Caso Centro Poblados: Choque entre Fiscalía y MinTIC por resultados en la investigación y la reparación

Una entrevista del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en Caracol Radio, desató indignación en la Fiscalía y en quienes han hecho parte de las actuaciones penales, disciplinarias y fiscales del escándalo de Centros Poblado. Lo escucharon y tomaron nota de lo que consideraron “mentiras” del funcionario en la entrevista.

El ministro dijo que “no hay avances y la justicia tampoco ha condenado, entonces si no aparece la plata, por lo menos que aparezcan las condenas”, esta es quizá la frase que más llamó la atención de los investigadores que por meses lograron llevar a juicio a los responsables, conseguir una condena y otra para lectura de fallo.

SEMANA se comunicó con el ministro Lizcano, quien reconoció la condena que negó en la entrevista radial, pero advierte que no fue gracias a una investigación “exhaustiva” de la Fiscalía, sino producto de una “confesión y le permite libertad condicional por ser una pena inferior a 48 meses”, dijo el ministro, seguramente, desconociendo que para lograr una confesión, las pruebas deben llevar al responsable a reconocer su responsabilidad y esto, solo es posible a través de una investigación “exhaustiva”.

La investigación

La Fiscalía, por su parte, hizo una radiografía de la investigación, de cómo fue posible, gracias a la declaración de Juan Carlos Cáceres, llegar a otros responsables como Emilio Tapia, imputar cargos y tenerlo a las puertas de un juicio. Fueron dos fases de la investigación que abrieron cinco rupturas procesales, con media docena de imputados y un condenado.

Todos los capturados decidieron aceptar responsabilidad, algunos a través de acuerdos, que requieren de un grado de reparación, ahí el meollo del asunto y lo que motivó las discrepancias entre el Ministerio de las TIC y la Fiscalía. Mientras Lizcano advirtió, en la entrevista, que la “Fiscalía cayó en chichiguas” hablando de la reparación, el ente acusador aseguró que el ministerio no ha rechazado, ni aceptado, formalmente la propuesta de reparación de los implicados, en un claro choque de versiones que incluso pondría sobre la mesa que desde MinTIC no han hecho seguimiento a la recuperación del dinero.

A SEMANA el ministro Lizcano le aseguró que las propuestas de reparación deben ser “viables” y, hasta el momento, revisado por los equipos del ministerio, no lo son y, por tanto, no las pueden aceptar. Tanto Juan Carlos Cáceres como Emilio Tapia, han ofrecido unos puntos de conectividad como forma de completar su reparación, algo que para el ministro puede llevar al Estado a incurrir en gastos de interventoría, así, asegura, se lo explicaron a los abogados.

Desde la Fiscalía insisten que el Ministerio TIC, como víctima en el proceso, tiene la posibilidad de aceptar o no la reparación que ofrecen los indiciados, pero no contestar, se convierte en un problema jurídico para avanzar en los procesos, algunos a las puertas de un juicio. Es necesario una respuesta formal y judicial para concretar los caminos a seguir en las investigaciones.

Ante esto, el ministro aseguró que “se ha solicitado modificar propuestas de reparación”, partiendo del hecho de que no están obligados a aceptar dicha reparación y de tal situación han sido informados a los abogados. Un escenario muy distinto que plantea la Fiscalía cuando aseguran que el ministro ni siquiera los atiende y, en algunas oportunidades, hasta los dejaron plantados en mesas técnicas donde participó además la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

El ministro Lizcano lo negó. “No es cierto. Se han atendido diversas reuniones con la agencia y representantes de la Fiscalía sobre las propuestas de reparación”.

Los 70.000 millones

El otro asunto que divide las cargas y genera discrepancias entre el Ministerio y la Fiscalía está en el monto de la defraudación. Mientras el ente acusador advierte que luego de las investigaciones, de los hallazgos forenses, incluso con la colaboración de agencias federales de los Estados Unidos, se estableció que el monto del peculado llegó a los 15.000 millones de pesos, el ministro insiste que el dinero perdido son los 70.000 millones de pesos del anticipo.

La explicación que tiene la Fiscalía está vinculada estrechamente a los delitos que fueron imputados, entre otros el peculado y, la investigación logró establecer que el monto de ese peculado fueron los 15.000 millones, porque el resto aparece soportado en las facturas y en las órdenes de compra que presentó Centros Poblados; equipos que fueron adquiridos, pero que por obvias razones el Ministerio no recibió.

“En primer lugar, de los 70.000 millones girados en concepto de anticipo por el ministerio a la UT Centros Poblados, el ministerio no recibió ningún equipo ni se pudo amortizar nada, luego ese dinero se perdió. El ministerio tuvo que volver a girar un anticipo para el contrato con la ETB, que es la empresa que está ejecutando el proyecto que debió ejecutar Centros Poblados”, señaló el ministro Lizcano.

De acuerdo con la Fiscalía es un problema de detrimento patrimonial y las actuaciones para recuperar lo invertido por el Estado nacen en la Contraloría que puede ser juez y parte en el proceso, porque al ente acusador le resulta muy difícil imputar un peculado cuando los implicados logran demostrar la inversión que hicieron con el anticipo del Ministerio, otra cosa es que los elementos comprados no los reciba el contratante.

La reparación

SEMANA conoció un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, donde se advierte de manera detallada los recursos en efectivo que han ingresado a las cuentas fiduciarias como parte de la reparación de quienes en el proceso tomaron la determinación de devolver algunos recursos.

Son más de 5.700 millones de pesos entregados por quienes ya fueron condenados, están en juicio, avanzan en un principio de oportunidad o están por resultar condenados. La defensa de algunos procesados advierte que han remitido diferentes correos al Ministerio que no ha tenido respuesta para avanzar o cambiar su propuesta de reparación.

El ministro Lizcano reconoció que hay una reparación en efectivo de los implicados, sin embargo, que parte de esos recursos están a nombre de la Fiscalía y hasta tanto no se concrete una reparación efectiva, no estarán a nombre del Ministerio, en otras palabras no se entendería como una reparación a las víctimas.

Tristemente, el asunto terminó enredado y mientras más se demoren en definir la forma y monto de la reparación, el tiempo pasa y quienes están privados de la libertad siguen descontando las condenas que no tienen y cuando la justicia falle, con seguridad quedarán en libertad. Es sano recordar que las penas no las impone la Fiscalía, son los jueces, y los peculados incluyen lo apropiado, no lo invertido.