Caso del excongresista Richard Aguilar se reactiva en la Corte Suprema

Una de las escenas en materia judicial más impactantes del 2021 fue la de la captura del excongresista Richard Aguilar. La investigación en este caso viene de cuando fue gobernador de Santander, en su mandato habría existido una serie de presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor.

El caso se reactivará este año con la continuación de la audiencia de acusación que, según pudo conocer SEMANA, ya tiene fecha: el próximo 8 de febrero.

Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo, quien también era contratista de la Gobernación de Santander. Aguilar, renunció a su fuero y su caso lo lleva la Fiscalía.

Los dos testigos se acogieron a un principio de oportunidad y al prender el ventilador desnudaron las presuntas irregularidades de Aguilar mientras fue mandatario de los santandereanos. De hecho, recientemente denunciaron amenazas de muerte.

La defensa del excongresista, liderada por el abogado Iván Cancino, insiste en que los testigos mienten: “hay dos testigos que dan su opinión independientemente de que yo no les crea. Así que para seguir la investigación, pues obviamente había mérito; lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador. Han pasado más de seis años, no hay urgencia de la medida; él (Aguilar) no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recurso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”, dijo Cancino en su momento.

A finales del año pasado, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del proceso que se adelanta advirtiendo que la indagatoria de la Sala Especial de Instrucción de la misma Corte contra Aguilar Villa –realizada antes de que renunciara al Senado, cambiara de fuero y su proceso pasara de regirse por Ley 600 del 2000 a Ley 906 del 2004– sí puede asimilarse a una imputación bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Tal como indicó la Corte Constitucional sobre el caso Uribe.

¿Qué señala la acusación que se presentará en la Corte Suprema?

Según el ente acusador, “los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras estuvo en el cargo entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”.

Serían, según la Fiscalía, al menos seis los contratos que enredan a Aguilar con la justicia y que ahora se convierte en la formalización de la acusación en contra del exmandatario. Se trata de presuntas irregularidades que su defensa ha dicho resultan señalamientos infundados y que están seguros podrán desvirtuar ante la Corte.

Los contratos:

• Reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.
• El segundo contrato tiene que ver con el mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014. “Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario”.
• El siguiente contrato se firmó para el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. “Contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en agosto de 2014″.
• Otro contrato que está en la acusación en contra del exgobernador incluye las obras en el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), celebrado en septiembre de 2014.
• Finalmente en el expediente la Fiscalía incluyó el contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca en Santander y suscrito en septiembre de 2014.