Caso de Luis Fernando Almario, procesado por magnicidio de la familia Turbay Cote, pasa a la UIA

Ante la ausencia de reconocimiento de responsabilidad y su insistente alegato de inocencia por los graves hechos que se le atribuyen, la Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó remitir el proceso judicial de Luis Fernando Almario Rojas a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción. Le corresponderá a la UIA investigar a Almario y decidir si lo acusa ante el Tribunal para la Paz de la JEP. De ser vencido en el juicio adversarial, Almario Rojas podrá ser condenado hasta 20 años de cárcel.

Luis Fernando Almario Rojas, exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caquetá, es señalado de ser uno de los responsables del magnicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, ocurrido el 29 de diciembre del año 2000. Almario no ha reconocido su responsabilidad en esos hechos desde julio de 2020, cuando fue aceptado su sometimiento voluntario a la JEP.

La masacre fue ejecutada por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. Aquel día fueron asesinados Diego Turbay Cote (en ese entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara); su madre, Inés Cote de Turbay, y sus acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos. Asimismo, a Almario se le investiga por su participación en el secuestro de Benjamín Herrera Londoño, ocurrido en 2002. Además, a Almario Rojas se le investiga como el determinador del secuestro de Rodrigo Turbay Cote, que fue perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc-EP en 1995.

La magistratura examinó los expedientes referidos a los hechos, escuchó en versión a Almario Rojas en dos oportunidades; a las víctimas en audiencia y además recibió sus observaciones de manera escrita. La Sala de Reconocimiento de la JEP indagó la presunta responsabilidad del compareciente luego de conocer un video público de 2011, en el que exguerrilleros lo habían acusado de ser el responsable de estos hechos.

Pese a que la magistratura no puede afirmar si el compareciente viola su deber de aportar verdad plena, sí cuenta con elementos suficientes para cambiar la ruta que el compareciente debe seguir en la JEP. Tras agotarse el proceso dialógico en el que participó Almario Rojas, se iniciará ahora el proceso adversarial en el cual todas las partes (víctimas, Procuraduría y el compareciente) continuarán en la controversia probatoria que se llevará a cabo ante el Tribunal de Paz, que deberá desvirtuar o no la presunción de inocencia del excongresista.

“De ser encontrado responsable, habría sido determinador no solo del exterminio de la familia política liberal más importante de Caquetá a manos de las Farc-EP (…). Un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador de estos hechos graves y representativos del conflicto armado o para declarar, más de veinte años después de sucedidos los hechos, su responsabilidad”, advierte la JEP en el auto en el que le pide a la UIA investigar los hechos.

La Sala de Reconocimiento de la JEP aceptó, el 24 de julio de 2020, el sometimiento de Luis Fernando Almario Rojas, exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caquetá. La Sala de Reconocimiento aceptó entonces a Almario Rojas como agente de Estado no miembro de la fuerza pública, luego del envío de su expediente por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo juzgaba por esos hechos y que determinó que los mismos están directamente relacionados con el desarrollo del conflicto armado.