El nuevo revés de la Fiscalía en el caso de Carlos Mattos

El estrés que padece Carlos Mattos por sus varios líos judiciales en Colombia le han impedido volver al país a responder ante la justicia. Lleva meses sin poderse recuperar del golpe de la Fiscalía, que lo tiene con el agua al cuello por dos supuestos hechos de corrupción: uno, la manipulación del sistema de reparto para conseguir que el juez Reinaldo Huertas (hoy en prisión) fallara en su favor unas medidas cautelares, dentro de un pleito con la casa matriz de Hyundai en Corea. Y dos, el supuesto pago a la jueza 16 civil del circuito de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para que ordenara una inspección a la empresa Global Car World S.A.S, del Grupo Eljuri, con quien sostuvo una batalla legal para frenar el importe vehículos Hyundai a Colombia.

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En el primer caso, la Fiscalía tiene presos al juez Huertas y a una decena de abogados y funcionarios de Paloquemao. En el segundo, la jueza confesó haber recibido 100 millones de pesos pero como "el dinero le fue entregado después de tomar la decisión y la determinación aparentemente está ajustada a derecho, la ley consagra un trato más benigno". Así lo denunció el columnista Daniel Coronell al precisar que la funcionaria está libre.

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El único que sigue esquivo para la justicia es Mattos, quien se refugió en España el año pasado una vez se enteró que venía en camino el trámite de una orden de captura. Aunque la Fiscalía comenzó con el pie derecho consiguiendo que un juez de Bogotá le dictara medida de aseguramiento por los supuestos sobornos al togado Huertas, y con ella se tramitó una circular roja de Interpol, al ser revisada por la segunda instancia fue echada para atrás. Se declaró la nulidad al considerar que el primer juez había incurrido en un error de procedimiento y desde entonces la Fiscalía no logra levantar cabeza frente al tema.

Este miércoles, en un nuevo trámite del novelón de Mattos, la Fiscalía intentó pedir sin éxito medida de aseguramiento por el segundo caso. La artillería de la Fiscalía fue soltada sin que el juez lograra explicarse por qué se le sindicó en audiencia de imputación de cargos de haber desembolsado dineros producto de un supuesto trato corrupto con la jueza Hernández en junio del 2016. Y, de manera contradictoria, la misma Fiscalía señaló durante otra audiencia, la de medida de aseguramiento, que el desembolso se realizó antes de mayo de ese año, cuando no se habían decretado las medidas cautelares por parte de la funcionaria judicial. 

Según la Fiscalía, las fechas corresponden a los diferentes testimonios que existen alrededor de este presunto hecho de corrupción. El exfuncionario judicial Dagoberto Rodriguez –quien confesó haber efectuado los dineros a la jueza– afirmó que por lo menos uno de los pagos de 50 millones de pesos se realizó antes de la toma de la decisión. Otras de las versiones indican que la totalidad de los pagos se dieron después de junio de 2016.

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Para el funcionario judicial este detalle no es de poca monta ya que este hecho podría derivar en una variación del delito que le fue imputado: cohecho por dar u ofrecer. La "incongruencia" llevó a que el juez de control de garantías negara la solicitud pues dificultaba "en gran manera la investigación". "La cronología difiere de la que la Fiscalía le atribuyó en la audiencia de formulación e imputación", precisó el juez.

La Fiscalía apeló la decisión, que ahora pasará a manos de un juez de conocimiento. Por lo pronto, el funcionario judicial que conoció el caso este viernes hizo una salvedad en favor de la Fiscalía y es que no "ve su mala intención". De hecho, comprende que dicha imprecisión de los testigos radica en que están sujetos a dar fechas de memoria. Sin embargo, para superar el reparo de la justicia, la Fiscalía tendría que contestar el interrogante: ¿qué fue primero el pago o la decisión? 

Este viernes el marcador quedó dos a cero en favor de Mattos. Por segunda vez un juez de Bogotá toma una decisión que impacta directo en la intención de la Fiscalía de traerlo de regreso a Colombia para que responda por las graves acusaciones frente a cómo consiguió salir vencedor en un megapleito que le representó ingresos millonarios.