Nación
Casi 700 víctimas en Arauca se declararon en desplazamiento forzado: Procuraduría
En diálogo con SEMANA, el procurador delegado para los Derechos Humanos detalló el despliegue de la institución de cara a la situación de violencia que vive el departamento.
El departamento de Arauca, territorio en la frontera con Venezuela, vive en constante violencia por enfrentamientos de grupos guerrilleros y delincuenciales concentrados en los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena. Entre otras entidades, la Procuraduría General de la Nación ha hecho presencia en el territorio para documentar y monitorear las acciones que se llevan a cabo para mitigar la problemática.
En el último reporte de la comisión extraordinaria, con corte del 23 de enero de 2022, se registraron 693 tomas de declaraciones individuales por parte del despliegue de la Procuraduría en la región y las respectivas personerías. Nueve de estos procedimientos se llevaron a cabo en Arauquita, 219 en Saravena, 75 en Fortul y 390 en Tame.
Con respecto al último reporte, se presentó un incremento del 27 % en declaraciones y un aporte de la Procuraduría en el 42 % del total de las mismas. Los resultados de estas muestras indican la gravedad del problema de desplazamiento por los grupos armados de la zona.
Según Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, el 100 % de los 963 individuos que declararon reportaron ser víctimas de desplazamiento. “Los hechos victimizantes son, en todos los casos, desplazamiento forzado. Es el que encabeza. Tenemos en un 21 % amenazas y en un 2 % homicidios”, le contó a SEMANA.
Lo más leído
El Ministerio Público logró dar con estas declaraciones por medio de un equipo de 12 personas desplegado al territorio. En Saravena y Tame, donde más se ha concentrado la violencia, enviaron a cuatro funcionarios por municipio. En Fortul y Arauquita se destinaron dos personas para cada uno.
Las declaraciones, hechas libre y voluntariamente por quienes se consideran víctimas, pasarán a la plataforma nacional Vivanto y después serán verificadas por la Unidad de Víctimas. Estas personas, que en mayor cantidad vienen de zonas rurales, se acercan a las oficinas de las personerías para que se tengan en cuenta sus testimonios.
A pesar de que no existen datos sólidos sobre el número de desplazados, “lo que sí es cierto es que estaban en la parte rural y se acercó a la cabecera municipal a manifestar que estaba siendo desplazada. Si regresó a su vereda o corregimiento, no tendríamos la capacidad de determinarlo”, complementó.
Para conseguir estas declaraciones, el equipo de la Procuraduría tuvo que movilizarse hasta las zonas rurales, territorios indígenas y zonas de reincorporación. “Nos trasladamos a la zona rural, en algunas situaciones las personas están en otra figura que se puede llamar confinamiento. Tienen temor y zozobra, pero ni se atreven a salir de ahí”, contó.
Los ex-FARC, según Sarmiento, también son objeto de amenazas por parte de las disidencias de esa guerrilla, del ELN y demás grupos criminales. “Allá hay 189 excombatientes que están viviendo y adelantando sus proyectos productivos. En este grupo, 33 manifestaron trasladarse a otros municipios porque temían por su situación de seguridad. Unos se fueron para el Meta, otros para Santander, Norte de Santander y otros a Bogotá”, dijo, cifra que no está incluida en el consolidado de declaraciones.
Junto a autoridades territoriales, también se visitó el resguardo indígena Makaguan, en el territorio de El Vigía. “Allí se logró hacer un censo de 774 personas equivalentes a 116 familias que necesitan atención inmediata en salud y alimentación. Manifestaron también que requieren apoyo de seguridad para poder seguir realizando sus prácticas tradicionales”, explicó.
La situación empeora en Arauca
Según Sarmiento y su percepción durante su visita del pasado 13 y 14 de enero, se trata de una confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. “Las comunidades están atemorizadas. Hay zozobra y miedo. El comercio ha estado paralizado y se cierra a las 4 de la tarde”, contó, haciendo referencia a un toque de queda concertado por la población para resguardarse del peligro.
Además, recalcó que a la violencia se suman las necesidades que Arauca padecía desde hace tiempo.
En los últimos días, a pesar de que en las primeras semanas se podían movilizar funcionarios, la orden de las autoridades es que los trabajadores de la Procuraduría se resguarden en sus hoteles. “Cada dos días están asesinando a alguien o hay algún atentado cada cinco días. Nos toca proteger la integridad y la vida de nuestros funcionarios”, dijo Sarmiento.
En la opinión del delegado, para resolver la problemática las autoridades municipales han actuado de forma ágil y pertinente en el contexto y bajo las posibilidades. Por otro lado, el Gobierno debería volcar más la institucionalidad hacia Arauca.
“Reconocemos que la medida de seguridad de remitir nuevos batallones de 600 personas contribuye, pero esto requiere una sumatoria de acciones. Que la Unidad de Gestión del Riesgo y la Unidad de Víctimas estén presentes, por ejemplo. Debe haber un volcamiento encima del departamento de Arauca. Solo con medidas militares no está la solución”, concluyó, haciendo un llamado a la Presidencia para que fortalezca la presencia institucional en el territorio.
