Casas de pique: así funciona el régimen de terror en Tumaco

Es tanto el olvido del Pacífico en Colombia que es la única región del país adonde, según informes de la Procuraduría, se mantienen los ajusticiamientos entre grupos armados en las temibles y mal llamadas casas de pique. Salvo por los lugareños que lo padecen, nadie más se da por enterado por una sencilla razón: pocos quieren denunciar por físico miedo.

Según los investigadores, a niños pequeños de hasta 7 años en algunas comunas del puerto les encargan la macabra misión de recuperar los trozos de los cuerpos de descuartizados cuando caen en las rendijas y espacios de difícil acceso que no puede penetrar un adulto en los siete puntos identificados hasta ahora por el ente de control. El testimonio hace parte de las escalofriantes evidencias que los investigadores tienen en informes que serán entregados bajo reserva a la Fiscalía.

Durante meses funcionarios del ente de control estuvieron haciendo recorridos en las cinco comunas que tiene Tumaco. Los horrores que se desprenden la violencia son verdades que corren de boca en boca sin que nadie se atreva testificar. En el puerto no creen en el poder de la institucionalidad y mucho menos en los compromiso del Estado de poder transformar lo que viene pasando en la región.

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SEMANA conoció que muchos líderes en todo este tiempo decidieron reservarse lo que está pasando porque no confían en la fuerza pública. No se sienten protegidos y por el contrario creen que si hablan quedan más expuestos. Por eso en las comunas de Tumaco impera la ley del silencio impuesta por aquellos grupos ilegales que vuelven muchos de sus barrios prácticamente impenetrables.

En Tumaco hace mucho rato se rompió la confianza entre las familias y aparecieron las fronteras invisibles que impiden que el trabajo de liderazgo de algunas personas en el territorio sea contínuo. De ahí que la Procuraduría haya requerido meses para lograr recuperar de nuevo parte de la confianza para así poder documentar no solo episodios de ajustamientos entre más de 10 estructuras criminales, sino otros vejámenes que ocurren en el puerto.

Según las investigaciones del Ministerio Público, en muchos casos son las propias madres en medio de las reglas de sangre y fuego las que "deben levantar los cadáveres de sus hijos y sacarlos del barrio" cumplir las exequias y en algunos casos reportar el crimen exponiéndose a quedar en evidencia.

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Pero el terror que se impuso en Tumaco no conoce edad, género y mucho menos raza. A los escandalosos detalles de lo que viene pasando con las denominadas ‘casas de ajusticiamiento‘ se suma un drama igual de grave, si no es que es mucho peor. Igual que en los peores años de la violencia con los paramilitares las prácticas de sometimiendo sexual contra niñas menores de edad, personas discapacitadas y LGBTI, ahogan el silencio de los ciudadanos. Lo peor es que, según los relatos, cuando los familiares se atreven a interponer denuncias, las autoridades no les creen y desestiman lo que les dicen. Por eso, tanto en un caso como en el otro lo que abundan son los subregistros. 

Los grupos armados siguen ensañados contra las comunidades escudados en el miedo. Los informes indican que hay en el puerto 23 barrios afectados por las dinámicas violentas derivadas de la disputa por el territorio entre grupos armados que nacieron con la desmovilización de las Farc y grupos de narcos que desde hace mucho tiempo operan en la zona.

Si bien como parte del trabajo que se viene adelantando en el territorio se han recuperado algunas zonas a nivel urbano hay otras donde la presencia del Estado no existe pese a esa gran presencia militar. La recuperación del control estatal y la reinstalación de la convivencia pacífica no puede tardar y por eso el procurador Carrillo hizo un llamado para que el Estado retome el control. "En Tumaco hay un pulso muy fuerte entre la institucionalidad y la ilegalidad y para poder ganarle el pulso a la criminalidad hay que sincronizar las acciones. Aquí se han hecho esfuerzos pero no integrados. Es una colcha de retazos", dijo durante su visita al puerto.

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Como se sabe los horrores que padece Tumaco tienen una columna vertebral: el narcotráfico y la disputa por los corredores que dejaron las Farc. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones que adelanta la entidad "las dinámicas de sometimiento de los territorios urbanos obedecen a la necesidad de controlar la entrada y salida de droga pero no exclusivamente. El control social es apenas uno de los componentes".

Hay una convivencia histórica con el fenómeno del narcotráfico como parte de una respuesta a la ausencia de Estado, poco control territorial y falta de oportunidades que siempre han tenido los habitantes de esta zona. En Tumaco la coca es casi  la única opción de subsistencia. Con el agravante de que, en picos de violencia, según se ha informado a la Procuraduría, el valor del kilo producido puede subir hasta un 150 por ciento.

El drama de lo que viene pasando en el Pacífico lo retrató recientemente el decano de economía de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas. Según un artículo que publicó Portafolio, de cada 1.000 jovenes en la región que terminan su bachillerato, apenas siete ingresan a la educación superior.

Quizás por eso no solo la vida de muchos gira alrededor de la cocaína, sino también con las demás economías que crecen como parte de su cadena productiva. El reclutamiento y otras formas de servicio a esas estructuras ilegales, son percibidos por la población como un fenómeno relacionado con la falta de oportunidades laborales.

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Por ejemplo, en muchas zonas, no solo de Tumaco sino de Nariño, los niños y jóvenes son pagados por los distintos actores armados para que den información sobre válvulas ilegales en el oleoducto que usan para procesar ahi mismo la hoja de coca. De hecho esa es una de las principales complejidades del territorio. En un mismo espacio está la siembra, se da la transformación y se saca rumbo al exterior con la bendición de carteles como el de Sinaloa que amparan otros criminales como a Guacho, quien tienen en jaque a la región.

El Pacífico colombiano está integrado por 45 municipios de cuatro departamentos (Nariño, Cauca, Valle y Chocó) en los cuales viven cerca de 8 millones de personas, la mayoría negros. Es un territorio abundante en biodiversidad, pero paraíso de la ilegalidad. Sobre ese suelo que bordea el mar llamado Pacífico, ocurrieron crímenes tan atroces como las masacres de Bojayá y El Naya, donde fueron asesinadas casi 200 personas. De hecho, las dos masacres que se han cometido en el llamado posconflicto ocurrieron en ese mismo territorio: la de Tandil que dejó varios civiles muertos, al igual que la de Magüi Payán.

Es una de las zonas más ricas del país (de su territorio se extrae el 60 por ciento del oro, o sea 30 toneladas por año), sin contar la riqueza maderera. Además, tiene un puerto que mueve la mitad de las exportaciones colombianas y aporta a la economía nacional 12,8 por ciento del PIB. Pese a lo anterior, la región puntea los peores indicadores sociales del país.

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Como parte de la respuesta del Estado el Programa Nacional de Sustitución Integral de uso Ilícito (PNIS) y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS). Sin embargo, el desconocimiento de las realidades que vive el territorio y la ausencia de seguridad dificultan que estas estrategias prosperen. De acuerdo con varios líderes de las zonas muchas veces funcionarios del Gobierno llegan a socializar los proyectos sin consultarlos previamente con la comunidad. No los escuchan y por eso varios de ellos creen es que las ofertas institucionales naufragan en Tumaco.

La crítica tiene sentido, si se tiene en cuenta que la Procuraduría encontró que cuando el PNIS llega a las zonas sin resolver los conflictos territoriales o una estrategia articulada y organizada lo que siempre ocurre es que se agudizan los conflictos y no se logra disminuir fenómenos como el desplazamiento forzado. Lo más grave es que el Estado no atiende los procesos con continuidad. Las interrupciones en los procesos aumentan la percepción de riesgo de líderes y autoridades étnicas, que son responsabilizados por el éxito o fracaso de los procesos y por eso en el caso de las mal llamadas ‘casas de pique‘ y el creciente aumento de abuso sexual del que nadie en Tumaco se atreve a hablar.

Tumaco es el municipio con más coca del país. Hoy se calcula que supera las 20.000 hectáreas sembradas, muchas de ellas en pequeñas parcelas donde también hay cacao, coco o plátano. Por eso, si no se crea una economía legal fuerte, la ilegal siempre estará a la mano de la comunidad.