Magnicidio de Álvaro Gómez: un crimen sin castigo

A las 8 y 15 de la mañana del 2 de noviembre de 1995 el país se estremeció. El dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por sicarios que le dispararon en su automóvil a la salida de la Universidad Sergio Arboleda. Pero aunque han pasado dos décadas del magnicidio, lo único claro hasta ahora es que ha reinado la impunidad.

Hace pocos días, justo cuando el caso estaba ad portas de prescribir por cumplir 20 años, el fiscal general, Eduardo Montealegre, sorprendió al anunciar que el plazo se cumplirá en marzo de 2022. “Siguiendo la jurisprudencia de la corte, se amplía el término de prescripción teniendo en cuenta que hay personas pertenecientes a la fuerza pública que van a ser vinculadas en el proceso de la muerte de Gómez Hurtado”, explicó el funcionario.

Poco después de esa determinación, la Fiscalía informó que ha vinculado al caso al general retirado Rito Alejo del Río, hoy preso por otro caso. Según el ente investigador, un paramilitar desmovilizado llamado Edwin Zambrano, alias William, declaró que en 1995 el general Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército, realizó una reunión con paras y militares en las que resolvieron perpetrar varios asesinatos, entre ellos el del dirigente conservador.

Con esta decisión la Fiscalía abre una nueva línea investigativa según la cual un grupo de militares, encabezados por Del Río, estuvo detrás de la planeación y ejecución del magnicidio. La familia del dirigente político rechazó esta medida, ya que considera que es otra cortina de humo y una nueva maniobra para desviar y dilatar la investigación.

Tesis sobre un magnicidio

Lo cierto es que independientemente de la última tesis de la Fiscalía, la actuación de la justicia ha dejado mucho que desear a lo largo de dos décadas. Desde el inicio de la investigación hasta hoy, el caso ha girado alrededor de varias teorías sin resultados.

En un primer momento, las autoridades detuvieron a un grupo de personas de Sincelejo señaladas por un supuesto testigo estrella de ser las responsables del asesinato. Tiempo después se demostró que los involucrados no tenían nada que ver y que ni siquiera estuvieron en Bogotá cuando ocurrió el crimen. Quedaron libres y el testigo fue condenado por falsedad. Fue la primera oportunidad en que se desvió el caso.

Tras caerse esa teoría, surgió una nueva. Señalaba a integrantes de la desaparecida Brigada XX de Inteligencia como los responsables. El comandante de esa polémica unidad, el entonces coronel Bernardo Ruiz Silva, fue detenido junto a varios de sus suboficiales y algunos civiles. Según la investigación, en esa unidad existía un grupo conocido como ‘Cazadores’, que habría participado activamente, en reuniones y planes, con un grupo de civiles que tenían el objetivo de darle un golpe de Estado al entonces presidente Ernesto Samper, fuertemente cuestionado por el ingreso de dineros del narcotráfico durante su campaña presidencial, en el llamado Proceso 8.000. La hipótesis en ese entonces señalaba que asesinaron a Gómez Hurtado porque no estuvo de acuerdo con el plan y porque conocía la identidad de algunos de los supuestos golpistas. Después de permanecer detenidos varios años, en 2001 el coronel Ruiz y varios de los capturados recobraron la libertad por orden de la Fiscalía al no poder probar su responsabilidad en el magnicidio.

Durante años la investigación quedó empantanada y en el más completo olvido. La familia del dirigente, encabezada por su sobrino Enrique Gómez Martínez, emprendió entonces una cruzada para hacer su propia pesquisa en busca de respuestas y justicia.

Abrieron una nueva línea investigativa basada en la declaración del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. Según el capo, la mafia habría ordenado el crimen en coordinación con paramilitares, con el fin de ayudar al gobierno de Samper a silenciar a Gómez Hurtado, el más duro crítico de esa administración. Por esto la familia considera que se trató de un crimen de Estado.

Durante los últimos cinco años sus miembros batallaron para que la Fiscalía tomara en serio esta hipótesis, que indica además que el abogado Ignacio Londoño habría jugado un papel fundamental al ser supuestamente la persona que habría llevado la razón a los narcos y paramilitares para asesinar al líder conservador, por orden de Samper y su entonces ministro del Interior, Horacio Serpa.

Varios de los argumentos de Rasguño fueron descartados por inconsistencias y contradicciones. En julio pasado, alguien asesinó a Londoño en medio de la contienda electoral para la Alcaldía de Cartago. Para la familia Gómez con ese homicidio murió uno de los hombres clave del caso y, según ellos, no descartan que esté relacionado con el magnicidio.

Sin embargo, para la Fiscalía las cosas son muy diferentes. Han descartado que la muerte de Londoño esté relacionada con la investigación por el homicidio de Gómez. También, como ha manifestado el fiscal Montealegre, no han encontrado evidencias que señalen que por acción u omisión Londoño participó de alguna manera en el asesinato del caudillo.

No obstante, el ente acusador adelantaba una investigación contra Horacio Serpa, que envió a la Corte Suprema de Justicia cuando fue elegido senador. En la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes existe igualmente una indagación preliminar contra Samper por el caso.

La reciente vinculación del general Del Río al proceso es un nuevo capítulo con un final bastante incierto en la ya larga historia de este magnicidio. La indignación de la familia del líder conservador por este hecho y los airados reclamos para que se investigue lo que ellos consideran un crimen de Estado terminó en un cruce de recriminaciones y acusaciones.

La semana pasada se conoció una comunicación firmada por el expresidente Samper y el hoy senador Serpa, en la que anunciaron acciones legales contra varios de los integrantes de la familia Gómez. “Rechazamos una vez más de manera vehemente las palabras calumniosas y delirantes de los señores Enrique Gómez Martínez y Mauricio Gómez Escobar quienes, haciendo caso omiso de todas las evidencias en contrario aparecidas en los últimos años, se empeñan en convertir en crimen de Estado lo que fue un magnicidio organizado por sectores de la derecha para desestabilizar el gobierno de la época”, dice uno de los apartes del comunicado.

Por ahora, lo único cierto es que transcurridas dos décadas no hay justicia en el caso de Álvaro Gómez. Lo triste es que con esta nueva línea de investigación, que ahora comienza la Fiscalía, es previsible que pasarán varios años más en los que seguirá reinando la impunidad.