El del sida, otro cartel que ataca la salud de Córdoba

Esta semana se destapó el cartel del sida, que tiene en el ojo del huracán al la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor). Los hallazgos de la Procuraduría levantaron polvo en ese departamento. Sin embargo, las irregularidades ya habían sido advertidas. En la superintendencia de Subsidio Familiar empezaron a sospechar de lo que ocurría al interior de esa entidad cuando recibieron el estado de sus cuentas. En dos años, el déficit en el componente de salud de la caja se había multiplicado por cinco. 

En 2015, los números rojos rondaban los 50.000 millones de pesos, y para 2017 ya alcanzaban los 270.000. Entonces fue evidente que algo se había torcido. La superintendencia tomó la determinación de intervenir la entidad, un proceso en el que, el 7 de marzo de 2017, Luis Alfonso Hoyos Cartagena fue removido de la dirección de Comfacor por las aparentes irregularidades que en los meses posteriores, tras la revisión del estado de la entidad, se empezaron a establecer. 

Néstor Murcia asumió la cabeza de la entidad y en octubre arrancó una auditoría forense contratada por la misma caja, con el fin de establecer las fallas internas. En ese momento fue cuando se descubrió que buena parte de las irregularidades apuntaban al paquete de atención del VIH/Sida.

El papel de Comfacor en la salud del Córdoba era el de cualquier otra EPS en el régimen subsidiado. Recibe el dinero de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que en su caso rondan los 33.000 millones mensuales; de ese monto descuenta el 8% por administración, y el resto debe ser destinado a cubrir los 4 niveles de atención médica, entre los que se incluye las enfermedades de alto costo: la hemofília, las enfermedades huérfanas, las renales, el cáncer y el VIH/SIDA.

La auditoría empezó a mostrar las irregularidades en ese último punto. La caja seguía desembolsando dinero a las IPS, varias de ellas hospitales públicos de Montería -ahí es donde entrarían las presuntas responsabilidades de los funcionarios públicos-, por supuestos tratamientos a pacientes que ya habían fallecido, y a otros que no existían, o que no eran portadores del virus. En cambio, a algunos de los enfermos reales no se les estaba brindando la atención. 

A otros usuarios con el padecimiento, indican las pesquisas, no se les practicaba el examen de carga viral, que es uno de los ítems más caros en el paquete de atención de la enfermedad. Por el contrario, se sospecha, se les daba una ínfima suma de dinero para que aceptaran renunciar a esa parte del tratamiento. 

Pero los problemas no paran allí. Las investigaciones también muestran que la caja le estaba pagando a sus operadores alrededor de 1,5 millones por paciente, cuando en el resto del país, el promedio de pago por los mismo servicios es de 600.000 pesos. Incluso, con los cambios que se han dado en los últimos meses en la entidad, tras notar las irregularidades, se están pagando 550.000 pesos por cada enfermo. 

Todos esos sobrecostos explicarían parte del incremento disparado del déficit financiero de Comfacar en los últimos dos años. 

Esos resultados aún no son los definitivos de la auditoría que, según Néstor Murcia, entregará a finales en febrero. Por ahora, las investigaciones de la revisión forense estarían concentrados sobre todo en dos de los cinco operadores que prestaban el tratamiento de la enfermedad. 

Pero paralelo a ese examen interno, esta semana empezó a moverse la investigación del Ministerio Público. Desde Bogotá, el pasado jueves se trasladó una comisión de la Procuraduría hasta Montería, con la misión de revisar los documentos de la Secretaría de Salud y de Comfacor. De entrada aparecieron las irregularidades. Se supo que el pasado 23 de diciembre se perdieron de la sede de la caja 60 bultos con facturas de los cobros de salud, que fueron devueltos este viernes.

Según el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, se hallaron indicios de al menos 100 paciente falsos. Y esos son solo los resultados iniciales. Fernando Carrillo, el jefe del Ministerio Público, había hablado de que podrían ser más de 800 casos de usuarios fraudulentos. 

Así fue como el cartel del sida quedó en evidencia. Ahora se espera a que se concreten las investigaciones y que se señalen a los presuntos responsables de este nuevo desfalco a la salud, que se suma al desangre de las arcas cordobesas, heridas por una lista ya larga de escándalos de corrupción.