Caso Colmenares: La defensa contraataca

El juicio oral por la muerte de Luis Andrés Colmenares fue largo, tensionante y con un final sorpresivo para la opinión pública: la Justicia concluyó que, al contrario de lo que decían la Fiscalía y la familia doliente, al joven nadie lo asesinó, sino que falleció por un lamentable accidente.

Este fin de semana se cumplen diez años del deceso del universitario, ocurrido en la noche de Halloween de 2010. Mientras que las partes siguen aguardando el tardío veredicto del Tribunal Superior de Bogotá, los abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas y absueltas en primera instancia, están tomando medidas para que efectivamente se cumpla una serie de órdenes que impartió la jueza al descubrir actos irregulares de funcionarios y de otros implicados.

Una de las órdenes de la togada involucra al primer grupo de bomberos que se encargó de buscar a Colmenares aquella madrugada en inmediaciones del parque El Virrey, en el norte de Bogotá. El joven y una veintena más de estudiantes de la Universidad de los Andes celebraron la noche de disfraces en una discoteca, donde bebieron y bailaron hasta las tres de la mañana. Según los testimonios de varios de esos muchachos, de Laura y Jessy, Colmenares salió del lugar alterado y en estado de embriaguez, por lo que ambas lo acompañaron hasta un puesto de comida rápida. Allí, súbitamente empezó a correr hacia el parque y Laura fue tras él mientras que Jessy aguardó a varios amigos que la recogieron en una camioneta y fueron a buscarlos.

Al llegar, encontraron a Laura en shock. Decía que Luis Andrés había seguido corriendo y que lo vio caer al canal de aguas lluvias que atraviesa el parque. Los universitarios dijeron haberlo buscado por el sector y que dieron aviso en el CAI. Más tarde llamaron a los bomberos, que tampoco lo encontraron. El testimonio de estos rescatistas hizo que la hipótesis del supuesto crimen tomara vuelo. Los bomberos aseguraron haber inspeccionado todo el canal y entrado al túnel subterráneo que pasa bajo la carrera 15, en el punto donde está el CAI. En ese lugar, en las entrañas del túnel, otra brigada de bomberos halló el cadáver de Colmenares al día siguiente. Eso dio para que el cuestionado fiscal Antonio Luis González asegurara que al joven lo habían asesinado y habían puesto luego el cadáver en ese lugar. “Los primeros bomberos no lo encontraron porque no estaba ahí”, dijo.

Pero en el juicio, los primeros bomberos admitieron que en realidad nunca entraron al túnel. Simplemente se habían asomado a la boca y desde ahí trataron de iluminar con sus linternas el interior de 67 metros de longitud. La jueza accedió a realizar una inspección en el lugar con los mismos bomberos y a la misma hora. Estos repitieron el ejercicio de aquella madrugada y aseguraron que eso era suficiente para establecer que no había nada dentro del túnel. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando dos asistentes se adentraron y sacaron un maniquí que habían puesto en el punto exacto donde la segunda brigada de rescatistas, que sí entró al túnel, halló a Colmenares.

A lo ocurrido con los bomberos se sumarían otras dos situaciones determinantes para creer la hipótesis del crimen: el desfile de supuestos testigos y el peritaje de exhumación que hizo el forense particular Máximo Duque al cadáver del joven muerto, un año después del deceso.

Para darle sustento a su teoría, el fiscal González presentó un testigo que aseguraba haber visto que a Colmenares lo atacaron en El Virrey unos jóvenes que estaban en una camioneta. Pero luego la defensa probó que el testigo a esa hora estaba al otro lado de la ciudad cumpliendo un turno de celador. El fiscal, sin sonrojarse, días después consiguió un segundo declarante, pero pasó algo similar y quedó en claro que mentía. Y luego trajo un tercero que resultó aún más contradictorio. Al final, los tres falsos testigos aceptaron que les habían pagado por mentir y fueron condenados.

La jueza ordenó compulsar copias contra el fiscal González y contra dos fiscales que lo relevaron en el caso. Señaló que todos ocultaron evidencias que les resultaban inconvenientes y que deliberadamente trataron de inducir a la Justicia a cometer un error. El tercer testigo, Jesús Alberto Martínez Durán, murió asesinado en la cárcel a donde fue a parar por las mentiras que dijo en el caso Colmenares. “El primer testigo indicó que a él lo habían contratado, habló de las reuniones con el fiscal y con el papá del joven Colmenares en hoteles en Bogotá y en La Guajira; contó cómo le mandaban plata. Pero nunca ha pasado nada. Otro de los testigos murió en la cárcel y ni siquiera ha habido un reproche moral contra quienes lo vincularon en esos enredos”, dice Jesús Albeiro Yepes, defensor de Jessy Quintero.

La jueza, también cuestionó duramente, con orden de compulsa de copias, al forense particular Máximo Duque, quien exhumó el cadáver diez meses después de los hechos y presentó un informe en el que concluyó que la muerte de Colmenares: “No es compatible con caída de altura (accidente), sino con homicidio”. Con ese argumento, el fiscal insistió en que eran falsas las versiones de Laura y Jessy y las de una decena más de universitarios, y que entre ellos había un pacto de silencio criminal. Pero en el juicio se expusieron fotos de la exhumación y la jueza escuchó el testimonio del forense. Así quedó claro que realizó un procedimiento poco profesional, por decir lo menos. Duque puso el cuerpo sobre cartones, empleó un cuchillo de cocina de tamaño considerable y manipuló la osamenta de tal manera que produjo lesiones cervicales que registró como pre mortem. Ante eso, la jueza ordenó investigar a Duque tanto disciplinaria como penalmente.

Hace un año el abogado Pedro Aguilar, uno de los defensores de Laura Moreno, se dio a la tarea de averiguar qué ha ocurrido con las órdenes de investigación que impartió la jueza a lo largo del juicio y en la sentencia de febrero de 2017. Como se sabe, el veredicto declaró inocentes a las acusadas y dijo que más bien la Fiscalía y otros habrían delinquido para intentar hacer ver la muerte como un crimen.

Aguilar acudió al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, el ente encargado de atender las órdenes de los jueces del circuito de Bogotá. Inicialmente hubo silencio y luego evasivas. Más adelante el funcionario a cargo señaló que no podía revisar el expediente porque este había sido remitido al Tribunal Superior de Bogotá, donde aún está en trámite de apelación. El abogado hizo ver que esa no era una excusa. Finalmente se ordenó hacer una inspección al expediente, que desde hace más de tres años está en el despacho del magistrado Jairo Agudelo.

Y al revisarlo quedó claro que no se cumplió “la realización de dichas compulsas por parte de este Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio”, según dice la respuesta oficial. Es decir, que hasta ahora no han cumplido las órdenes que impartió la jueza 11 de conocimiento para investigar a fiscales, peritos y bomberos. “Eso no puede ser, en los próximos días vamos a presentar las respectivas acciones disciplinarias y penales. Las disposiciones de los jueces no pueden quedar en un saludo a la bandera”, concluye Aguilar.