Caso Arias tendrá el mismo magistrado que conoció conflicto de jurisdicción de Uribe

En mayo se abrió un nuevo capítulo en un libro que se creía del todo cerrado. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la impugnación por parte de la defensa de Andrés Felipe Arias Leiva contra la condena que pesa sobre éste por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Lo decidido por la Corte no tiene precedentes históricos en Colombia, es la primera vez que una sentencia proferida por el Alto Tribunal será recurrida y sometida a una segunda instancia. A la fecha, el exministro de Agricultura se encuentra privado de la libertad en la Escuela de Caballería del Ejército, en Bogotá, tras su extradición al país desde Estados Unidos.

Una vez se hizo público que el proceso tendría un nuevo fallo, las actuaciones previas empezaron a tener consecuencias a futuro. Tres de los magistrados que firmaron seis años atrás la sentencia que condenó a Arias a 17 años de cárcel, presentaron su impedimento para pronunciarse en una segunda ocasión. Se trató de Eyder Patiño, Eugenio Fernández y Patricia Salazar. Más adelante, se les uniría Hugo Quintero, quien había escrito sobre el caso en diferentes columnas de opinión antes de convertirse en miembro de la corporación.

Así las cosas, la ponencia tuvo que sortearse entre los cinco magistrados aún habilitados en la Sala Penal. La responsabilidad le correspondió al magistrado Gerson Chaverra, quien elaboraría el proyecto de fallo y eventualmente fallaría con Jaime Humberto Moreno y Luis Antonio Hernández. Sin embargo, esta sala se desmembró.

Moreno y Hernández, en septiembre de 2019, el primero como ponente y el segundo como integrante de sala, conocieron el caso de José Francisco e Inés Margarita Vives Lacouture. La pareja de hermanos, luego de ser condenados en uno de los expedientes que se desprendieron del escándalo de AIS, acudieron a la Corte Suprema de Justicia para que permitiera que la decisión fuera objeto de casación. La Alta Corte se negó a conocer del asunto y la pena de 11 años de prisión se mantuvo. Por lo tanto, Moreno y Hernández optaron por apartarse del caso de Arias. José Francisco Acuña, otro de los magistrados, también conformó la Sala que tomó esta decisión y siguió el mismo camino de sus colegas al presentar su impedimento.

Para colmo de males, Chaverra también se declaró impedido tras señalar que cuando se desempeñaba en el Tribunal Superior de Bogotá —justo antes de convertirse en magistrado de la Corte— llevó a cabo una diligencia de legalización de elementos dentro de otro de los procesos de AIS. En su criterio, el pronunciamiento que emitió en aquella ocasión podría dejar bajo tela de juicio su independencia en el presente caso.

Pero, en acta del 2 de octubre, sus argumentos fueron desestimados. Los conjueces Alfonso Daza y Whanda Fernández y el magistrado Fabio Ospitia, quienes estudiaron y aprobaron los demás impedimentos, ratificaron a Chaverra como ponente y afirmaron que su participación no afectaba de ninguna forma las garantías de Arias Leiva como procesado.

“Se descarta ab initio que su imparcialidad para asumir el conocimiento de este asunto pueda estar en entredicho, o comprometida, si se tiene en cuenta que su intervención en el rol de juez de control de garantías, como Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en el adelantamiento de este asunto, no lo llevó a adoptar una postura de fondo que pueda considerarse vinculante a la hora de entrar a resolver la impugnación especial” se concluyó en el acta.

De esta forma, Chaverra liderará una sala especial (en razón a que siete magistrados están impedidos) que también contará con Ospitia, antiguo magistrado auxiliar de Leónidas Bustos, y la conjuez Fernández, docente de la Universidad Nacional.

El historial de Chaverra prueba que llegó en marzo de 2020 a la Sala Penal de la Corte Suprema después de cultivar 25 años de experiencia como funcionario judicial. Fue magistrado, por concurso de méritos, de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibó y luego se trasladó al centro del país para trabajar en el Tribunal Superior de Bogotá.

El caso del exministro Arias es el segundo expediente delicado y noticioso que en poco tiempo cruza por su despacho. Justo ayer la Sala Plena dictó el fallo que definió la jurisdicción aplicable al caso de Álvaro Uribe. El magistrado Chaverra fue el ponente del asunto y conceptuó que el proceso continuará en Ley 906 con lo cual se abrió la puerta para que la juez de garantías decida sobre la solicitud de libertad elevada por los abogados del expresidente. En otras palabras, la ponencia de Chaverra —cuyo sentido no sorprendió a nadie porque siguió la lógica jurídica en la materia—, aprobada por sus colegas 19-2, es el primer paso concreto hacia la eventual caída de la detención domiciliaria que pesa sobre el líder del Centro Democrático.