Casas de pique, sicariato y reclutamiento forzado: lo que dice la alerta temprana de la Defensoría para Bogotá y Cundinamarca

Con la alerta temprana 010-21, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la preocupante situación en diez localidades de Bogotá y 12 municipios de Cundinamarca, aledaños a la capital. Desde el año 2017, la entidad ha emitido cuatro alertas para los mismos territorios, pero la situación sólo ha empeorado.

De acuerdo con el documento conocido en primicia por SEMANA, las localidades de Bogotá, que tienen zonas específicas en riesgo, son Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén. Específicamente, la advertencia es para 39 UPZ y 5 unidades de planeación rural, en donde habita el 49 por ciento del total de la población de Bogotá.

En Cundinamarca, los municipios son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque, Chipaque, en donde habita el 32 por ciento de la población del departamento.

La alerta señala que la presencia de grupos armados suponen el mayor peligro, pues confluyen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Facciones disidentes de las ex FARC-EP, Águilas Negras, Los Paisas y Los Boyacos. Además, se identificó relación con organizaciones de crimen transnacional. En los corredores oriental y occidental, estos grupos se disputan por el control de los corredores de movilidad, mientras expanden su presencia por los territorios y generan una mayor incidencia en dichas zonas y en las dinámicas de violencia.

“La red criminal funcionaría como cuerpo colegiado ubicando en la base a los grupos armados de crimen organizado con presencia regional o local; en el medio, se encontrarían los grupos armados de crimen organizado de alcance nacional; en el último nivel se encontrarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales”, señala el documento.

Quienes corren el mayor riesgo en medio de la dinámica de conflicto de las zonas señaladas, son mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, migrantes venezolanos, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, población victima, líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, excombatiente, miembros de movimientos y partidos políticos, estudiantes, docentes y docentes sindicalizados, jueces penales, defensores públicos asignados a los juzgados penales municipales y otras personas que sirven de apoyo a los despachos judiciales.

Las principales problemáticas

Desplazamiento forzado inter e intraurbano y préstamos de usura. El incremento de amenazas, ofrecimiento de este tipo de préstamos y la expansión de diversas estructural ha impactado de manera directamente proporcional el desplazamiento forzado.

Desaparición forzada. Más de 35 mil personas desparecieron en Bogotá entre 2010 y 2020, según Medicina Legal. Así, concentra el 29 por ciento del total nacional, con Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa como las localidades con los mayores indicadores.

Esta conducta está relacionada con otras violaciones a los derechos humanos, pues en muchos casos se relaciona con reclutamiento forzado de menores u otros delitos, así como también con el hallazgo de casas de pique y aparición de fosas comunes en Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Soacha.

Las cifras de homicidio se ven distorsionadas con ello, porque al desaparecer los cuerpos, también lo hace el rastro del asesinato y es más fácil ocultar el crimen, logrando una menor acción de las autoridades en contra de las estructuras criminales.

Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Los menores de edad están bajo un gran riesgo, pues en las situaciones económicas y sociales ocasionadas por la pandemia, los grupos armados los instrumentalizan para microtráfico, sicariato y campaneo.

Aunque las denuncias sobre este crimen son precarias y hay un gran subregistro, fuentes comunitarias le han confirmado a la Defensoría del Pueblo que camionetas de alta gama están relacionadas con el reclutamiento de menores, incluso a plena luz del día.

Compra y venta ilegal de terrenos y predios. En junio de 2020, fueron quemadas 18 hectáreas aproximadamente y más de 80 mil árboles en el parque ecológico Entre Nubes, aparentemente con el fin de construir un asentamiento para unas 500 personas. De acuerdo con la Defensoría, esta es una acción reiterada y demuestra que las autoridades no han implementado acciones suficientes para prevenir que persista la compraventa ilegal de tierras en esa zona.

Ese parque es un corredor utilizado por los grupos armados ilegales asociados al narcotráfico, pero también es una opción de vivienda para muchas familias se escasos recursos, especialmente personas desplazadas. La dinámica se repite también en Soacha.

“Se considera factible además el uso de la violencia selectiva e indiscriminada a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas, extorsiones que exponen a las víctimas a atentados contra la vida y la integridad personal mediante métodos y medios para generar terror en la población civil, tales como los panfletos, llamadas intimidantes, videos y correos electrónicos. Igualmente es posible que se presenten casos de desplazamientos forzados intra e interurbanos y se viole el principio de distinción de la población civil en el territorio advertido”, dice la alerta temprana.

El llamado de atención al Estado

La radiografía sobre las acciones del Estado es preocupante. Por una parte, las entidades de la administración distrital no han logrado focalizar los barrios periféricos y las acciones emprendidas, de todas formas, no son preventivas, pues se enfocan más en protección a las personas que ya fueron vulneradas. Para la Defensoría del Pueblo, no hay acciones dirigidas a transformar las dinámicas de control social y los factores de vulnerabilidad, que facilitan el control tan grande que tienen los grupos armados, tanto en Bogotá como en Cundinamarca.

En el orden nacional, la respuesta también ha sido insuficiente. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no adelanta acciones oportunas para proteger a la población en riesgo que hacen parte del programa, la mayoría de las entidades, como el Sena o la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, han reflejado incapacidad institucional de reaccionar ante el escenario de riesgo extraordinario, considera la Defensoría.

Asimismo, en la alerta se resalta la importancia de contar con información sobre las acciones de la Fiscalía, el alto comisionado para la Paz, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pues no la han enviado a la Defensoría y así es muy difícil conocer cuáles acciones han promovido para abordar las problemáticas.

Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las distintas autoridades municipales, departamentales y nacionales para que elaboren planes de trabajo específicos para combatir las problemáticas descritas, entre otras acciones.

A la Fiscalía General de la Nación, la entidad le recomienda definir un mecanismo que permita impulsar las investigaciones de los hechos victimizantes descritos en la alerta y las investigaciones por amenazas y ataques en contra de los jueces penales y defensores públicos.