Casa por cárcel para el exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo

El Tribunal Superior de Bogotá impuso este viernes 26 de agosto una medida privativa de la libertad en su lugar de residencia a Luis Alberto Monsalvo, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración de un contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), celebrado en agosto de 2015, durante su primer mandato en el departamento de Cesar.

De acuerdo con los argumentos presentados por la Fiscalía, en el año 2015 Monsalvo habría intervenido en el direccionamiento de un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE), por un valor superior a los 23 mil millones de pesos, pero que en realidad este tuvo un costo cercano a los 34 mil millones de pesos.

El contrato investigado es el 0041 de 2015, el cual fue suscrito entre el secretario general del departamento de Cesar con un consorcio integrado por tres empresas.

La investigación señala que el plazo de ejecución del contrato fue de 81 días hábiles y fue liquidado en diciembre de 2015, con un sobrecosto de 2.983 millones de pesos en favor del contratista.

Según los elementos probatorios, se advierte que hay anomalías graves en las fases contractuales, entre ellas la firma del contrato por 81 días y no por los cinco meses que dura un semestre escolar, lo que precipitó prórrogas y adiciones presupuestales.

En el pasado mes de junio, la Fiscalía encontró que hay pruebas suficientes que determinan la responsabilidad de Luis Alberto Monsalve Gnecco, exgobernador del departamento de Cesar, en las presuntas irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su primer período como mandatario departamental.

“El ente investigador cuenta con evidencia que indicaría que Monsalve Gnecco, en su primer período como gobernador del departamento, entre 2012 y 2015, habría participado en irregularidades en la firma del contrato de este programa”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Para el fiscal del caso, la evidencia demostraría que el exgobernador habría incurrido en varias irregularidades en la firma, celebración y adjudicación de un millonario contrato destinado a la alimentación de los niños en los colegios departamentales. Las pruebas serán expuestas en la audiencia de imputación de cargos.

“El material de prueba daría cuenta que este contrato, firmado en el primer semestre de 2015, habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, entre otros requisitos de la contratación pública en el país”, señaló la Fiscalía al anticipar la solicitud que harán a los jueces.

Durante la investigación, que es parte de un macroproceso por la apropiación ilegal de recursos públicos del PAE, los fiscales lograron identificar de qué forma se desviaron los anticipos de los contratos que, en criterio de los investigadores, se entregaron sin el lleno de los requisitos legales, como debió garantizarlo el mismo exgobernador.

“También se logró establecer que, al parecer, no se realizaron los estudios previos; además, los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objeto contractual, lo que habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos”, advirtió la Fiscalía en el informe.

De acuerdo con el ente investigador, no solo hubo ausencia en los requisitos previos para la contratación pública, pues, luego de adjudicarlos, no se ejerció el control sobre la ejecución de los contratos y de esta forma no se pudo garantizar el efectivo cumplimiento de la licitación.

“Otra de las irregularidades que logró detectar la Fiscalía fue la posible falta de seguimiento y control al contrato, hecho que vulneró los derechos de los estudiantes de colegios públicos del departamento”, señaló el ente acusador.