JUDICIAL
La justicia ‘show’ en el caso de la hija de Aida Merlano
La jueza regañó a la Fiscalía por su actuación “grosera” al detener a la hija de Aida Merlano. Eso no solo significó un oso para esa entidad. También planteó una profunda reflexión sobre los excesos de la detención preventiva.
La escena parecía de una serie policiaca de Estados Unidos. Una joven universitaria va al volante de una camioneta a medianoche y en la puerta de su casa, un grupo de personas vestidas de civil la rodean y le apuntan con armas a lado y lado del carro. Detrás, de otro vehículo descienden más individuos que los apoyan. La estudiante sale de la camioneta con las manos en alto, en pánico y pocos minutos después estalla en llanto. Al otro día, ante decenas de cámaras la suben a un helicóptero con un despliegue con más de 20 efectivos de la Policía a cada lado para trasladarla a comparecer ante la justicia.
En otras circunstancias, cualquiera pensaría que se trataba de la captura de uno de los criminales más buscados. En esta ocasión, sin embargo, la justicia determinó que ni siquiera existían méritos para mantenerla presa. Así, la hija de Aida Merlano, una estudiante de psicología que lleva el mismo nombre de su madre, pasó de estar en los noticieros del país señalada por las autoridades, a representar en persona los excesos de la justicia espectáculo.
Es bastante inusual que un juez se despache de semejante manera contra la Fiscalía y su afán de capturar a las personas relacionadas con los grandes escándalos del país. Pero en este caso, la jueza 12 de Control de Garantías de Bogotá, no se reservó ningún comentario. Calificó la captura como un “show mediático” y señaló que la actuación del ente acusador había sido “grosera”. Agregó que este organismo no había actuado con “transparencia ni con lealtad”. Y relató cómo esa entidad había tocado las puertas de varios jueces de Paloquemao para ver cuál avalaba la orden de captura. Recordó que tanto la hija de Merlano como el odontólogo Javier Cely se habían puesto a disposición de las autoridades, por lo cual el despliegue para capturarlos de esa manera solo podía obedecer al interés de armar un show judicial.
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Días antes de este pronunciamiento de la jueza, varios juristas ya habían alertado, a partir del caso de la joven Merlano, sobre la forma como la presión de los medios, la opinión pública y las redes sociales perjudican al sistema judicial. Iván Cancino, en entrevista con SEMANA, lo comparó con el circo romano. “La Fiscalía busca capturar para que la gente aplauda”, dijo. El jurista creó una asociación, a la que se vincularon una decena de abogados penalistas, para “proteger” a los jueces de garantías de la presión de las masas que buscan siempre un carcelazo.
Su reflexión se basa en que el sistema penal colombiano tiene como uno de sus principios fundamentales la total excepcionalidad de la detención preventiva, es decir la realizada antes de que un proceso determine si la persona es culpable o inocente. En el Gobierno pasado, el ministro de Justicia Yesid Reyes asumió la vocería de esa causa. Describió cómo más de la mitad de los presos del país estaban tras las rejas sin una sentencia en su contra. Y que esto representaba demandas contra el Estado por un total de 22 billones de pesos. Reyes promovió una ley para endurecer los requisitos para esos casos.
Esa idea, de común aceptación entre los juristas, sin embargo resulta bastante impopular en la opinión pública que –también con razón– clama por medidas más drásticas que eviten a toda costa la impunidad. Pero, como sostiene Reyes, “el fin de combatir el delito no justifica cualquier medio para conseguirlo”. Los penalistas que respaldan esa idea consideran que la presión de la opinión pública genera una especie de populismo punitivo por el cual la ley establece nuevos delitos y endurece las penas, sin que a la larga esas medidas sirvan para desmontar estructuras criminales o para desestimular los delitos.
El respetado jurista Luigi Ferrajoli le dijo a SEMANA hace un tiempo que “la cárcel no ha cumplido su promesa. No solamente priva la libertad personal, sino que priva al ser humano de tantísimos más derechos. Por esto, debería ser reducida cuantitativamente y estar prevista solo para los delitos más graves”. Paradójicamente, la fuga cinematográfica de la exsenadora terminó por poner de nuevo esta reflexión en la agenda pública de los colombianos.