Testimonio decisivo en caso del grafitero: se alteró la escena del crimen

Hace cerca de cinco años una bala silenció al grafitero Diego Felipe Becerra, de 16 años, en la avenida Boyacá con 116, en el norte de Bogotá. Su muerte, en la que habrían participado varios miembros de la Policía y por la que el patrullero Wílmer Alarcón es procesado por presuntamente haberle disparado al menor, se produjo en extrañas circunstancias que aún quedan por esclarecer.

Pero poco a poco, en el proceso judicial que se adelanta contra varios uniformados que pertenecen a la institución, detalles del hecho han sido revelados y han dado luces sobre lo que realmente ocurrió el fatídico 11 de agosto del 2011.

Precisamente, luego de que la Fiscalía firmó un principio de oportunidad con varios de los policías involucrados en el caso, dos de ellos condenados, se conoció que en los interrogatorios que rindieron ante el ente acusador manifestaron que en el caso del menor sí se presentó una alteración en la escena del crimen.

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Así las cosas, en el documento de 24 páginas en el que está suscrito el principio, que deberá ser avalado el próximo 30 de agosto por un juez de la República, se lee que de las investigaciones y las pruebas recopiladas por las autoridades en el lugar donde falleció Diego Felipe, se pudo establecer que “la escena fue alterada, al colocarse en la zona acordonada un arma de fuego clase pistola de color cromado calibre 22”. Además, señala que “lo ocurrido en este caso fue una alteración a la escena del crimen, con el propósito de mostrar unos hechos contrarios a la realidad, pues se pretendía hacer ver la existencia de un enfrentamiento entre la víctima y el victimario”.

Y más allá de las pruebas a las que se hace referencia en el documento, lo más contundente viene de los testimonios de cuatro policías que fueron judicializados por participar en el hecho. Uno de ellos es Freddy Navarrete, ya condenado, quien aseguró a la Fiscalía que en el sitio donde murió Becerra no había ningún arma. También dijo que la pistola que hallaron en el lugar fue llevada por dos patrulleros del CAI de Alhambra y que, antes de esto, la dispararon en un humedal.

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Su versión fue corroborada por el patrullero Nelson Rodríguez, también condenado, y el subteniente Rosemberg Madrid Orozco, procesado.

Las declaraciones de los uniformados han sido de gran importancia para el caso. Pero hubo una más que marcó la diferencia. Se trata del interrogatorio que rindió el 27 de marzo del 2015 el patrullero Nelson Giovanni Tovar, quien de manera contundente aceptó haber entregado el arma que se plantó en la escena del crimen. Y no sólo eso, describió el paso a paso de cómo ingresaron el arma al lugar de los hechos, a quiénes se les entregó y quiénes estaban presentes en ese momento.

De esta manera, aseguró que en el sitio habló con el excomandante de la estación de Policía de Suba, el coronel Nelson de Jesús Arévalo –a quien la Fiscalía señala de haber dado instrucciones para alterar la escena y quien recuperó su libertad por vencimiento de términos el pasado mes de mayo– para preguntarle sobre la situación de Alarcón y si todo se trataba de colaborarle. Luego, según Tovar, el coronel Arévalo le dijo que “si se iba a hacer algo tocaba hacerlo bien y si no, no”.

En relación con la plantación del arma aseguró en el interrogatorio: “Llegamos en la moto, nos bajamos y se me acercó Navarrete y entonces yo le dije que quién era él. Había un señor vestido de negro, de color oscuro, tenía una gorra oscura. Navarrete dijo que tranquilo, que era el asesor jurídico de la Policía de Bogotá (haciendo referencia a Héctor Hernando Ruiz, también procesado).

Navarrete me preguntó que en dónde estaba (el arma), yo la saqué del bolsillo, se la iba a entregar a él, el señor de negro estaba ahí al lado, relativamente cerca. Escuchó lo que estábamos hablando y se nos arrimó y nos dijo que si la disparamos y le dijimos que no”.

La narración continúa: “Él nos dijo: vayan la disparan a la vuelta. Luego nos subimos a la moto y a la vuelta, por el humedal, se la di a mi compañero de apellido Zarabanda. Él estaba manejando y al frente del humedal, en una esquina, la disparó. El tiro se hizo hacia el potrero. Como Zarabanda manejaba la moto, nos subimos y nos devolvimos”.

Tovar además aseguró que después de dar vueltas durante diez minutos aproximadamente, regresaron a el lugar de los hechos “donde supuestamente había ocurrido el enfrentamiento con un bandido, porque eso era lo que decían. Llegamos y estaban juntos: Navarrete, Alarcón y el señor de negro. Le entregué el arma al patrullero Alarcón, el señor de negro, Navarrete y a mi compañero. La demora fue entregar el arma. Después nos subimos a la moto y nos fuimos para nuestra jurisdicción (el CAI de Alhambra)”, relató.

De esta manera, con los interrogatorios, para la Fiscalía quedó demostrado que en este caso sí existió “un acuerdo común entre las personas que hicieron presencia en el lugar de los hechos el 19 de agosto del 2011 para mentir ante las autoridades en relación con las circunstancias, tiempo, modo y lugar, alterando la escena del crimen al permitir el ingreso de un arma de fuego que no portaba la víctima”.

También que “quienes hicieron parte de este actuar delictivo acordaron guardar silencio y no mencionar a los oficiales de grado superior que se presentaron en el lugar de los hechos, en especial no podía ser nombrado J2, el coronel José Javier Vivas Báez, observándose que aunaron esfuerzos un grupo de miembros activos de la Policía Nacional para desviar la investigación”, señala el documento.

Gracias a la información brindada por los uniformados, que según la Fiscalía ha sido de gran importancia para la investigación, Fredy Navarrete, Nelson Rodríguez, Rosemberg Madrid y Giovanni Tovar serían beneficiados por el principio de oportunidad que deberá avalar el juez.

En menos de un mes se cumplen cinco años del asesinato de Diego Felipe Becerra. Por el hecho sólo han sido condenados dos uniformados que participaron en la alteración de la escena del crimen. Se ha avanzado lentamente en establecer quiénes fueron los responsables en esta parte del caso. Sin embargo, todavía falta que la justicia defina si el patrullero Wílmer Alarcón, procesado por el delito de homicidio agravado, fue culpable o no de la muerte del grafitero.