Caso grafitero | Las pruebas contra General Patiño, excomandante de Policía de Bogotá, por ordenar alterar la escena del crimen

Un año y dos meses después que fuera vinculado formalmente al proceso por los hechos por intentar desviar la investigación por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo registrada el 19 de agosto de 2011, este lunes la Fiscalía General acusó al general (r) Francisco Patiño Fonseca, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el escrito de acusación, la Fiscalía reveló que, aprovechando su poder dentro de la Institución, el general Patiño dio instrucciones directas y precisas para que se alterara la escena del crimen y se creara, además, una versión generalizada en la que se señalara que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas había actuado en legítima defensa cuando le disparó al joven de 17 años de edad tras una requisa.

Basándose en pruebas documentales y testimoniales, la Fiscalía sostiene que en el lugar de los hechos se implantó de manera predeterminada un arma de fuego que había sido obtenida en el mercado negro con el fin de desviar la investigación y sostener la versión que el joven grafitero había amenazado y disparado al patrullero, hecho por el cual este reaccionó y le propinó un disparo que le ocasionó la muerte.

Todas estas acciones fueron conocidas por el general Patiño, quien –en un plan para cuidar la imagen de la Policía– orquestó un plan para desacreditar al artista urbano para señalarlo de pertenecer a una banda que había participado en un robo a un bus de servicio público que transitaba en la calle 116 con Avenida Suba.

Para esto se buscó la declaración falsa de un conductor de una buseta para que señalara que había sido víctima del robo. Como contraprestación por la declaración que había rendido ante los medios de comunicación el general Patiño avaló la entrega de dos bonos de mercado por un valor de 200.000 pesos.

El entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá habría liderado unas reuniones con un grupo de suboficiales y oficiales para unificar la declaración que se iba a dar ante las autoridades judiciales con el fin de evitar contradicciones. Entre los que participaron en esta reunión se encontraban el coronel Nelson de Jesús Arévalo, comandante de la Policía en la localidad de Suba, y quien ya fue condenado a 20 años de prisión.

Igualmente, habría participado el coronel Jorge Eliécer Camacho –quien es el actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá- esto con el fin que consiguiera testigos y coordinaran la versión del patrullero Alarcón.

“El teniente coronel Nelson de Jesús y el teniente coronel Eliécer Camacho, comandante de la Sijín MeBog cumplieron las tareas necesarias que consistieron en ubicar, contactar y entrevistar al señor Jorge Eliécer Narváez, un conductor de una buseta de servicio público quien el día 22 de agosto de ese año, siendo aproximadamente las 5 pm, en el CAI del barrio 20 de Julio, y en su presencia señor general instauró una denuncia penal en donde narró hechos contrarios a la verdad que enteramente beneficiaban la tesis de la defensa del patrullero Wilmer Antonio Alarcón, a la imagen de la Policía Metropolitana de Bogotá, obviamente a su comandante y avalaba la adulteración de la escena en la que participaron altos oficiales”, precisó el fiscal del caso.

En el caso del general Patiño, después que estallara el escándalo y se vincularán a varios policías en el caso, movió sus influencias con el fin de continuar con la versión en contra del joven. Incluso, buscó la forma de entregarle beneficios al patrullero Alarcón, quien fue el primero en ser enviado a la cárcel.

“Cuando ya no se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana influyó en que los policías vinculados tuvieran privilegios en su lugar de reclusión (...). El patrullero Alarcón tuvo una visita especial suya en compañía de una dama antes de la audiencia de imputación de cargos”, precisó el fiscal.

Por la influencia del general, el patrullero tuvo beneficios para salir de la cárcel de Facatativá en la que se encontraba junto a otros policías procesados, entre ellos el abogado Héctor Hernando Ruiz, pese a que no era miembro de la Policía, pues “su tarea era asegurar que se mantuvieran con su versión”.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avaló a Liliana Lizarazo, madre del joven Diego Felipe, como víctimas dentro de este proceso penal. Esto teniendo en cuenta los daños morales que sufrió no solamente con la muerte de su hijo a manos de un agente de la Policía sino con la puesta en marcha del proceso de alteración de la investigación, la cual estuvo dirigida a afectar el buen nombre de su hijo.

“No solo no fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que respondiera penalmente por el homicidio del joven sino que fue encubierto por sus superiores, entre los que se encuentra presuntamente el acusado Francisco Patiño Fonseca. Para lograr su objetivo, al parecer, no dudaron en enlodar el nombre de la víctima al presentarla como un integrante de una cuadrilla criminal”, precisó el magistrado.

En el análisis jurídico se indicó que no solamente “se le cegó la vida, sino que también se le afectó su buen nombre”, un derecho fundamental que ha sido protegido en innumerables oportunidades por la Corte Constitucional. “Con el presunto comportamiento del funcionario acusado -en referencia al general Patiño- se le derogaron prejuicios morales y materiales por la prematura muerte de su hijo, de tan solo 17 años de edad, sino por todos los actos en alterar la escena del delito con el fin de entorpecer y obstruir la investigación, para desacreditar la integridad del menor ultimado”.

El oficial en retiro, quien se declaró inocente, pasará a etapa de juicio por los delitos de favorecimiento en homicidio, fraude procesal y ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios.