Caso Centros Poblados: Arrancan procesos de extinción de dominio

Son varias las diligencias que siguen pendientes en la Fiscalía y en el marco de los procesos de colaboración que supuestamente tienen algunos de los implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mientras estas diligencias se cumplen, la Fiscalía no perdió el tiempo y arrancó con los procesos de extinción de dominio.

En varias de las declaraciones que se rindieron ante la Fiscalía, los testigos aseguraron que, con el dinero del primer desembolso del MinTIC a Centros Poblados para la ejecución del multimillonario contrato de conectividad, se compraron apartamentos y vehículos que no estaban en el listado de necesidades, al inicio de contrato.

Uno de esos testigos fue el representante legal de una empresa que conformó la unión temporal Centros Poblados, se trata de Juan Carlos Cáceres. Aseguró a la Fiscalía, a modo de confesión, en qué se gastaron y cómo recibieron el dinero del anticipo entregado por el Ministerio TIC.

“Quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75.000 dólares por un tema personal”, dijo Cáceres a la Fiscalía.

Incluso aseguró que uno de sus socios estaba sin carro y por eso, con la plata del ministerio, decidieron comprar uno por un valor superior a los 200 millones de pesos. “Quiero dejar constancia que Robert Gómez en esos días necesitaba un dinero porque no tenía carro y yo le dije al gerente de Inselsa que le diera un préstamo a Robert de 200 millones de pesos y que yo los iba a descontar de la plata que yo había conseguido”, señala la declaración de este testigo.

La forma en que se repartieron los recursos entregados por el Ministerio fue confirmada por el testigo. Justamente ese fue el inicio de las investigaciones del ente acusador y de los procesos de extinción de dominio tendientes a corroborar la forma en la que se gastó ese dinero y las posibilidades que existen para recuperarlo, así sea a través de la ocupación.

En su declaración Cáceres incluso aseguró que Emilio Tapia le dijo que por plata no había que preocuparse, porque tenía más de 60 mil millones de pesos de un crédito y en un banco. La repartija fue tan amplia y sin trámites. Se trata del dinero del Estado, de los contribuyentes, de ahí la necesidad de recuperarlos.

“Sobre esto quiero decir que él me recalcó varias veces que no había llegado a su destino, que era Dubái; yo tenía que ir al banco a revisar esa transferencia, eso me lo dijo hace poco, yo no alcancé a ir al banco a verificar eso”, aseguró Cáceres.

Fueron una docena de giros, consignaciones y transacciones que finalmente sacaron, por completo y del país, el dinero que se destinó para la compra de los equipos con los que, supuestamente, se pondría en marcha el millonario proyecto. El representante legal de centros poblados, Luis Fernando Duque, le dijo a la Fiscalía que ese dinero, más de 58.000 millones de pesos, ya estaban invertidos en el proyecto.

El proceso de extinción de dominio tiene como propósito identificar la forma en que se gastó el dinero, los bienes, cuentas e inversiones de todos los implicados antes y después de estallar el escándalo. De esta manera establecer si hubo un incremento patrimonial injustificado y proceder a ocuparlo.