha derivado en ilegalidad y en detrimento de la inversión social. “Con cada descubrimiento de un nuevo cartel está claro que solo hemos visto la punta del iceberg”, anotó.

“En Córdoba hay una naturalización de la corrupción que se evidencia en la nula sanción social”, dice Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte. “El costo de ser corrupto es muy reducido: bajas penas frente a enormes ganancias. Además a través de familiares y terceros los políticos judicializados siguen activos en la política local”, agregó.

El proceso electoral

El sacudón que la Procuraduría produce ahora en Córdoba reacomoda las fichas en un departamento que tiene cinco representantes e igual número de senadores. A cuatro meses de las elecciones, no es claro qué ocurrirá con los Ñoños, detenidos desde 2017 y ahora divididos. Musa ostenta todavía poder económico, lo que le da un balón de oxígeno en la política, mientras se desinfla la ‘ñoñomanía’ de Bernardo Elías por cuenta de sus enredos con la justicia.

El nombre más fuerte para la Gobernación es el de Carlos Gómez Espitia, pieza clave en el gobierno de Alejandro Lyons y luego alfil del movimiento político del exgobernador cuando intentó romper con los Ñoños. De hecho, en las regionales pasadas, aspiró a la Gobernación apoyado por Cambio Radical y los Char y estuvo a pocos votos de vencer a Edwin Besaile. Tras quemarse en su campaña al Senado, ahora va tras la Gobernación con aval del Centro Democrático (CD) y de Cambio Radical.

Entretanto, Salin Ghisays es uno de los nombres que más suenan para la Alcaldía de Montería, de la mano de conservadores como la senadora Nora García Burgos y el representante Wadith Manzur. El candidato respetó el acuerdo con el hoy alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda (hijo de García), y aparcó sus aspiraciones durante los anteriores comicios para ser secretario de Gobierno. Va por firmas, pero cuenta con el aval de CD y Cambio Radical.

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Otro que suena y que iría por firmas para ese mismo cargo es Carlos Ordosgoitia. La vez pasada fue avalado por el CD pero no contaba con las simpatías del entonces senador de ese partido Daniel Cabrales, cuyas huestes apoyarían a Ghisays. Ahora será apoyado por el senador David Barguil y pondrían del mismo lado a los divididos liberales Juan Manuel López Cabrales (su esposa Arleth Casado se quemó en su intento de volver al Senado) y al senador Fabio Amín.

Por años, Córdoba ha sido uno de los departamentos que más ha pesado en ese equilibrio del poder y las elecciones, cuyas votaciones son determinantes a la hora de elegir senadores y presidentes. El departamento tiene un potencial electoral de 1,2 millones de votantes y una de las cifras más bajas de abstención en el país. Por eso, el procurador Carrillo asegura que las elecciones que vienen serán fundamentales. “El 27 de octubre sabremos si para algo sirvieron todas esta acciones, pues la gente debería expulsarlos de la politica”, puntualizó.