Cinco lecciones del caso Colmenares

En el año 2011 lo que parecía ser un caso más en el amplio espectro judicial colombiano terminó ocupando los titulares de prensa, los análisis en los medios de comunicación y, sobre todo, las conversaciones de la opinión pública. Los nombres de Laura Moreno, Jessy Quintero y Luis Andrés Colmenares se convirtieron en pan de cada día en diferentes escenarios. No había colombiano que no tuviera una teoría del caso o que pudiera ser juez del mismo.

Sin embargo, pasaron los meses, y luego los años, y la justicia no resolvía el asunto. El pasado miércoles, después de 5 años de haber iniciado el proceso judicial, estaba anunciado que se conocería la sentencia. No fue así. La juez anunció que el fallo saldrá el próximo 20 de febrero.

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La decisión definirá si Laura Moreno y Jessy Quintero son culpables por omisión, en el primer caso y por encubrimiento en el segundo, de la muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Independientemente de la decisión de la juez este caso ha traído grandes lecciones sobre los problemas que tiene la justicia penal en Colombia. Estas son algunas:

1. El sistema acusatorio no redujo la duración de los procesos penales

En el año 2004 se anunció con bombos y platillos el nuevo Código de Procedimiento Penal a través del cual se introdujo el sistema acusatorio en Colombia. En ese momento, la promesa era la reducción ostensible de la duración de los procesos y el hecho de que así se requerirían menos funcionarios para llevar a cabo los mismos. El caso Colmenares demostró que ese objetivo no se cumplió. Los aplazamientos, la complejidad del sistema, el pedido excesivo de pruebas y los cambios permanentes de fiscales han prolongado este proceso por unos interminables 5 años. En el mismo han participado cientos de funcionarios de la Fiscalía y del CTI.

Existen razones específicas para que el proceso se haya extendido tanto. La juez Paula Astrid Jiménez se convirtió en el símbolo de la congestión judicial, pues a una misma funcionaria le tocó enfrentar por años dos de los procesos de más envergadura del país: Colmenraes y el caso contra el ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno. Además de eso, su despacho llevaba más de 200 casos. “Estoy haciendo un esfuerzo sobre humano”, dijo en alguna entrevista hace unos años.

A pesar del sacrificio de la funcionaria, lo cierto es que cinco años es un periodo de tiempo excesivo para resolver un crimen y demuestran la existencia de defectos estructurales del sistema acusatorio colombiano que deben ser corregidos.

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2. El cambio de los fiscales del caso afecta gravemente el desarrollo de la investigación

En cinco años que lleva el proceso judicial, por el caso han pasado 9 fiscales: Gilberto Saavedra, Fiscal 298 Seccional; Luis Antonio González Navarro, Fiscal 11 Seccional; Napoleón Botache Díaz, Fiscal de Apoyo; Martha Lucia Zamora Ávila, Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia; José Darío Cediel Serrano, Fiscal de Apoyo; Ronal Mauricio Sierra Mahecha, Fiscal de Apoyo; María Victoria Parra Archila, Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Sandra Yaneth Castro, Fiscal 60 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El cambio de representantes del ente acusador tiene varias consecuencias para los casos. Una de esas razones es que se retrasa el curso del proceso porque el nuevo funcionario debe estudiar nuevamente los detalles de lo que sucedió, las pruebas que existen y la teoría que se está manejando. Por otro lado, con un nuevo funcionario se pierde la cuerda investigativa que llevaba el anterior, se distorsiona la teoría del caso que pretendió desarrollarse inicialmente y algunas pruebas no se pueden explotar al máximo porque, al final, podrían no comunicar lo que se quería inicialmente, entorpeciendo el proceso.

Una posible solución a ese problema es implementar el sistema de carrera en la Fiscalía, que lleva en mora años. Así todos los funcionarios de esta entidad serían escogidos por concurso y tendrían la estabilidad suficiente para no ser cambiados.

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3. La Fiscalía debe tener claros los hechos y los delitos presuntamente cometidos antes de formular la imputación

En 2012, la Fiscalía le imputó a Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, los delitos de homicidio agravado en calidad de coautor y soborno en calidad de determinador por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Andrés. No obstante, él fue declarado inocente por los hechos.

Por su parte, Laura Moreno fue acusada del delito de homicidio agravado en calidad de coautora porque, según el ente acusador, ella fue testigo de la supuesta golpiza de la que fue víctima Luis Andrés y nunca lo dijo a las autoridades. De otro lado, a Jessy Quintero primero la acusaron del delito de falso testimonio pero después la Fiscalía solicitó la absolución del mismo. Ahora, el ente acusador solicita que sea condenada por encubrimiento por favorecimiento porque ella habría mentido para favorecer a Laura Moreno.

Independientemente del resultado final del juicio, la Fiscalía no se puede dar el lujo de dar bandazos sobre los delitos que imputa, pues pierde credibilidad ante la justicia.

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4. La Fiscalía debe cuidar que no existan falsos testigos en el proceso

Durante el proceso judicial surgieron 3 testigos estrellas de la Fiscalía: José Wílmer Ayola, Jhonatan Andrés Martínez y Jesús Martínez. Sus versiones eran clave para desenredar el caso y se convirtieron en las “estrellas” de la investigación. Dijeron que habían visto a Laura Moreno y a un grupo de hombres golpear a Luis Andrés Colmenares y que luego se lo llevaron inconsciente en una camioneta. No obstante, sus declaraciones fueron desvirtuadas y ellos fueron condenados por el delito de falso testimonio.

Los falsos testigos han sido un problema reiterativo en el sistema acusatorio. El testimonio se volvió la prueba reina y como da beneficios a quien lo entrega, han aumentado los casos de personas que mienten profesionalmente. Otros procesos como los de Sigifredo López, Gabriel Arango Bacci y Luis Alfredo Ramos así lo demuestran, a tal punto que la Fiscalía creó hace unos meses una unidad especial para sancionar esta situación.

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5. Los juicios paralelos que hacen los medios de comunicación tienen incidencia en los procesos

La captura de dos jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes por el asesinato de uno de sus compañeros se convirtió casi que de inmediato en el caso más mediático de la historia del país hasta ese momento.

Había razones para que esto sucediera. El país estrenaba el sistema penal acusatorio, un modelo judicial que supuestamente dejaba atrás la época de miles de expedientes acumulados en los juzgados, y daba paso a una nueva era más parecida a los programas de abogados de los Estados Unidos en donde todo se desarrollaba oralmente y frente a las cámaras de televisión.

El caso tenía todos los elementos para cautivar audiencias. Estudiantes de una de las universidades más prestigiosas de Bogotá acusados de un crimen cometido en una noche de Halloween. La historia tenía elementos de pasión y de misterio, y como había tantos cabos sueltos terminó atrapando a millones de colombianos. En cualquier rincón del país, había miles de personas que querían saber qué había pasado y que tenían una teoría del caso de la que estaban seguros.

A eso se sumó que el proceso fue tomado por los dos penalistas más reconocidos del país: Jaime Lombana y Jaime Granados. El primero asumió sin contraprestación alguna el caso del joven víctima, y el segundo la defensa de la principal acusada.

Todo eso hizo que el juicio se llevara primero en los medios y no en los estrados. Y como en los estrados el caso se demoró tanto, primero salió la condena de las audiencias. El poder de los medios en los sistemas orales ha generado profundos debates en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, apartan a los jurados de todo tipo de contacto con la televisión y la prensa para que puedan tomar la decisión con mayor libertad.