La periodista, extrabajadora de El Colombiano, interpuso una tutela en noviembre de 2019 para que se le protegieran sus derechos fundamentales después de que uno de sus compañeros de trabajo abusara sexualmente de ella.
La periodista, extrabajadora de El Colombiano, interpuso una tutela en noviembre de 2019 para que se le protegieran sus derechos fundamentales después de que uno de sus compañeros de trabajo abusara sexualmente de ella. | Foto: Semana

Justicia

Caso de presunto abuso sexual en el periódico ‘El Colombiano’ pide pista en la Corte Constitucional

Luego de recibir fallos adversos en primera y segunda instancia, Vanesa Restrepo solicitó a los magistrados que protejan sus derechos fundamentales vulnerados por su antiguo empleador, el diario antioqueño.

20 de octubre de 2020

La Corte Constitucional es el órgano de cierre de todas las tutelas del país. Es decir, históricamente ha tenido la última palabra respecto de los casos en los que existió una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales. En 2019, según cifras de la propia Corte, a sus instalaciones arribaron 620.242 expedientes de tutelas desde los diferentes juzgados y tribunales del territorio nacional. De este número, solo un 0,01 por ciento fue seleccionado para revisión y el resto regresaron a sus despachos de origen. La cifra que finalmente llega a manos de los magistrados es muy reducida, pero es a partir de esta que se dictan importantes fallos y se crean nuevas líneas jurisprudenciales que tienen gran repercusión a futuro.

Actualmente, entre este vasto mar de expedientes, hay una tutela en particular que busca abrirse paso para llegar a ser objeto de revisión por la Corte. Se trata de la acción interpuesta por la periodista Vanesa Restrepo en contra del periódico El Colombiano, el diario regional más importante del país.

Restrepo, que trabajó hasta el 9 de octubre en el diario antioqueño, denunció en mayo de 2019 haber sido víctima de abuso sexual por parte de un editor, compañero de trabajo y, además de la acción penal que instauró ante la Fiscalía General de la Nación, presentó una queja a sus superiores para que tomaran decisiones encaminadas a disminuir la violación de sus derechos. Estas decisiones, según relata, jamás se concretaron.

“(El Colombiano) se ha negado a asumir una postura activa para mitigar la afectación a mis derechos, me ha obligado durante meses a compartir el espacio de trabajo con mi agresor, ha sugerido que yo tenía responsabilidad por la ocurrencia de los hechos debido a las circunstancias en las que se presentaron, me ha obligado a contar en repetidas ocasiones los hechos traumáticos y ha cuestionado, incluso, la forma en que estaba vestida el día en que fui agredida sexualmente, entre otras situaciones revictimizantes”, aseguró Restrepo en su solicitud de revisión al tribunal constitucional.

La controversia está abierta, pues mientras Restrepo alega haber sido víctima de abuso sexual, el editor señalado niega haberse propasado; siempre ha negado toda la versión de la periodista. Hasta ahora la justicia no ha dado un veredicto.

En su momento –cuando el caso tuvo trascendencia nacional–, la directora del periódico expresó solidaridad con la denunciante y prometió tomar cartas en el asunto. Sin embargo, Restrepo alega que no hubo ningún cambio sustancial y que las pocas determinaciones que se adoptaron la perjudicaron a ella y no al supuesto agresor. Dice, por ejemplo, que una de las medidas es que los turnos de ambos (denunciante y denunciado) no debían coincidir, pero que ello redundó en que ella cambiara sus planes. La periodista también dice que la compañía omitió la petición elevada por más de 50 miembros de la redacción en la que se exigió la creación de un protocolo institucional de prevención y atención de casos de violencia sexual y de género.

En estas condiciones fue que, en noviembre de 2019, Restrepo radicó una tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias.

Pero la acción le fue negada en primera y segunda instancia por un juzgado de familia de Envigado y el Tribunal Superior de Medellín, respectivamente. En las dos oportunidades, la decisión judicial argumentó que El Colombiano sí llevó a cabo esfuerzos por proteger a la víctima, pero no se pronunció respecto a la ausencia de una política definida por parte de la publicación para atender quejas o denuncias de este estilo.

Debido a que contra el fallo no cabían recursos gracias a la naturaleza jurídica de la tutela, el expediente fue enviado a la Corte Constitucional para ser estudiado y, en caso de ser seleccionado, sea sometido a revisión por los magistrados.

Y este es el deseo de Restrepo. El pasado 5 de octubre presentó una solicitud a la Alta Corte para que elija su expediente y se abra así una nueva oportunidad de que sus derechos sean tutelados. Su petición cuenta, adicionalmente, con el apoyo del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), el movimiento político Estamos Listas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

“Estas decisiones (las de primera y segunda instancia) resultaron insuficientes en la medida en que no se resolvió la desprotección estructural que implica la falta del protocolo de atención adecuado para la prevención y trámite de quejas por los casos de violencia sexual y de género en el periódico. Este vacío impide además el seguimiento cuidadoso y diligente de otras denuncias de violencia sexual, lo que materializa la desprotección a las mujeres periodistas. Como ya se mencionó, la falta de garantías fue tal que provocó la renuncia de la periodista”, indicaron Dejusticia y la FLIP en una solicitud de revisión paralela que radicaron en conjunto.

Basados en diferentes criterios, instaron a la Corte a acceder al análisis del expediente. El primero fue la novedad del tema a tratar, ya que, según adujeron, la jurisprudencia constitucional no ha discutido la obligación del sector empresarial en propender hacia ambientes libres de violencia de género. Bajo esa lógica, el presente caso resulta más que pertinente. Igualmente, afirmaron la existencia de un deber de protección urgente en razón a que, a pesar de que los hechos que dieron origen al caso se remontan a hace 17 meses, no se han aplicado aún disposiciones encaminadas a prevenir que futuros incidentes similares vuelvan a tener lugar. Y, por último, invocaron la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) que recomienda a todos los gobiernos eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer en espacios públicos y privados.

Cuatro días después de realizar la solicitud de revisión a la Corte, Vanesa Restrepo renunció a El Colombiano. La pandemia, si bien la alejó físicamente del supuesto agresor, no impidió que tuviera que interactuar con él a través de plataformas digitales. Ella alega que eso le ocasionó momentos de estrés y angustia. Por el momento, Restrepo lo único que espera es que la Corte conozca su caso.

Por medio de una respuesta a la columna “Para comerte mejor”, de la periodista Ana Cristina Restrepo, el periódico aclaró que “dispuso el acompañamiento profesional especializado permanente a la periodista denunciante y a los miembros de la Redacción que así lo solicitaron”. Y, entre otras cosas, agregó que “con asesoría de entidades como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Aequales, Psicol, Contexto Legal, a las que agradecemos su participación, se adicionó el Protocolo de prevención y actuación de acoso laboral con el capítulo de prevención del acoso de índole sexual. Para capacitación de nuestros empleados se vienen haciendo talleres, junto con el Comité de Convivencia de El Colombiano”.