Judicial
Caso de Emcali definió la hoja de ruta de la Contraloría para luchar contra la corrupción
Un grupo especial del ente de control asumirá el conocimiento de las investigaciones y procesos de responsabilidad fiscal por la celebración irregular de millonarios contratos.
En la categoría de Impacto Nacional ingresó el expediente que adelanta la Contraloría General por los graves hechos de corrupción que se presentaron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Alcaldía de Cali. Debido a esto, los procesos serán asumidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Este grupo continuará con las investigaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal, así como todas las indagaciones que “tengan origen en el control excepcional aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República”, presentada por el senador Alexander López Mayas frente a las graves irregularidades en Emcali.
La Unidad adelantará las actuaciones relativas con las denuncias presentadas por un grupo de ciudadanos el pasado 30 de septiembre sobre las falencias de gestión fiscal en la Alcaldía de Santiago de Cali.
Fuentes cercanas revelaron que el expediente Emcali dio inicio a la nueva estrategia de la Contraloría General para enfrentar los casos de corrupción del país. Por medio de la Unidad de Investigaciones Especiales se busca agilizar los procesos de responsabilidad fiscal.
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La estrategia consiste en evitar a toda costa que varios contralores investiguen un mismo hecho, lo cual afecta de manera considerable los avances en la toma de decisiones. Con la categorización se busca que todos los expedientes pasen de manera directa a la Unidad.
En el caso de Emcali, las indagaciones que venía realizando la delegada de vivienda y control público inmediatamente pasarán a conocimiento de esta Unidad.
La Unidad realizará una “malla de contratación” con el fin de identificar a todos los implicados y las presuntas irregularidades en las que estarían relacionados. Para esto se utiliza inteligencia artificial, lo que permite una mayor precisión y agilidad.
El Estatuto Anticorrupción, avalada en el Senado, les dio herramientas para realizar embargos y adelantar medidas cautelares destinadas a la recuperación de los dineros. Igualmente, se levantará el llamado velo corporativo, el cual impedía llegar al 100 % de los bienes.
El polémico contrato
El reciente contrato celebrado entre Emcali con la unión temporal AMI deja en evidencia sobrecostos en varios ítems. SEMANA habló con el dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, quien denunció la situación. Indica que un televisor de 55 pulgadas Smart LED fue cobrado por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos.
Asimismo, una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en 17.968.474 pesos; una estación de trabajo tipo administrador en 49.327.594 pesos; un teléfono IP para estaciones de trabajo en 1.368.519 pesos.
“El proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente, lo que pasó con la unión temporal AMI, una empresa que acumula contratos en Emcali cercanos a los 200 mil millones de pesos y además es una compañía que en las denuncias a nivel nacional está relacionada como una de las articuladoras del cartel de las energías renovables. Este es un proceso muy importante para Emcali, que va hasta 2028 y que tiene que ver con todo un tema que tiene el Gobierno nacional dispuesto; se trata de la medición inteligente”, afirmó el dirigente sindical.
SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento de Juan Diego Flórez, quien renunció este miércoles a la gerencia de Emcali. Y también del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de $ 215.879.358.926.
El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar año a año unos montos fijos hasta cancelar el valor total del contrato.
El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelaría por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.
“Lo que tenemos entendido es que este anticipo de 15 mil millones de pesos todavía no se ha desembolsado, pero nos parece muy grave que sin haberse dado este anticipo ya se estén viendo, en el mismo contrato, sobrecostos en elementos muy sencillos como el material para organizar un puesto de control”, dijo a SEMANA Jhoni Trejos.
